Intrigas y vacunas vip: los planes subterráneos para cambiar la integración de la Suprema Corte bonaerense

En ciertos círculos de la política bonaerense se comenta que desde el oficialismo se habría empezado a activar un camino, que asoma complicado, para intentar negociar con la oposición un tema sensible: una nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia, que al menos por ahora tiene dos lugares vacantes. Eso no venía siendo prioritario para el gobernador Axel Kicillof, pero desde hace algunas semanas en importantes despachos se rumorea la posibilidad de poner en marcha la jugada.

De los siete asientos del Tribunal, actualmente cinco están ocupados. En enero de 2020 falleció Héctor Negri y a fines de febrero último se jubiló Eduardo De Lázzari, el ministro más afín al kirchnerismo. Indefectiblemente, Kicillof necesita un acuerdo con la oposición para completar los casilleros. Es que Juntos por el Cambio domina el Senado y se requiere mayoría absoluta allí para designar a los magistrados. No es un ámbito donde abunden los entendimientos.

La Corte provincial está en llamas porque dos de sus miembros quedaron involucrados en una suerte de capítulo bonaerense del escándalo del “vacunatorio Vip” que eyectó del Ministerio de Salud nacional a Ginés González García. Se trata de Hilda Kogan y Luis Genoud. La primera, de 76 años de edad; el segundo, de 75. Ambos ministros aparecen en los registros oficiales como vacunados en el Hospital El Cruce, de Florencio Varela, en enero pasado, pero en realidad figuran como personal de Salud para explicar la premura del caso. Una mentira.

La difusión del episodio generó sospechas en los jueces involucrados y sus colaboradores. Es la comidilla en los Tribunales. Nunca lo dirán, pero en la Suprema Corte sospechan que fue fogoneada por operadores del Ejecutivo para desgastar a ese par de figuras que ya podrían jubilarse. El motivo: abrir dos nuevas vacantes en el alto Tribunal de manera que Kicillof tenga cuatro lugares -y no solo dos- para encarar una negociación política con la oposición.

Consultadas fuentes cercanas al gobernador, mantuvieron la postura oficial: no es prioritario para Kicillof completar la grilla de ministros de la Corte, dijeron. Y además negaron que estén atrás de la difusión de la vacunación irregular de Kogan y Genoud. Por cierto, la jueza integró la comisión de juristas que, a pedido del presidente Alberto Fernández, propuso cambios en la Justicia.

Kicillof, se comenta, preferiría esperar hasta la nueva configuración que tendrá la Legislatura luego de las elecciones de medio término. Pero, en verdad, el oficialismo debería obtener un gran resultado, sobre todo en el interior bonaerense, para ilusionarse con un cambio en la relación de fuerzas en el Senado. Quimera.

Presión sobre los jueces

Al menos hasta el vidrioso episodio, ninguno de los dos ministros de la Suprema Corte aludidos tenía intenciones de irse a su casa. Pero la artillería contra ellos no fue solo subterránea. El gremio de los trabajadores judiciales, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), fue contundente. “Lamentablemente demostraron no estar a la altura del comportamiento ético que exige el ejercicio de la magistratura”, expresaron. Y pidieron: “A través de una oportuna decisión individual o, en su defecto, mediante los mecanismos institucionales de la Suprema Corte, se inicie el camino para su salida del máximo tribunal”.

Fuentes cercanas a los magistrados de la Corte definen al gremio judicial como “relativamente afín” al oficialismo provincial, por eso relativizan la dura proclama.

Por otra parte, el Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial de la Provincia de Buenos Aires metió su cuota de presión. Un comunicado oficial del organismo solicitó que Kogan y Genoud, “señalados por realizar estas conductas personales sin respetar los parámetros señalados y por fuera de las decisiones del Alto Tribunal provincial, aporten claridad y remuevan dudas al respecto en salvaguardia del prestigio de las instituciones”. Algo parecido manifestó el Colegio de Abogados bonaerense.

Lo dicho: esa aparente presión, nacida de un “error” o “conducta irregular” propia, cae ahora sobre esos dos magistrados. ¿Una invitación a jubilarse? En oficinas de la Suprema Corte estiman que sí.

Pero la eventual negociación de Kicillof con la oposición parece, a priori, muy dificultosa. Es que el gobernador exigiría que se ponga sobre la mesa otro nombre: el del procurador general, Julio Conte Grand, el jefe de los fiscales de la Provincia. Kicillof quiere que deje su cargo, argumentando que no puede ser el responsable de la persecución penal del sistema un exfuncionario de Vidal. Conte Grand fue secretario de Legal y Técnica de la exmandataria.

Conte Grand, hasta ahora, efectivamente tiene la protección legislativa de Juntos por el Cambio. Viene resistiendo las varias embestidas del oficialismo. Su cargo es vitalicio y solo puede dejarlo por un juicio político o por la decisión propia de renunciar. Es lo que pretendería el gobernador. Que Conte Grand renuncie y, en el mejor escenario, poder ubicar allí un nombre potable para el peronismo y negociar los posibles cuatro lugares en la Suprema Corte. ¿Tres para el PJ y uno para la oposición? ¿Dos y dos, si el macrismo entrega al Procurador? Las respuestas a esos interrogantes son tan disímiles como las fuentes que se consulten.

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