Reforma judicial: el Gobierno intentará avanzar en el verano y la incluyó en el temario de sesiones extraordinarias

El Gobierno prevé que en el verano el Congreso trate los dos proyectos de ley pendientes que proponen profundas reformas en la Justicia, aunque contempla la posibilidad de que tengan modificaciones, como para que puedan reunir los votos necesarios y pasen el filtro de la Cámara de Diputados, dijeron a LA NACION altas fuentes gubernamentales.

Las dos iniciativas pendientes, que ya fueron aprobadas por el Senado y que están en la Cámara baja, son la ley de reforma judicial, que prevé crear 46 juzgados federales nuevos en la Capital Federal, que incluyen a los 12 actuales de Comodoro Py 2002, y la ley que prevé flexibilizar las mayorías necesarias para elegir al procurador general de la Nación. Ambas provocaron manifestaciones y banderazos en el Congreso y en el Obelisco, y la oposición denunció que se trató de iniciativas que buscaban consagrar la impunidad de Cristina Kirchner.

Fuentes del Congreso cercanas a Sergio Massa señalaron a LA NACION que el plan en enero es acercar posiciones con los aliados y la oposición, y plantear el tratamiento de ambos proyectos en febrero. Las iniciativas ya están incluidas en el decreto de sesiones extraordinarias que habilita su tratamiento antes de marzo.

La primera de las leyes es uno de los proyectos que Alberto Fernández presentó en la Casa Rosada como uno de los pilares de su gestión, con el que busca desconectar a los servicios de inteligencia de los tribunales, despolitizar la Justicia y quitar incidencia a los jueces de Comodoro Py 2002. En la práctica diluye el poder de Comodoro Py y multiplica los nuevos tribunales a partir de la fusión de los 12 juzgados del fuero Criminal y Correccional con los 11 del Penal Económico. Esta cifra se verá duplicada con la creación de 23 nuevos tribunales, elevando así a 46 juzgados el fuero Federal porteño. Las causas que se inicien una vez sancionada esta reforma recaerán en los flamantes tribunales, que serán ocupados por jueces subrogantes por un plazo de un año, prorrogable por seis meses más, hasta que se realicen los concursos para elegir a sus titulares.

Esta ley fue menospreciada por Cristina Kirchner, quien dijo que no era su reforma judicial, que aspiraba a una más profunda que planteara cambios en la Corte Suprema. Incluso, la vicepresidenta se quejó de que el Poder Judicial sea el único de los tres poderes del Estado cuyos funcionarios no son elegidos por el voto popular.

La otra ley que se prevé que podría tratarse en el verano es la que plantea la reforma del régimen del Ministerio Público Fiscal y la manera de elegir procurador. El kirchnerismo impulsó un cambio para poder elegir procurador, el jefe de todos los fiscales, porque no logra conseguir los dos tercios necesarios en el Senado. Para ello no le alcanza su mayoría y debería convencer a la oposición. No lo logró.

Por eso es que impulsó una nueva ley que flexibiliza la mayoría necesaria en la Cámara alta para elegir al nuevo procurador general de la Nación y limita el mandato del jefe de los fiscales a cinco años, con posibilidad de una reelección en el cargo. El kirchnerismo impuso su mayoría en el Senado. La principal modificación impulsada por el kirchnerismo para la elección del jefe de los fiscales consiste en la eliminación de los dos tercios de los votos requeridos para que el Senado dé su acuerdo al candidato elegido por el presidente. En cambio, a partir de ahora alcanzará con reunir la mayoría absoluta de los integrantes de la Cámara alta, la mitad más uno de los miembros, un número más accesible para el oficialismo.

El proyecto aprobado por el Senado reduce el mandato del procurador a cinco años, prorrogables por otros cinco.

Otro de los cambios, que es resistido por los fiscales, plantea un régimen disciplinario donde basta el voto de la mayoría de la Comisión Bicameral de Seguimiento del Ministerio Público para suspenderlos si es que son denunciados. Esto implica que virtualmente quedarían todos en comisión si se animaran a investigar al poder. El Gobierno se mantendrá firme en la idea de cambiar las mayorías necesarias para elegir procurador (una cuestión que Alberto Fernández terminó por aceptar, aunque no estaba convencido), pero que ofrecerá modificaciones en el régimen disciplinario de los fiscales.

También resiste la idea de que el procurador sea reelegido, porque eso posibilitaría que los últimos años de su mandato trabaje para la política para renovar su cargo. Por eso se inclinan por la idea de alargar el mandato a 7 años, sin reelección inmediata.

Daniel Rafecas es el candidato elegido por el presidente Alberto Fernández para ocupar la Procuración General. Tiene el visto bueno de una parte de la oposición, pero ya advirtió que no aceptará el cargo si el oficialismo flexibiliza la cantidad de votos en el Senado para elegirlo. La idea del Gobierno es mantener a Rafecas y que, en su caso, sea votado por los dos tercios del Senado, aunque de prosperar la nueva ley le baste una mayoría absoluta.

El proyecto le permitiría también desplazar a Eduardo Casal como procurador interino, cargo que ocupa desde que renunció Alejandra Gils Carbó, en 2017, como el procurador fiscal ante la Corte mas antiguo. El kirchnerismo quiere colocar en su lugar a un candidato más confiable para ellos, como el procurador ante la Corte Víctor Abramovich, extitular del CELS.

El Gobierno deberá negociar estas modificaciones con el bloque del gobernador Juan Schiaretti y el de José Luis Ramón, si es que quiere que prosperen. Le faltan seis votos, dicen en el Congreso.La oposición, en cambio, estará atenta y no está dispuesta a negociar ni media letra de estos proyectos. Si se aprueban, que sea dejando en evidencia el voto de los aliados, señalan en Juntos por el Cambio, que se juegan a que la reforma judicial quede congelada a cambio de que prosperen los cambios en la ley del procurador.

En paralelo, resta trabajar aún en el Gobierno con las conclusiones de la comisión de expertos que convocó Alberto Fernández para proponer reformas en el Poder Judicial. Ese cuerpo, integrado entre otros por el abogado de Cristina Kirchner, Alberto Beraldi, propuso aprobar una ley integral que regule el funcionamiento de la Corte. También sugirió establecer un tribunal intermedio para entender en casos de arbitrariedad.

Estos temas serán analizados por el Presidente para determinar si adquieren forma de proyecto de ley para introducirlos en la discusión parlamentaria en 2021. Allí es donde Cristina Kirchner quiere terminar de incidir para que el Congreso trate su reforma judicial.

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