Intentan neutralizar el paro con más fondos

En un intento de neutralizar una escalada de la conflicitvidad sindical , el Gobierno dispuso el viernes último el desembolso de $2100 millones para las obras sociales sindicales a través de la resolución 2019-373.

La demora en el pago de los reintegros por parte de la Superintendencia de Servicios de la Salud (SSS) es uno de los motivos principales por los que la CGT convocó de urgencia a su consejo directivo para el martes próximo, cuando se podría definir la fecha de un nuevo paro general, que podría activarse a fin de mes.

José Luis Lingeri , el gremialista que negocia ante el Gobierno los fondos de la salud, le informó por mail al resto de sus colegas que el Gobierno regularizaría los pagos durante el mes en curso. El asunto se evaluará el martes en Azopardo y podría alterar los avances de lo que se anticipaba como el quinto paro general de la CGT contra la gestión de Mauricio Macri.

Sin embargo, desde otro organismo oficial, hubo una señal en sentido contrario para los gremios del transporte: en el Ministerio de Producción y Trabajo descartaron reducir el impacto del impuesto a las ganancias en los adicionales por feriados que perciben los empleados del sector. Como parte de este reclamo, los gremios que integran la Confederación de Trabajadores del Transporte (CATT) no prestaron servicios el 1º de mayo y tampoco lo harían el 25 del actual.

A partir de este desenlace, los influyentes gremios del transporte, un músculo decisivo para garantizar la efectividad de una huelga, están dispuestos a dar su aval a una huelga dispuesta por la CGT. Así lo advirtieron desde el gremio de los colectiveros y uno de los sindicatos ferroviarios.

Un día antes de reunir a su consejo directivo, la cúpula de la CGT recibirá en la sede de la Uocra a los miembros del Fondo Monetario Internacional (FMI) a cargo de la auditoría de las cuentas del país. Los gremialistas insistirán ante Roberto Cardarelli en que se agravó la caída del empleo (consideran que no sirvió el decreto presidencial que obligaba a comunicar las cesantías en el Ministerio de Producción y Trabajo con 10 días hábiles de anticipación) y que el repunte económico que se vislumbraba para septiembre se retrasaría por la incertidumbre inflacionaria y electoral.

A la delicada situación económica, con caída de empleo y salarios, sumó tensión la demora oficial en el reintegro de dinero para las obras sociales sindicales. También agudizó la rispidez la escalada del enfrentamiento del Gobierno con Hugo Moyano, a quien le allanaron el gremio el lunes pasado y cuyo hijo está en la mira judicial por ser miembro de una presunta asociación ilícita en el Club Independiente.

De concretarse la huelga, se repetiría casi calcado el proceso del año pasado, cuando los Moyano activaron un paro de camioneros y a los 11 días la CGT hizo lo propio. La cúpula cegetista tomó nota de las adhesiones que cosechó el jefe de los camioneros en la medida de fuerza que encabezó el 30 de abril último junto con las dos vertientes de la CTA y los movimientos sociales.

"El Gobierno es incoherente y poco serio, y toma sus decisiones por marketing político. Es muy difícil que no avancemos hacia un paro", consideró ante LA NACION un jerárquico de la CGT que tiene diálogo permanente con el equipo de ministros que rodea a Macri. La misma fuente, al conocer la decisión oficial de agilizar el dinero para las obras sociales, reconoció que podría poner en suspenso la medida de fuerza.

De esta manera, cobra aún más relevancia el debate interno que se dará el martes en la CGT, cuyos referentes, Héctor Daer y Carlos Acuña, fueron últimamente blanco de críticas por algunos gremios díscolos que tomaron distancia de la central obrera.

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