Intendentes peronistas reclaman el manejo de la policía local y proponen cerrar calles contra el delito
Buscan coordinados cortes en zonas periféricas y con autorización de sus concejos deliberantes; piden recursos y el mando sobre las policías comunales
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LA NACIONMaría José Lucesole
LA PLATA.– El gobernador Axel Kicillof quedó en medio de una fractura expuesta entre los intendentes y su ministro de Seguridad, Sergio Berni, por la gestión de la policía. La tensión incluye a los alcaldes del oficialismo: la discusión por el manejo de los fondos y la responsabilidad de mando en la fuerza de seguridad en cada distrito es transversal. Y no está saldada.
La pelea entre Berni y el jefe comunal Manuel Passaglia, de San Nicolás, por el arreglo de patrulleros no fue más que una pequeña muestra de la enorme pulseada que mantiene el Poder Ejecutivo provincial con cada uno de los 135 municipios por el control de la seguridad.
Este año, Seguridad cuenta con un presupuesto de 47.000 millones de pesos, de los cuales 7000 millones son administrados por los municipios. Demasiado poco a entender de los intendentes, que buscan transferencias de recursos y poder para administrar las policías locales.
La fuerza de seguridad más grande del país tiene 94.700 efectivos. De estos, 43.000 están asignados a tareas de seguridad, con 5000 patrulleros. Todo este ejército responde a Berni, pero los intendentes entienden que así no funciona bien.
Los alcaldes no quieren que Berni disponga cuándo y cómo reparará sus patrulleros. Quieren el manejo total de las policías locales –con sanciones, traslados y ascensos– más el manejo de los recursos. Ese es el antiguo reclamo que subyace ante las discrepancias ocasionales.
Tan fuerte es el disgusto de los intendentes del Gran Buenos Aires que en un puñado de distritos evalúan directamente cerrar calles periféricas de los municipios para evitar la fuga de delincuentes.
La idea se debate entre alcaldes de la zona oeste del Gran Buenos Aires: analizan cerrar las calles locales que comunican con las vías de escape de autopistas o autovías rápidas, en especial en la noche. El debate, por ahora, se canaliza en conversaciones privadas entre los intendentes de Ituzaingó, Moreno y Morón, del Frente de Todos. Ituzaingó y Morón avanzan en este proyecto para enviar una ordenanza a sus concejos deliberantes.
Las “barricadas” entre distritos se multiplicaron durante el inicio de la pandemia, pero para restringir la circulación más que para prevenir el delito. En muchos casos, fueron decisiones unilaterales de los intendentes. En otros distritos, como San Isidro, existen cortes contra los robos impulsados por los vecinos y tolerados por los municipios. Lo que los intendentes discuten ahora son cierres de calles coordinados y respaldados por sus concejos.
Reclamo
Este debate llega mientras Kicillof demora una respuesta sobre las policías locales que exigen los alcaldes. Estas policías se crearon durante el gobierno de Daniel Scioli: eran cuerpos diferenciados del bonaerense, con uniforme celeste y otra estructura de mando, pero dependían de la provincia.
Durante el gobierno de María Eugenia Vidal, el ministro Cristian Ritondo los cuestionó por ser “un ejército al servicio de los intendentes para negocios espurios”. Pero aun así los mantuvo. El grado de articulación de estas fuerzas con los municipios dependió siempre del entendimiento político entre la provincia y cada intendente.
Finalmente, tras la llegada de Kicillof, este cuerpo se terminó de fusionar con la policía bonaerense. Los intendentes esperaban lo contrario.
“Le hemos pedido al gobernador Kicillof mayor autonomía para gestionar las policías locales: hoy si bien tenemos posibilidad de coordinar su despliegue, no tenemos poder para sancionar o trasladar efectivos. No tenemos poder de mando”, dijo a LA NACION Lucas Ghi, intendente de Morón.
“Durante el gobierno de Vidal todos los alcaldes peronistas del Gran Buenos Aires firmamos un proyecto de ley para tener control de las policías locales. Se lo pedimos también al gobernador Kicillof cuando asumió. Es un reclamo de los vecinos a nosotros”, aseguró a LA NACION Alberto Descalzo, de Ituzaingó. “Nosotros queremos ser los responsables, pero con fondos provinciales, porque nosotros no podemos. Ahora el intendente no tiene poder, pero es el que da la cara ante los vecinos”, se quejó Descalzo.
“Yo no veo que prospere: Berni no está de acuerdo”, dijo un tercer intendente peronista, que pidió reserva de su nombre.
No solo la mayoría de los 60 alcaldes peronistas quieren hacerse cargo de la policía local. Los intendentes opositores de Lanús, Néstor Grindetti, y de La Plata, Julio Garro, ya se expresaron en el mismo sentido.
Las policías locales son hoy letra muerta: aún existen formalmente por el decreto 373/14 de Scioli, que buscaba compensar a los distritos del conurbano por quedar fuera de una ley que creó las policías comunales para el interior de la provincia. Las policías locales están pensadas para distritos de más de 70.000 habitantes, pero en la práctica tienen el mismo régimen que la policía provincial. Los alcaldes no manejan sus recursos ni sus designaciones. Pero pueden aportar recursos para financiarlas, si lo desean. Es lo que hace la mayoría con el combustible de los patrulleros, por ejemplo.
Berni respondió a los reclamos de los intendentes a favor de las policías locales: “Soy el principal abanderado de la necesidad de que las policías locales sean una herramienta más de las políticas municipales. En la ley, el intendente es quien genera los planes de seguridad. Estamos en esa transición y ojalá se cumpla lo antes posible”, dijo.
“Me hubiera gustado dar esta discusión seis años atrás, cuando comenzó a funcionar la policía local, pero la miseria política siempre está por encima del bien común y es entonces cuando salen los intendentes de la oposición a manifestarse como si ellos durante cuatro años no hubieran sido gobierno”, agregó Berni.
La discusión en el interior
En el interior de la provincia ya existen las policías comunales, reguladas por la ley 13.482 para distritos de menos de 70.000 habitantes. Pero estas policías también mantienen su dependencia orgánica y de recursos del Ministerio de Seguridad. Los intendentes tienen algo más de participación que en las policías locales, ya que pueden generar y promover planes de seguridad. Pero no disponen de la administración de recursos, dado que siempre dependen de las partidas del Poder Ejecutivo de la provincia.
“San Nicolás tiene 50 patrulleros, esperemos que nos sigan acompañando”, sostuvo Passaglia el miércoles pasado, en medio de una conferencia de prensa que compartió con Kicillof y Berni y que dejó expuesta la polémica por la administración de los recursos.
Ese día, a micrófono abierto, Berni lo corrigió: “Hay 43 patrulleros fuera de servicio o que son chatarra. En funcionamiento en San Nicolás tiene apenas 12 vehículos”, aseguró. “Hay más de 12″, insistió Passaglia. “Hay 50 vehículos apilados que en los últimos seis años dejaron de prestar función”, lo corrigió Berni.
“Vamos a equipar y profesionalizar a la policía local”, terció Kicillof, con una sonrisa. “La policía local depende del ministro y del gobernador”, le recordó Passaglia. Berni le retrucó: “Por eso le estamos mandando la plata para que los mantenga”. Passaglia insistió: “Tenemos que hablar con responsabilidad; tenemos más de 40 vehículos entre la policía local y la bonaerense, las dos dependen del ministro”, recalcó, para concluir: “Nosotros nos queremos hacer cargo de la seguridad”.
Passaglia no hizo más que exteriorizar el reclamo de los intendentes de Pro para conseguir el traspaso total de la policía local. El bloque de diputados de Juntos ya presentó ante la Legislatura un proyecto de ley para crear una mesa de coordinación local de la seguridad.
El gobierno de Kicillof trabaja, a su vez, en una nueva la ley de las policías locales. Pero la centralidad de mando y de recursos por ahora está fuera de discusión.
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