Inician un sumario por maltrato a sus empleados contra la fiscal Boquín, del caso del Correo

La Procuración General de la Nación decidió iniciar un sumario administrativo a la fiscal de la Cámara en lo Comercial Gabriela Boquín, quien cobró notoriedad por denuncias sobre las deudas del Correo Argentino cuando era gestionado por la familia Macri. El sumario es por denuncias de maltrato laboral, mobbing, castigos, gritos, reprimendas, denigraciones personales y amenazas de sus empleados, que en muchos casos pidieron ser trasladados.

Boquín, rechazó las denuncias, dijo que se trata de una persecución política por sus dictámenes en la causa del Correo Argentino y aseguró que la denuncia involucraba cuestiones de género.

Boquín, cercana a Alejandra Gil Carbó, ocupó el lugar que dejó vacante la funcionaria cuando fue nombrada procuradora General de la Nación. Gils Carbó renunció tras una causa judicial donde se analizaron irregularidades en la compra de un edificio, y Eduardo Casal, que era su adjunto, quedó como subrogante.

Ahora el krichnerismo en el Congreso quiere forzar la renuncia de Casal –a quien asocian con Macri- para promover la designación de Víctor Abramovich (tercero en la línea sucesoria). En medio de esta discusión, Casal recomendó el sumario a Boquín.

Las normas de la Procuración determinan que cuando hay denuncias contra un fiscal primero las analiza un Consejo Evaluador, que hace una investigación preliminar y recomienda al procurador los pasos a seguir.

En este caso el Consejo Evaluador le recomendó a Casal –por unanimidad- que lleve adelante el sumario no solo por estas denuncias, sino por toda la actividad de la fiscal como jefa de su equipo. Ese Consejo está integrado por fiscales de todos los colores políticos, destacados por su experiencia y antigüedad: Alejandro Alagia, Oscar Ciruzzi, Susana Pernas, Julio Piaggio y Guillermo Pérez de la Fuente.

Casal designó al fiscal Fabián Celiz como instructor del caso que deberá presentar un informe en 60 días. Del informe que hará el instructor se dará vista al Consejo Evaluador que sugerirá las medidas a tomar: archivo del caso, sanción más leve o un pedido de jury contra la fiscal Boquín.

Anoche a las 21 Casal llamó a Boquín para informarle de la resolución, como hizo con otros dos fiscales, a los que se iniciaron acciones disciplinarias y a las 3 de la mañana le llegó el mail con la notificación. Cerca de Boquín entendieron que estos modos reflejan violencia de género.

El caso se inició con la denuncia de una empleada con esclerosis múltiple, que terminó jubilada por incapacidad que denunció malos tratos. A esa denuncia de malos tratos se sumó otra empleada, que fue acompañada por Sitraju, el gremio de los judiciales enrolado con el kirchnerismo. El sindicato pidió que se escuche a todos los empleados trasladados de la fiscalía de Boquín.

Con estos antecedentes el Consejo Evaluador, tras escuchar el descargo de Boquín, pidió tomarle testimonio al resto de los empleados, que fueron más de media docena. Todos cuestionaron los modos, el trato, hablaron de violencia, de abusos en las formas y hasta de Boquín que les tiraba los expedientes al piso para que los recogieran.

Con estos testimonios el Consejo volvió a pedirle a Boquín que dé explicaciones y haga su defensa. La fiscal rechazó todas las imputaciones en su contra y dijo que se trataba de una venganza política por la causa del Correo Argentino y que se trataban de cuestiones de género. Vale aclarar que las personas que declararon eran en su mayoría mujeres y hubo un varón que tuvo que requerir asistencia psicológica por los malos tratos a los que fue sometido, según dijo.

Con estos antecedentes el Consejo Evaluador recomendó el sumario administrativo que "pueden configurar un patrón de maltrato laboral". La resolución de Casal señala que "los sucesos denunciados por los funcionarios dan cuenta de conductas propias de las tipologías de maltrato y mobbing laboral".

Mencionaron que la fiscal realizó "aislamientos; falta de dirección precisa; castigos con depreciación de funciones; corte de la comunicación vertical; gritos a los subordinados; reprimendas; prohibiciones desmedidas y/o absurdas (atender el teléfono, ir al baño, reunirse con otras personas, abandonar el despacho en el que se está trabajando aun cuando sea para procurarse información alojada en una computadora y necesaria para llevarla a cabo); denigración ante errores o supuestos errores; persecuciones formales mediante expedientes; amenazas explícitas de presionar con base en datos de las personas ("saber armar capetas"); amenazas de tirar objetos personales, entre otras" cuestiones.

Los empleados que declararon dijeron que "numerosos funcionarios se fueron de la fiscalía y varios refirieron haber sufrido problemas de salud". Destacaron además que los hechos señalados, "que en principio revisten implicancia disciplinaria" para Casal, surgen del relato de varias personas, muchas de ellas con largas trayectorias y amplias responsabilidades en la fiscalía de Cámara.

El Consejo evaluador indicó que "el acoso y el maltrato deben ser considerados como un patrón de comportamiento y que los actos individuales no son sino episodios de aparición puntual de la fenomenología descripta", por lo que sugirieron "que el sumario no se limite a los hechos puntuales de maltrato hasta ahora relevados, sino que abarque toda la actividad de la fiscal como jefa de un equipo".

Casal dijo que el fiscal que instruye el sumario deberá prestar especial atención al desempeño de la fiscal para distinguir entre "rasgos de la personalidad en su rol de jefa de una oficina que pueden obedecer a un carácter severo" de "situaciones de inconducta o maltrato hacia el personal".

Casal entendió que las irregularidades descriptas pueden configurar una violación del deber de observar buena conducta o una "falta grave" como el "ejercer maltrato físico, psicológico o verbal en el ejercicio de sus funciones").

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