Ingresó a Diputados el proyecto oficial que prevé mayor intervención estatal en las empresas
Lo impulsa el Poder Ejecutivo y prevé la creación de comisiones mixtas para discutir condiciones laborales en empresas de más de 100 empleados
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LA NACION
El Poder Ejecutivo envió hoy a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que establece le creación de Comités Mixtos de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo y que aumenta la injerencia de los gremios en empresas privadas de más de cien empleados. La iniciativa fue cuestionada por el sector empresario y dirigentes de la oposición.
La decisión de enviar el proyecto al Congreso fue anticipada ayer por el presidente Alberto Fernández, tras un encuentro que mantuvo en la Casa Rosada con dirigentes de la CGT y de las dos vertientes de la CTA para adelantarles los alcances de la iniciativa. ”No hay que demorar más tiempo en resolver estas cosas que deberían estar resueltas en el siglo XXI”, expresó Fernández al celebrar la redacción del proyecto que ingresó hoy a la Cámara de Diputados.
La iniciativa lleva las firmas del Presidente; del ministro de Trabajo, Claudio Moroni y del jefe de Gabinete, Juan Manzur. El proyecto, que sigue lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), prevé la creación de Comités Mixtos, con facultades paritarias, para elaborar planes de formación en materia preventiva e implementar medidas para evitar los accidentes y afirmar el derecho a un ambiente laboral seguro y saludable. Según el texto, la creación de ese comité “será obligatorio en dichos lugares de trabajo, cuando allí se desempeñen cien o más trabajadoras y trabajadores, el cual estará formado, como mínimo, por dos representantes de las trabajadoras y los trabajadores, y por el empleador o la empleadora en igual número”.
“Es importante que los compañeros o compañeras tengan un lugar para plantear sus reclamos. No hay ningún artículo que hable de la injerencia estatal”, dijo hoy Moroni en radio El Destape.
En tanto, en las empresas en las que se desempeñen más de quinientos trabajadores y/o trabajadoras se duplicará el número de integrantes. Por otro lado, y en aquellos lugares en los que se desempeñen más de diez trabajadores y/o trabajadoras y menos de cien, “el delegado o la delegada del personal tendrá facultades para participar en todas las iniciativas de prevención, efectuar planteos concernientes a ésta y para actuar en todos los temas referidos a la seguridad y la salud en el trabajo”.
La propuesta, de 11 artículos, apunta a crear un sistema de derechos, responsabilidades y deberes bien definidos, en el que se concederá prioridad al principio de prevención.
Entre otras cuestiones, el organismo buscará promover iniciativas sobre métodos y procedimientos para la efectiva prevención de los riesgos y la promoción de la seguridad y la salud en el ambiente laboral, proponiendo al empleador o a la empleadora la mejora de las condiciones o la corrección de las deficiencias existentes, así como la elaboración de normas de sana convivencia.
Asimismo, deberá elaborar planes de formación en materia preventiva y contribuir, además, en la prevención de la violencia y del acoso en el trabajo. A tal efecto, en el seno de ese organismos se debatirán, antes de su puesta en práctica y en lo referente a su incidencia en materia de prevención, los proyectos atinentes a planificación, organización del trabajo e introducción de nuevas tecnologías.
De acuerdo al texto, constituye ‘práctica desleal’, toda “conducta del empleador o de la empleadora que impida, demore u obstaculice la formación y actuación del Comité Mixto de Seguridad, Salud, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos en el Trabajo”.
Además, precisa que el Comité “no afecta ni reemplaza a los órganos paritarios emergentes de la autonomía colectiva, con competencias genéricas para el análisis y la prevención de riesgos, seguridad e higiene y medio ambiente o de violencia y acoso en el mundo del trabajo”.
Finalmente, el proyecto obliga a las empresas que tengan más de cien trabajadores a crear el Comité en un plazo de 60 días y 30 días para las compañías en las que se desempeñen 200 o más personas, una vez promulgada la ley.
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