Índice de transparencia: Formosa, Santiago del Estero, Salta y San Juan son las provincias con peor puntaje
El dato surge de un relevamiento de acceso ciudadano a datos oficiales presentado por Poder Ciudadano y Ruido; las excepciones son Mendoza y la Ciudad de Buenos Aires
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Corresponsal en Santa CruzMariela Arias
Formosa, Santiago del Estero, Salta y San Juan son las provincias que sacan el peor puntaje, según el Índice Nacional de Transparencia (Intra) que releva el nivel de accesibilidad de la ciudadanía a los principales datos oficiales de los 24 distritos. En tanto, solo dos distritos lograron la calificación de “alta transparencia”: son Mendoza y la Ciudad de Bunos Aires.
La provincia gobernada por Gildo Insfrán, Formosa, quedó ultima en el ranking con 12,8%, seguida por Santiago del Estero, de Gerardo Zamora, que obtuvo el 20,8%. Luego Salta, que tiene a Gustavo Sáenz en su segundo mandato, con el 37,9%, y San Juan, gobernada por Marcelo Orrego, con el 38,6%. Las cuatro provincias entraron dentro de la categoría “Insuficiente”.
El Intra busca evaluar la existencia de herramientas e instrumentos que favorezcan la transparencia administrativa de los poderes ejecutvoa de las 23 provincias, más la ciudad de Buenos Aires (CABA) y la Nación, al analizar 58 variables distintas condensadas en 13 ítems. Surgió con el objetivo de elaborar un índice fácil y masivo que permita mapear el nivel de transparencia en cada uno de los Poderes Ejecutivos en base a diferentes indicadores básicos en materia de transparencia e integridad.
El relevamiento fue realizado por Ruido y Poder Ciudadano con apoyo de la Fundación Friedrich Naumann para la Libertad y de la Fundación Federalismo y Libertad, durante la segunda quincena de octubre 2024. Se presentó hoy en la sede de Poder Ciudadano.
De acuerdo al ranking elaborado, solo 2 de los 24 distritos subnacionales obtienen más de 70 puntos, esto significa que 92% (22 provincias) están incluidas en las categorías de “transparencia insuficiente” o “moderada”.
Con transparencia “Moderada” (de 40% a 69,9%) aparece el lote mayoritario, aunque con diferencias. Por ejemplo, con un preocupante índice menor a 60% figuran Tucumán (40,3%), Misiones (41,6%), Corrientes (42,4%), La Rioja (46,9%), San Luis (47,4%), Catamarca (48%), Jujuy (50,4%), Chaco (58,3%), Neuquén (59,3%) y Santa Fe (59,8%). Con más de 60% de transparencia siguen Santa Cruz (60,3%), Chubut (61,7%), Córdoba (62,4%), Tierra del Fuego (63%), Entre Ríos (63,2%), La Pampa (63,8%), Buenos Aires (63,9%) y Río Negro (68,2%).
Los dos distritos en la categoría de “alta transparencia” (con puntaje mayor al 70%) son: Mendoza (77,2%) y Ciudad de Buenos Aires (CABA), con 85%, al tope de este ranking. En tanto que la Administración Nacional, que también fue evaluado (poder Ejecutivo de la Nación), aparece con 83,9%. El promedio general de los 25 distritos (incluida Nación) es de 54,3 puntos sobre 100.
“Nos encontramos y chocamos todo el tiempo con la opacidad en el Acceso a la Información, es muy preocupante lo que sucede en las provincias, y no dejamos de sorprendernos en cada una de nuestras investigaciones”, detalló hoy durante la presentación en la sede de Poder Ciudadano, el periodista Edgardo Litvinoff, que lidera Ruido, una alianza de periodistas de investigación, especialistas en análisis de datos y organizaciones de la sociedad civil con presencia en todas las provincias.
Litvinoff aseguró que si bien se trata de un “índice vivo”, la limitación del Intra es poder evaluar el efectivo cumplimiento en cada provincia, por lo cual se espera a futuro seguir la evolución del índice a partir de informes anuales que lo actualicen.
Presupuesto oculto y declaraciones juradas
Entre los hallazgos más curiosos se detectaron que cuatro provincias aún mantienen ocultos sus presupuestos; tres que no tienen ley de acceso a la información; una que aún no tiene visible su Boletín Oficial (Formosa) o 10 en las que no se puede presentar un pedido de acceso a la información si no es de manera presencial.
También se detectó que pese a existir normas en 22 distritos para presentar declaraciones juradas de autoridades del Ejecutivo, sólo en 8 esas declaraciones son accesibles al público.
Con relación a la publicidad oficial, sólo es accesible en tres distritos, en tanto que otro punto que llama la atención es que en ninguna provincia hay registros de reuniones, de regalos o de viajes de los gobernadores. Tampoco existen nóminas de personal en donde se pueda encontrar toda la planta que tienen a su cargo los gobiernos de cada estado subnacional.
Detalles del informe
Formosa, sin Boletín Oficial. La herramienta más básica que posee la ciudadanía para seguir cada decisión gubernamental provincial es el Boletín Oficial local, en donde se deben publicar diariamente normas, contrataciones, edictos y cualquier otro instrumento que dé cuenta de las decisiones y las actividades esenciales de un gobierno. En el caso de Formosa, sólo se puede acceder a un listado de precios relativo a lo que cuesta publicar o acceder al mismo (suscripción anual), pero nada es accesible online. Es la única provincia argentina en la que esto sucede.
Sin presupuesto para ver. En Formosa, San Juan, Santiago y Tucumán no es posible acceder de manera online al presupuesto provincial, la herramienta más básica de un Estado para determinar ingresos y gastos por rubros, dependencias y programas, así como el control sobre el uso de esos recursos. Y en 11 de las provincias en donde sí son accesibles los presupuestos, no se puede encontrar la ejecución presupuestaria, información clave para monitorear el nivel de cumplimiento de lo pactado.
Viajes, regalos, reuniones. Ninguno de los 24 distritos nacionales posee registros de viajes, de reuniones o de regalos recibidos y/o realizados por gobernadores (en el caso de las provincias) o por el jefe de gobierno (en el caso de CABA). Para esta variable se tomó como parámetro el caso del Ejecutivo nacional, en donde es obligatorio registrar estos tres ítems, gracias a los cuales se pueden chequear datos o reuniones fundamentales para ejercer el control ciudadano de la gestión de autoridades.
Declaraciones juradas. Si bien 22 provincias poseen algún tipo de norma que obliga a gobernadores y otras autoridades a presentar la declaración jurada de bienes, sólo 8 distritos efectivamente las muestran y las mantienen accesibles al público: CABA, Chaco, Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, La Pampa, Mendoza. De todas maneras, esto no significa que en estos últimos casos esos listados sean reales, ni que los valores de los bienes consignados sean los de mercado. Todo esto será objeto de una próxima investigación de Ruido. De todas maneras, a efectos del índice relevado, cumplen con este ítem.
Acceso a la información. Hay tres provincias en la que aún no existe ninguna norma -o adhesión a otras- en materia de acceso a la información en la Administración Pública provincial: Formosa, San Juan y Tucumán. Son, al mismo tiempo, tres de los distritos con bajísimo nivel de transparencia, según este relevamiento.
Presencialidad para pedir información. Catamarca, Chubut, Formosa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan (aunque no tenga ley, se puede), Santa Cruz, Santiago y Tucumán son las 10 provincias en donde aún es necesario presentar un pedido de acceso a la información de manera presencial, lo que dificulta el procedimiento para hacerlo y al mismo tiempo desincentiva la participación ciudadana. En los demás distritos se pueden solicitar de manera online, ya sea por mail o por formularios específicos.
Sin nóminas completas de personal. En ninguna provincia ni en CABA es posible acceder a un listado completo y actualizado de todo el personal que trabaja en la Administración Pública que depende de los Ejecutivos provinciales. De esta manera, resulta muy difícil saber con exactitud cuánta gente emplea una gestión, quiénes son y qué cargos ocupan.
Conferencias de prensa. En 13 de las provincias argentinas se realizan conferencias de prensa del gobernador o de sus voceros de manera frecuente, algo que también sucede a nivel del Ejecutivo nacional. En las 11 restantes, las apariciones del gobernador o voceros son esporádicas y selectivas, y casi no existe la posibilidad de preguntas abiertas a las máximas autoridades provinciales cuando alguna ocasión específica lo requiere.
Pauta oficial. Solo tres estados subnacionales (Buenos Aires, Córdoba y CABA) tienen datos accesibles y actualizados sobre la publicidad oficial distribuida por esas gestiones. De todas maneras, en los dos primeros casos se requieren varios pasos y análisis para obtener esa información de manera completa y ordenada. En las otras 21 provincias no es posible saber cómo esos gobiernos distribuyen la pauta oficial, pese a que existe una norma sobre su difusión en Chubut, Mendoza, Neuquén, Río Negro y Tierra del Fuego.
Procedimientos complejos y engorrosos. Mucha de la información relevada requiere de un alto grado de precisión y de complejidad, que quizás desconoce la ciudadanía no habituada a este tipo de búsquedas. En esos casos se dio como válido el ítem, aunque se requiere de un gran trabajo para mejorar la accesibilidad por parte de las administraciones subnacionales.
Un ejemplo: en 11 provincias (Chubut, Corrientes, Entre Ríos, Formosa, Jujuy, La Pampa, Misiones, Neuquén, Salta, Santiago y Santa Cruz), aún no existe la posibilidad de acceder a un listado completo del detalle de compras, contrataciones y licitaciones realizadas -actualizadas a 2024- en cada área de la administración central. Pero en muchas de las que sí se puede, el procedimiento para llegar a averiguarlo es de un nivel extremo de complejidad.
La gestión nacional
La Administración Pública nacional posee en el Intra el segundo puntaje más elevado del relevamiento (83,9%). “Esto se debe a un proceso de años -décadas- de trabajo constante, de adhesión a normas internacionales y de monitoreo permanente de organizaciones civiles que pugnan por mejorar la transparencia administrativa en el país”, detallan en el informe elaborado para la presentación del índice.
Sobre este aspecto tanto en al presentación realizado este mediodía como en el informe refieren
De allí la preocupación ciudadana, de distintos organismos civiles y de entidades periodísticas por las consecuencias que pudiera tener el reciente decreto presidencial 780/24, que modifica la reglamentación de la Ley 27.275 de Acceso a la Información Pública. Dichos cambios amplían el secreto y elevan la discrecionalidad de las autoridades nacionales para definir lo que es un documento público y qué información puede ser considerada de la esfera privada de las autoridades.
Más allá de que el reclamo de distintas organizaciones pudiera lograr que el Gobierno dé marcha atrás con relación a ese decreto, será clave el próximo monitoreo del Intra (2025) para comprobar la evolución de este posicionamiento de Nación, así como la de los niveles subnacionales.
Cómo se hizo el índice
El Intra abarca sólo a los poderes ejecutivos provinciales. Es decir, sólo a las administraciones públicas provinciales de las 23 provincias más CABA y suma, como valor de referencia, a la Nación (administración nacional). La búsqueda de información -siempre digital- se realizó como la haría cualquier persona, de manera directa, sin utilizar el instrumento del Pedido de Acceso a la Información (PDI), como lo hicieron Ruido y Poder Ciudadano en sus investigaciones anteriores.
Esta vez se buscó de forma exclusiva en los sitios web oficiales de los gobiernos (poderes Ejecutivos) y no se tomó información de otras fuentes, salvo excepciones como la del ítem de Presupuesto, que a veces suele estar publicado en las páginas de los poderes Legislativos provinciales.
Las respuestas a cada variable fueron “sí” o “no”, y el criterio a utilizar para cada posibilidad se consignó en una Guía Metodológica, para cada una de las 58 variables.
Puntaje: la ponderación de cada variable para determinar el puntaje final del Intra tuvo en cuenta criterios utilizados en la elaboración de otros índices, así como el equilibrio de tres dimensiones en las que se agruparon y dividieron metodológicamente los 13 ítems: 1) Regulación de la Ética Pública, 2) Gestión del Presupuesto y de las Compras y Contrataciones públicas, y 3) Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas.
Por Mariela Arias
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