Avanza el proyecto de La Cámpora para elevar el cálculo de las indemnizaciones en Buenos Aires
La iniciativa modifica la fórmula de intereses en caso de falta de pago del empleador; la oposición advierte que los multiplicaría por siete y quebraría a las pymes; ya tuvo media sanción en Diputados; distancia de Kicillof
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LA NACIONJavier Fuego Simondet
Pese a los recientes fallos de la Corte Suprema que buscan limitar el cálculo de intereses en las indemnizaciones, en la provincia de Buenos Aires avanza una iniciativa para aumentar los montos de las indemnizaciones laborales. El proyecto modifica la forma de calcular los montos a pagar en caso de despido y ya logró media sanción de la Cámara de Diputados y dictamen favorable en una comisión del Senado. El proyecto es impulsado por dos diputadas de La Cámpora, Maite Alvado y Soledad Alonso, pero choca con un rechazo opositor, que advierte que “se multiplicarán por siete” las indemnizaciones y promete bloquearlo en la Cámara alta. A ese obstáculo directo se suma la distancia frente a la iniciativa del gobierno de Axel Kicillof.
El primer avance fuerte que obtuvo el proyecto fue en la Cámara de Diputados provincial, el 15 de mayo, cuando fue aprobado con los votos de los bloques de Unión por la Patria, los libertarios díscolos de Unión, Renovación y Fe, y los dos diputados del Frente de Izquierda. Propone modificar el artículo 48 de la Ley 11.653, para que establezca que “el monto total por el que se condene a la demandada se deberá adecuar de acuerdo a la tasa CER (Coeficiente de Estabilización de Referencia) reglamentado por el Banco Central de la República Argentina más una tasa pura del 6% anual, en ambos casos, desde la fecha de exigibilidad del crédito hasta la fecha del efectivo pago”.
La norma actual señala que “al monto total por el que se condene a la demandada se deberá adicionar los intereses devengados desde la fecha de su exigibilidad y hasta el efectivo pago, según el cálculo de intereses ‘al promedio de la Tasa Activa’ que fija el Banco de la Provincia de Buenos Aires en sus operaciones de descuento”.
Según argumentan sus autoras, para que haya alguna relación entre el valor que tenía originalmente el monto de la indemnización y el valor que tiene al momento de hacerse efectiva, hay que modificar el artículo Nº 48 de la Ley 11.653 de procedimiento laboral y determinar que los créditos laborales que se fijan tras un despido tengan una actualización mediante el Coeficiente de Estabilización de Referencia, más un 6% anual. Así lo indicó en su cuenta de la red social X la diputada Alonso.
La legisladora hace una distinción: niega que se quieran “aumentar las indemnizaciones” y afirma que el proyecto se aplica cuando “el empleador no paga las indemnizaciones adecuadas según la ley y se acude a una instancia judicial”.
Tras la media sanción, el segundo paso de la iniciativa se concretó hace dos semanas en el Senado provincial, cuando obtuvo dictamen favorable de la Comisión de Trabajo y Legislación Social. En esa Cámara, la oposición asegura tener 25 votos para hacer naufragar el proyecto. Desde la UCR y Pro argumentan que los montos de las indemnizaciones se multiplicarían por siete y producirían quebrantos en el sector pyme. A la iniciativa le resta pasar por dos comisiones (Legislación General y Asuntos Constitucionales y Acuerdos) para llegar al recinto. Las especulaciones en el oficialismo indican que podría debatirse dentro de dos sesiones (durante septiembre).
En paralelo, en el gobierno de Kicillof toman distancia del proyecto de autoría camporista, sector con el que el gobernador está en permanente tensión. “No es un proyecto del [Poder] Ejecutivo”, afirmó a LA NACION una fuente cercana a Kicillof. Desde el Ministerio de Trabajo bonaerense, que conduce Walter Correa, indicaron a este diario que “hay debates que deben darse, sin perjuicio de ello, hoy hay que focalizarse en dar soluciones y respuesta a lo urgente, que es la celeridad en la resolución de los conflictos laborales”.
“Está un poco trabado. Hay voluntad, por un lado, y desinterés, por el otro”, graficó la situación del proyecto dentro del oficialismo un legislador peronista que cree que no se tratará en la próxima sesión (probablemente, el miércoles 28 de agosto), sino en la siguiente.
“La veo para [tratar] el mes que viene”, planteó un legislador provincial opositor. “Tenemos 25 votos para rechazarla. El oficialismo va a ir sacando despachos de comisiones, pero no tiene los votos para el recinto. Creo que tiene que ver con la interna de La Cámpora con Axel: lo están llevando a extremar la posición de estatismo a full”, consideró la misma fuente.
El Senado bonaerense tiene 46 miembros. Los 25 senadores que se opondrían integran los bloques de Pro (nueve integrantes); UCR-Cambio Federal (ocho); La Libertad Avanza 1 (tres); La Libertad Avanza (tres); Pro-Libertad (uno) y Buenos Aires Libre (uno).
Representantes de sectores pyme se reunieron el 6 de agosto con los legisladores opositores en el Senado y se llevaron el compromiso de los 25 que votarían en contra. “Hemos escuchado a los representantes de más de 50.000 pymes de la provincia de Buenos Aires. No vamos a ser cómplices de la asfixia al sector productivo que pretende el gobernador Kicillof. Todos los bloques opositores ya le dejamos claro al oficialismo que no los vamos a acompañar”, indicaron en un comunicado los senadores de Pro y la UCR. “El kirchnerismo busca modificar el artículo 48 de la Ley 11.653, multiplicando el monto de las indemnizaciones en más de siete veces, poniendo en riesgo la continuidad de las pymes e impactando negativamente en la generación de empleo nuevo”, remarcaron.
También se realizaron reuniones impulsadas por la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires (FEBA), como la que se desarrolló el miércoles pasado con el senador Sergio Vargas (jefe del bloque La Libertad Avanza), que “reiteró la posición del bloque de no acompañar el proyecto”, según se informó en un comunicado.
Quiénes son las impulsoras del proyecto
La diputada Alvado es la autora de la iniciativa. De Bahía Blanca, es legisladora por la sexta sección electoral e ingresó a la Cámara en 2021, cuando ganó su banca al secundar en la boleta del Frente de Todos a Alejandro Dichiara, el exintendente de Monte Hermoso, que es el presidente actual del cuerpo.
Alonso, también legisladora camporista, es coautora del proyecto. Es la secretaria adjunta del Sindicato de Empleados de la Ex-Caja de Subsidios Familiares para el Personal de la Industria (Secasfpi). Se trata de un gremio de unos 3000 afiliados. El Secasfpi, que lidera Carlos Ortega, disputa el encuadramiento de los trabajadores de la Anses con ATE, UPCN y la Asociación del Personal de los Organismos de Previsión Social (Apops). Alonso representa en la Cámara a la primera sección electoral y comenzó su mandato el año pasado.
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