Indagaron a una diputada socialista acusada de pronunciar discursos de odio contra la comunidad judía

La diputada nacional del Frente de Izquierda Vanina Biasi fue indagada por el juez federal Daniel Rafecas acusada de “alentar o incitar a la persecución o el odio” a la comunidad judía tras haber tuiteado mensajes contra Israel y en defensa de Palestina.

Viasi fue indagada por el juez Rafecas ante la acusación del fiscal federal Eduardo Taiano. La diputada dijo en la indagatoria que citarla a declarar era una afrenta, ya que es una defensora de los derechos humanos que militaba contra el atisemismo.

“Para mí, esta acusación no es cualquier acusación, me parece un agravio. Quiero introducir cómo veo yo las cosas y los daños que me está produciendo a una persona que milita hace 30 años en contra del antisemitismo, en contra de promover el racismo”, afirmó Biasi.

La frase

“El Estado sionista es nazi por sus prácticas y su ideología y entiendo que a un propagandista de un Estado terrorista, genocida y asesino de niños le moleste leerlo, pero sus patoteadas no me van a silenciar”, tuiteó y agregó: “Sigue la masacre del pueblo palestino. Sigue el silencio cómplice del poder económico y mediático. Sionismo es genocidio. Sionismo es apartheid. Sionismo es la construcción de una narrativa mentirosa en la que el ocupante es víctima y el ocupado victimario”.

La diputada Biasi dijo que se violaba su libertad de expresarse y que debía intervenir la justicia porteña y no el juez federal Rafecas. Sostuvo que el debate debía ser político y no judicial.

“Si yo estuviera en Tel Aviv, nadie me llevaría presa, si dijera esto. Incluso el atropello es mayor porqué en Argentina se intenta procesar y llevar adelante juicios, en cambio, si yo estuviera allí, eso no pasaría. La masacre que está ocurriendo en Gaza, en Cisjordania, en Yemen, la barbarie que ocurre en Afganistán con el (régimen) talibán, hay muchas realidades que son terribles y yo desde mi corriente política la considero un horror”, aseguró Biasi.

La ley castiga con un mes a tres años de prisión a las personas que “por cualquier medio alentaren o incitaren a la persecución o el odio contra una persona o grupos de personas a causa de su raza, religión, nacionalidad o ideas políticas”.

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