Indagaron a un funcionario del PAMI que otorgó subsidios a centros de jubilados relacionados con La Cámpora
Comenzó hoy la ronda de indagatorias en los tribunales de Comodoro Py; se investiga el supuesto desvío de fondos a través del otorgamiento de subsidios a centros de jubilados y pensionados
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Un funcionario del PAMI negó hoy en la justicia la acusación por supuesto desvío de fondos a través de subsidios otorgados a centros de jubilados y pensionados de la Capital Federal. Se trata de Santiago Paredes Adra, asesor de la Gerencia de Promoción Social y Comunitaria de la entidad que conduce Luana Volnovich, quien fue indagado por el juez federal Julián Ercolini y el fiscal Guillermo Marijuan en los tribunales federales de Comodoro Py.
Paredes Adra está imputado junto a otros dos funcionarios de PAMI, Osvaldo Leonel Aquino, gerente de Control de Gestión Social del INSSJP, y Esteban Ernesto Leguizamo, quien dirigía una unidad de gestión de centros de jubilados. Según la denuncia de la diputada Graciela Ocaña, que dio lugar a esta causa, ellos otorgaron subsidios a centros de jubilados relacionados con La Cámpora con asiento en la Ciudad de Buenos Aires.
La acusación sostiene que los tres funcionarios dispusieron el otorgamiento de “subsidios solidarios de sostenimiento” por un total de $900.000 para los nueve centros de jubilados y pensionados “Vengo a proponerles un sueño”, “Que florezcan mil flores”, “Seguimos Soñando”, “No me olvides”, “Eduardo Galeano”, “Palermo Viejo”, “Honrar la vida”, “Milagros al sur” y “La fe trae esperanzas” y que, en esos centros, funcionan unidades básicas de La Cámpora. Además, según la acusación, el monto que le entregó el INSSJP a la mayoría de los Centros de Jubilados y Pensionados era de $10.000, y a cada uno de estos centros se le dieron $100.000.
Según reconstruyó LA NACION de fuentes judiciales Paredes Adra declaró de manera oral y negó la imputación. Dio una larga explicación sobre los subsidios; dijo que existían desde antes (la acusación sostiene que el subsidio fue creado de manera extraordinaria para la subsistencia de los centros de jubilados durante la pandemia de coronavirus, pero que estas fueron inscriptas después) y que los centros de jubilados no pueden subsistir sin subsidios, por lo que justificó el pago de los mismos.
Brindó algunas explicaciones sobre aprobaciones y control de los subsidios, pero sus argumentos fueron considerados “bastante endebles para revertir la acusación”, según supo este medio. El lunes y miércoles de la próxima semana serán indagados Aquino y Leguizamo. Una fuente judicial dijo a LA NACION tener acreditado que en los domicilios de estos centros de jubilados y pensionados funcionaban sedes de La Cámpora, agrupación a la cual pertenece la titular del PAMI, Volnovich, y objetó también que los gastos rendidos respecto del destino de los fondos no justifican su otorgamiento.
En el dictamen con el que pidió las indagatorias, Marijuan dijo que “la documentación respaldatoria de gastos presentada por cada uno de los CJyP demuestra que los subsidios recibidos fueron afectados a la compra de micrófonos, parlantes, electrodomésticos, un generador eléctrico y una notebook, entre otros elementos, que a primera vista no se condecirían con el fin último al que propendían las retribuciones de dinero asignadas”. Es decir que los fondos recibidos por los centros no fueron utilizados para garantizar su funcionamiento sino para otros fines.
Esta no es la única causa que investiga los supuestos desvíos de fondos del PAMI a través del otorgamiento de subsidios. Hay otro expediente que tuvo avances en la última semana y que está en los tribunales federales de Morón, a cargo del juez Elpidio Portocarrero Tezanos Pinto y del fiscal Santiago Marquevich. En el marco de esa causa el miércoles pasado fue allanada una sede del PAMI. Se investiga allí si están relacionados con la maniobra el intendente interino de Hurlingham Damián Celsi y su referente político, Martín Rodríguez, funcionario del PAMI, dado que en las sedes que recibieron los subsidios también trabajarían empleados de la municipalidad de Hurilngham. Se sospecha allí que la maniobra puede estar vinculada con el financiamiento de La Cámpora, y en ese expediente el monto de los subsidios entregados es ampliamente mayor: el total de dinero de los jubilados entregado al Municipio por parte del PAMI entre 2021 y 2022 es de $47.115.900.
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