Indagan a los cuatro los detenidos del grupo Revolución Federal

El líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, y los otros tres integrantes de esa agrupación libertaria extrema arrestados ayer declararán hoy en indagatoria, por Zoom, desde la cárcel.

Están acusados de haber difundido mensajes violentos y haber hecho “escraches” con el “fin principal imponer las propias ideas de la agrupación y combatir las ajenas por medio del temor”. Los cuatro fueron detenidos y citados a declarar por el juez Marcelo Martínez de Giorgi en respuesta a un pedido del fiscal Gerardo Pollicita, que tiene delegada la investigación.

Además de Morel, fueron detenidos Leonardo Franco Sosa, Gastón Ezequiel Ángel Guerra y Sabrina Basile. Morel, de 23 años, se presenta como el dueño de una carpintería de Boulogne y fundó junto con Sosa, también de 23, en mayo de este año Revolución Federal. El grupo se hizo conocido por manifestarse en contra del Gobierno con antorchas, una guillotina y un cartel que decía “Todos presos, muertos o exiliados” que exhibieron frente a la Casa Rosada.

Sosa trabaja desde 2020 como analista contable en la sede de Belgrano de la Asociación ORT Argentina, informaron fuentes de la investigación. Ya había sido detenido este año -relata el fiscal en el dictamen en el que pidió las nuevas medidas- el 23 de agosto pasado, “es decir, un día después de que el fiscal Diego Luciani efectuara el pedido de condena de Cristina Fernández de Kirchner”, destaca Pollicita. En aquel momento lo retuvieron “luego de ser visto rompiendo una valla de señalización para tener objetos contundentes para arrojar, junto con otra persona identificada como Natanael Reinstein Menin, a quien se le secuestró de su mochila una bomba molotov”.

Basile, la última de las personas detenidas en el marco de esta causa, es hija del director técnico Alfio Basile. Ella había sido buscada ayer durante horas y finalmente se entregó en el juzgado de Martínez de Giorgi, dijeron fuentes del caso a LA NACION.

Los investigadores les secuestraron a los detenidos tablets, teléfonos y computadoras cuyos mensajes se van a analizar. Los hechos que se investigan encuadrarían en los delitos de incitación a la violencia, apología del crimen e intimidación pública.

Nexos con el atentado

Esta causa se tramita en paralelo con la causa por el atentado contra Cristina Kirchner. El fiscal, no obstante, planteó un punto de contacto entre los dos expedientes. Dijo que Revolución Federal “se terminó constituyendo, en el actual contexto de crisis económica y financiera, en uno de los actores que sembraron en la sociedad la escalada de violencia y odio, cuyo acto más trascendente resultó ser el intento de homicidio de la vicepresidente de la Nación, el pasado 1° de septiembre”.

Los investigadores confían en que cuando estén los resultados de los peritajes sobre los teléfonos y otros aparatos electrónicos pueda determinar si además hay algún nexo concreto, alguna orden o conspiración de Revolución Federal con la banda de los vendedores de copos de algodón para cometer el atentado.

El punto concreto de contacto de este caso con el del atentado contra Cristina Kirchner es Brenda Uliarte, procesada por el intento de homicidio, porque había ido a por lo menos una manifestación de Revolución Federal (la marcha de antorchas del 18 de agosto pasado frente a la Casa Rosada).

Cristina Kirchner fue tenida como querellante en el caso de Revolución Federal. Su abogado presentó un escrito en el que dijo que “es probable” que Revolución Federal o algunos de sus miembros hayan participado del ataque en su del 1° de septiembre. “Es probable que el actuación del grupo no se limitara a amenazas, instigaciones y preparación de delitos en abstracto, sino que haya participado específicamente en el intento de atentado en mi contra”, sostuvo la vicepresidenta en el texto.

La fuerza encargada de los procedimientos fue la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). Los allanamientos incluyeron operativos en la carpintería de Morel y la sede de dos fideicomisos a través de los cuales él habría recibido dinero.

Según Morel, el dinero en cuestión era el pago por objetos de carpintería. Como sus supuestos compradores, Morel identificó a la firma Caputo Hermanos. Fuentes judiciales dijeron hoy a LA NACION que se allanaron los domicilios de Caputo Hermanos que administra los fideicomisos.

El abogado Matías Cuneo, que representa a Caputo Hermanos, se presentó en Comodoro Py con un escrito donde explicó la relación de la familia con Morel. En esa presentación dijo que la empresa Caputo Hermanos es de Flavio y Hugo Caputo. Ambos tienen un hermano, Luis “Toto” Caputo, que fue secretario de Finanzas en el gobierno de Mauricio Macri. Luis no integra Caputo Hermanos. Completa cuadro familiar Nicolás Caputo, que es primo de los dueños de Caputo Hermanos, pero no tiene relación con la empresa.

El escrito de Cuneo relata que Caputo Hermanos se dedica a los desarrollos inmobiliarios y que entre los 250 proveedores con los que trabaja, contrató a Morel como carpintero.

La Unidad de Información Financiera informó que enero y agosto del 2022 hubo transferencias de los fideicomisos administrados por Caputo Hermanos por unos 6,5 millones de pesos que fueron pagados a Morel, a Ailen Vallero, empleada de su carpintería, y Evelyn Balboa, su expareja. Para ellas dos, las facturas que hicieron por estos pagos fueron sus primeras como monotributistas.

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