La interventora de la AFI culpó a la Justicia por la filtración de nombres de espías

La interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, fue indagada hoy por la jueza federal María Servini, en la causa en la que se investiga una filtración masiva de nombres de agentes del servicio de inteligencia. En su presentación, Caamaño pidió ser sobreseída y dijo que el episodio no hubiera ocurrido si el material hubiera sido bien preservado por los funcionarios judiciales del caso al que ella lo envió.

El listado de agentes de inteligencia se filtró desde el expediente a cargo del juez Juan Pablo Auge y los fiscales Cecilia Incardona y Santiago Eyherabide, en el que se investiga por espionaje ilegal de políticos y periodistas a la cúpula de la AFI durante la gestión de Mauricio Macri. Esa filtración motivó esta denuncia, que investiga el fiscal Eduardo Taiano junto a la jueza Servini.

Caamaño presentó un escrito y respondió preguntas de Servini y de Taiano.

“La información suministrada por la AFI no solo fue determinante para conocer la existencia de esa actividad ilegal en el propio seno de la agencia, sino también para lograr desentrañar su estructura orgánica al momento de los hechos; la identidad de los agentes que habían participado de aquel esquema de espionaje ilegal, y qué función cumplía cada uno de ellos en el mismo”, consignó Caamaño en el escrito que presentó.

En su defensa, la interventora de la AFI dijo que cuando mandó el libro de actas le aclaró a la fiscal Incardona que, en caso de que una de las partes quisiera acceder al material, debía hacerlo de manera personal en el juzgado o la fiscalía. “Para el caso que la autoridad judicial requirente (en este caso la Fiscalía mencionada) considerara necesario el acceso a la información y documentación allí desclasificada era preciso que se arbitraran las medidas necesarias para que la compulsa que se realizara, llegado el caso, fuera personal y en la sede judicial donde aquella se encontraba”, dijo.

“Nada de ello hubiera sido posible si las autoridades judiciales hubiesen respetado las precisas indicaciones brindadas por la suscripta en el cuerpo mismo de la resolución de desclasificación”, planteó Caamaño. Y agregó: “Sencillamente porque si los funcionarios de Lomas de Zamora se hubiesen apegado estrictamente a ellas, nadie hubiese tenido disponible una copia digitalizada del libro de actas que fue el formato en el que apareció publicado. De ello se deduce que fue esta omisión y no otra la que posibilitó la filtración y el hecho de haber sido totalmente ajena a ella, obstaculiza cualquier intención de imputarme objetivamente el resultado aquí investigado”.

La denuncia fue presentada el año pasado por un grupo de personas que se identificaron como exintegrantes de la AFI, después de la difusión del documento que se anexó a la causa judicial, expediente que por entonces se tramitaba en los tribunales de Lomas de Zamora. El hecho denunciado dejó expuestos los nombres de agentes y exagentes de inteligencia, de los cuales algunos revistaban en el exterior.

El documento, que Caamaño desclasificó y envió al juzgado, fue escaneado completo, con un listado de resoluciones, sin tachaduras, y cargado en el sistema informático LEX -al cual acceden las defensas y las partes querellantes- a pedido de los defensores de Arribas y Majdalani. La información salió del expediente electrónico y llegó a los portales de noticias y redes sociales, dejando al descubierto las identidades de los agentes.

También están denunciados en este expediente los fiscales Incardona y Eyherabide y el juez Auge.

Caamaño, que como fiscal investigó el crimen de Mariano Ferreyra y ordenó la detención de José Pedraza, fue nombrada interventora de la AFI poco tiempo después de la asunción de Alberto Fernández, que envió su pliego para designarla directora general de ese organismo hace casi un año, y todavía espera una definición del Congreso.

El pliego iba a ser tratado por la Comisión de Acuerdos del Senado hace dos semanas, en una sesión que se suspendió “por cuestiones de agenda”. En los días siguientes a ese cambio de agenda, Servini citó a Caamaño a indagatoria, mediante una notificación recibida con sorpresa en el entorno de la interventora de la AFI.

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