Incómodo, el Gobierno intentó deslindar responsabilidades por el avión de la polémica
Para Agustín Rossi, “hay que ser prudentes”; el titular de la AFI sostuvo que “hay sectores que quieren magnificar el hecho”; silencio en distintos ministerios, que derivaron la decisión final en el juez Villena
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Con el objetivo de no quedar salpicados por una situación internacionalmente sensible, el Gobierno buscó deslindar responsabilidades sin precisiones sobre las implicancias políticas y judiciales de la misteriosa llegada del avión venezolano que trajo consigo a cinco ciudadanos iraníes, y que permanece en el aeropuerto internacional de Ezeiza a la espera de una decisión final de la Justicia.
Funcionarios de distintas áreas oscilaron entre el silencio y la cautela, e indicaron a LA NACION que la aparición del avión de Emtrasur Cargo y la presencia en él de los iraníes están “en manos” del juez federal Federico Villena por partida doble. El juez, que ayer decidió continuar investigando, debe resolver en los próximos días la situación de la nave, que habría sido utilizada anteriormente por el grupo iraní Al Quds, identificado como terrorista por los Estados Unidos, y la de los ciudadanos iraníes, a pedido de diputados opositores que le solicitaron investigar a toda la tripulación, que incluye además a 14 ciudadanos venezolanos.
Fuentes oficiales informaron que la Dirección Nacional de Migraciones “está encargada de controlar únicamente el ingreso y egreso de personas, lo que incluye el movimiento de las tripulaciones”, pero no de los vuelos. En ese sentido, aclararon que “la tripulación de la aeronave fue sometida a todos los chequeos de seguridad contrastando con bases y organismos internacionales, siendo estos superados en todos los casos”. Asumieron que “bajo advertencia de la PSA, Migraciones de forma preventiva, retuvo los pasaportes de la tripulación y envió notas informando de lo sucedido a la Agencia Federal de Inteligencia y a la Dirección Nacional de Inteligencia Criminal del Ministerio de Seguridad quedando a disposición de los mismos para brindar los antecedentes que se estimen corresponder”, aclararon las fuentes.
Fuentes de Cancillería afirmaron a este diario que informaron a las embajadas de Irán y Venezuela en el país sobre la situación judicial. “Desde el juzgado federal solamente nos dieron intervención para que comuniquemos lo que ocurre a las embajadas de Irán y de Venezuela, por la vía diplomática y en el marco de la Convención de Viena de relaciones consulares, la presentación realizada por el abogado Rafael (Resnick) Brenner”. El abogado, condenado en la causa Ciccone, intercedió para que el avión, que supuestamente transportaba autopartes, obtenga combustible y pueda retornar a Caracas, aunque su hábeas corpus fue rechazado ayer por el juez. Los cinco iraníes siguen con sus pasaportes retenidos, a la espera de que se defina su situación.
Desde el Palacio San Martín también recordaron que el juez federal de Lomas de Zamora pidió informes a varios a Migraciones, PSA, ANAC y Aduanas “a fin de resolver la liberación del avión venezolano, inmovilizado en Ezeiza y la devolución de pasaportes a la tripulación iraní”, que en principio no tendría vinculación alguna con los cinco funcionarios y exfuncionarios del régimen de Teherán buscados por Interpol por su responsabilidad en el atentado a la AMIA, en julio de 1994. Para la justicia argentina, Irán y la organización terrorista Hezbollah fueron los responsables de aquel ataque, que dejara 85 muertos y varios centenares de heridos en pleno centro porteño.
Causa sensible
Con la convicción de estar ante una verdadera “papa caliente” en materia diplomática -en la nómina de la tripulación, por caso, figuraban siete y no cinco ciudadanos iraníes- los pocos funcionarios que hablaron prefirieron dar escasas precisiones y delegaron la responsabilidad en el juez interviniente.
“Las dos agencias del Estado que más estuvieron encargadas en el tema fueron Migraciones y el Ministerio de Seguridad, pero estuvimos informados del tema”, dijo en una entrevista radial el flamante titular de la AFI, Agustín Rossi, y aclaró que la relación de su dependencia con la Justicia es “nula”, agregó el funcionario a radio Rivadavia.
Unas horas más tarde, el propio Rossi afirmó a otra radio que “cuando ingresaron al país, ninguno de los tripulantes de ese avión tenía ninguna notificación que permita disparar las alertas. Hay que actuar con prudencia. Las agencias del Estado están actuando y se tomaron los recaudos necesarios. Obviamente, hay sectores que intentan magnificar el hecho. Hay que ser prudentes”, advirtió. Desde el Ministerio de Seguridad evitaron hablar ayer sobre la cuestión.
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