Imputaron por presunto fraude a seis funcionarios de Jujuy por la construcción de una escuela en un sitio arqueológico
Los investigados están acusados por datos falsos insertos en el expediente de las obras, que finalmente fueron paralizadas; fue en Caspalá y se habría causado un perjuicio al Estado de 43 millones de pesos
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LA NACION
La fiscal federal de Jujuy Lucía Orsetti imputó a seis funcionarios públicos de la provincia por “fraude contra la administración pública”, acusados de haber falsificado y usado documentos públicos irregulares en el expediente para la construcción de una escuela en Caspalá, en un sitio arqueológico.
Así lo informó el sitio oficial Fiscales.gob,ar, que relató que según la fiscal, las maniobras de los funcionarios causaron un perjuicio de más de 43 millones de pesos al Estado Nacional, que aportó los fondos para obras que comenzaron y no pudieron terminarse, dado que el lugar designado para levantar la escuela era un yacimiento arqueológico protegido por leyes provinciales y federales.
Caspalá fue elegido en 2022 entre los 10 mejores pueblos del mundo por la Organización Mundial del Turismo. Esta pequeña localidad está enclavada entre ríos y montañas, tiene 350 habitantes y no tuvo acceso vehicular hasta 2009.
Según la información oficial, la jueza de garantías N°2 de San Salvador de Jujuy, Carina Inés Gregoraschuk, hizo lugar a la imputación formulada contra la exministra de Educación provincial María Teresa Bovi, la titular de la Secretaría de Infraestructura Educativa, María Victoria Martínez Fascio, y el director de Proyectos de la Secretaría de Infraestructura de esa cartera, José Raúl Torrejón; la asesora legal de ese ministerio, María Cecilia Rotondo; el exasesor legal de la Fiscalía de Estado jujeña Diego Montenovi y el excomisionado municipal de Caspalá, Natividad Apaza.
Gregoraschuk estableció, con el acuerdo de la fiscalía y las defensas, que la investigación se prolongue durante los próximos 45 día hábiles, que concluirán el 25 de abril próximo, fecha en la que además vencerán las dos medidas cautelares que impuso a las personas imputadas: la promesa de someterse al procedimiento y de no obstaculizar la actividad judicial en el caso y su sometimiento al cuidado o vigilancia de una institución, que serán las instituciones donde prestan servicio las personas imputadas para que de inmediato informen al juzgado y a la fiscalía cualquier tipo de modificación en sus situaciones.
La jueza rechazó el pedido de la fiscalía para que se les prohibiera la salida del país a los imputados. En la causa interviene también, como querellante, la comunidad kolla de Caspalá.
La fiscal Orsetti interviene en el caso con la asistencia de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), a cargo del fiscal nacional Sergio Rodríguez. De acuerdo con la fiscalía, las maniobras investigadas ocurrieron en el marco de la iniciativa del gobierno de la provincia de Jujuy para avanzar con las obras de la escuela sobre la cancha de fútbol de Caspalá, el único terreno nivelado del pueblo, que está a 4000 metros de altura sobre el nivel del mar. Según el expediente, el predio tiene yacimientos arqueológicos subterráneos.
La comunidad kolla protestó y el mes pasado se llegó a un acuerdo en la causa que tramita la justicia federal: el gobierno provincial se comprometió a retirarse de los predios ocupados y a regresar al estado de cosas preexistente.
El hecho se investiga como un presunto fraude a la administración pública en la construcción de la escuela, porque -de acuerdo con la hipótesis criminal- los funcionarios imputados sabían que la obra se erigía en un lugar no adecuado y se incluyeron datos falsos en la documentación oficial sin tomar las previsiones necesarias para la protección del patrimonio cultural.
La fiscal destacó que “no sólo el pueblo actual de Caspalá se encuentra total o parcialmente sobre un yacimiento arqueológico, sino que toda la zona es considerada como un área de alta sensibilidad arqueológica”. Evaluó que ello “no constituye una restricción absoluta para el desarrollo de infraestructura”, sino que “impone a la autoridad pública competente extremar recaudos específicos”, como “un estudio de impacto ambiental tendiente a identificar, predecir, evaluar y mitigar los potenciales impactos que un proyecto de obra o actividad puede causar al ambiente en el corto, mediano y largo plazo”, con el objeto de proteger el lugar.
“Claramente, dichas acciones no estuvieron presentes en este caso”, sostuvo Orsetti en las imputaciones formuladas.
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