Imputaron por "abuso sexual coactivo" al intendente de Río Grande acusado de pedir sexo a cambio de trabajo
LA NACION
El fiscal mayor del Distrito Judicial Norte de Tierra del Fuego , Guillermo Quadrini, imputó formalmente hoy al intendente de la ciudad de Río Grande , Gustavo Melella, por el presunto delito de "abuso sexual coactivo", en la causa que investiga si pidió favores sexuales a trabajadores indigentes a cambio de empleo.
Así lo confirmaron a la agencia Télam fuentes de la Justicia fueguina y detallaron que Quadrini realizó la imputación al suscribir un "requerimiento de instrucción penal" surgido de la denuncia presentada por el obrero de la construcción Mario Lovera, unas de las tres presuntas víctimas de Melella que dieron testimonio en sede judicial.
El fiscal sintetizó en su pedido de investigación, que el hecho vinculado con Lovera habría tenido lugar a mediados de 2016, "en circunstancias en que el denunciante se hizo presente en el domicilio de Melella, ubicado en el barrio de Chacra II (de Río Grande) y una vez allí, el intendente lo interrogó sobre su situación laboral y le ofreció desempeñar funciones en el Municipio de esa ciudad".
El obrero declaró que, entonces, Melella "lo obligó a materializar actos sexuales contra su voluntad frente al temor que implicaba negarse, dada su condición de Intendente y máxima autoridad de la ciudad".
Para Quadrini, los hechos descriptos y que forman parte del expediente "resultarían constitutivos del delito de abuso sexual bajo la modalidad de abuso sexual coactivo o intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad o de poder, previsto y reprimido en el artículo 119, primer párrafo, del Código Penal".
La Fiscalía entendió que esa figura legal lo es "sin perjuicio" de las que pudieran surgir durante la investigación.
A su vez, el fiscal le solicitó al juez de instrucción 2 de la ciudad, Raúl Sahade, que en adhesión a lo solicitado por el denunciante (ya constituido en parte querellante del caso) se le pidan informes a las compañías telefónicas a las que pertenecen los teléfonos de la víctima y el imputado, "con la finalidad de comprobar si existen comunicaciones que puedan estar relacionadas con la investigación".
También pidió un peritaje sobre el teléfono de Héctor Daldi, un empleado de planta política del Concejo Deliberante, que según Lovera actuó como emisario de Melella para ofrecerle dinero y trabajo a cambio de que retirara la denuncia.
En el caso de las otras dos víctimas: Alfredo Suasnabar, un trabajador de la construcción de 55 años, y Damián Rivas, un carpintero de 48, el fiscal Pablo Candela -que intervino primero en las actuaciones- desestimó la formación de una causa penal por entender que no se configuraba ni siquiera la sospecha del delito de abuso sexual.
Al respecto, la Justicia fueguina informó que ese dictamen de Candela, cuyo contenido se mantiene en secreto, se encuentra a consideración del juez Sahade, que todavía puede rechazarlo y correr una nueva vista a la Fiscalía.
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