Impulsan más controles a las escuchas judiciales

En un rápido trámite y con amplio consenso político, la Comisión de Justicia del Senado dio dictamen ayer a un proyecto que regula el control y manejo de las escuchas judiciales y aplica severas penas a quienes realicen un uso indebido de ese tipo de material.

La iniciativa recibió un rápido respaldo y fue aprobada por la comisión, en medio de fuertes críticas a la difusión periodística de escuchas, como las que ventilan los diálogos entre Cristina Kirchner y Oscar Parrilli.

Todo indica que el proyecto será aprobado en la próxima sesión del Senado, dado que fue respaldado por Cambiemos y el Bloque Justicialista. El kirchnerismo firmó en disidencia parcial.

Si bien la iniciativa convalida el decreto de Mauricio Macri que le quitó el manejo de las escuchas judiciales a la Procuración General y lo pasó a la Corte Suprema de Justicia, establece un novedoso nivel de responsabilidades en torno a la cadena de custodia que debe resguardar las intervenciones, que alcanza a jueces y fiscales.

Además de las penas para los responsables de violar la confidencialidad de las intervenciones judiciales, hasta un máximo de cuatro años de prisión, en el caso de magistrados y fiscales el proyecto establece que la ruptura de las normas de custodia deberán ser consideradas causal de mal desempeño, por lo que podrían ser acusados ante un jury.

Otra innovación es el límite a las intervenciones, que, salvo indicación en contrario y debidamente fundada por un juez, no podrán durar más de 30 días. Cumplido el plazo autorizado, se debe proceder a la inmediata desconexión.

"Es un proyecto enérgico, que impone una cadena de custodia muy estricta y un régimen de responsabilidades amplísimo de todos los actores que intervienen, incluidos jueces y fiscales", explicó Rodolfo Urtubey (PJ-Salta), autor de la iniciativa, junto con sus compañeros Miguel Pichetto (Río Negro), Carlos Espínola (Corrientes) y Pedro Guastavino (Entre Ríos).

La iniciativa fue apoyada por todos los bloques. El oficialista Ernesto Martínez (Córdoba) intentó endurecer aún más el capítulo punitivo, pretendiendo responsabilizar de manera objetiva a jueces y fiscales por las filtraciones. "Los que entregan [las escuchas] son jueces y fiscales en concupiscencia con los periodistas", se quejó.

El proyecto confirma a la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Corte como "único organismo del Estado autorizado" para administrar las intervenciones de comunicaciones privadas.

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