Impuesto a la riqueza: tributaristas advierten que enfrentará rechazos judiciales y demoras hasta mediados de 2021

La implementación del impuesto a la riqueza impulsado por Máximo Kirchner en el Congreso podría enfrentarse a serias demoras para ponerse en práctica, además de que se espera que haya una ola de demandas judiciales de aquellos contribuyentes que lo consideran confiscatorio.

Tributaristas consultados por LA NACION indicaron que si el Senado convierte en ley al proyecto en los próximos días, recién podrían comenzar a registrarse pagos entre febrero –en el escenario más optimista– y mediados de 2021.

Para entrar en vigencia, el proyecto de ley aprobado en Diputados, que prevé cobrar una tasa a aquellas personas físicas que hayan declarado más de 200 millones de pesos, tiene que ser sancionado por el Senado, publicado en el Boletín Oficial y reglamentado por la AFIP, que deberá "legislar" sobre aquellos aspectos que no están aclarados en el texto.

Así lo explica el tributarista César Litvin. "Después de la aprobación, la reglamentación va a llevar un mes como mínimo. Luego hay que darle tiempo al contribuyente para que presente su declaración jurada. Por los montos, deberá establecerse un amplio plan de pagos. Normalmente los contribuyentes no tienen su fortuna en efectivo, la tienen invertida. Con el viento a favor, a mucha velocidad y en el escenario más optimista, esto no pasará antes de febrero", explicó.

Al mismo tiempo surgen las dudas sobre qué estrategia utilizarán los contribuyentes para judicializar el nuevo impuesto y postergar los pagos.

El tributarista Iván Sasovsky señaló que podrían esgrimirse varios argumentos acompañados de pedidos judiciales de no innovar para que el fisco no reciba los pagos.

"Hay varias estrategias legales para judicializar una norma de estas características. Una es el pedido de declaración de certezas, para que se aclaren dudas sobre la ley, lo que puede implicar una medida cautelar [para que no se cobre]. Otra es que la persona puede no considerarse afectada por el impuesto porque el patrimonio está deprimido, por lo que esperará que se la fiscalice", dice Sasovsky.

Este último punto, indica el tributarista, es riesgoso porque el contribuyente puede terminar como sospechoso de realizar una maniobra para evitar pagar el impuesto y quedar alcanzado por el marco penal tributario.

La confiscatoriedad del impuesto, en tanto, sería uno de los argumentos más repetidos. De hecho, es uno de los planteos de Juntos por el Cambio para demostrar su rechazo al proyecto del kirchnerismo.

El desconocimiento de los alcances de la ley también puede generar demoras. Al considerarse los 200 millones de pesos como base imponible, se debe tener en cuenta ese valor en dólares. "Cuando se planteó esta ley, el monto era de 3.350.000 dólares. Hoy, tras las devaluaciones, es de 2.300.000 dólares. Hay gente que ni se imagina que puede estar alcanzada por el impuesto y probablemente sean más de 12.000", dijo Sasovsky, en referencia a la cantidad de gente que, según el Frente de Todos, sería alcanzada por la normativa.

Adriana Piano, socia de SMS–San Martín, Suárez y Asociados, advierte por lo "engorroso" que será el proceso para realizar las valuaciones del patrimonio de los contribuyentes.

La declaración jurada deberá realizarse una vez que entre en vigencia la ley. "El armado del patrimonio no es tarea fácil. Requiere documentar mucha información. Va a ser engorroso, por ejemplo, al momento de evaluar las acciones que no se incluyen en bienes personales porque lo liquida la propia sociedad. Puede que haya acciones de las que seas titular pero que no tengas el usufructo. Veo difícil que pueda cobrarse antes de junio o julio del año que viene", estimó.

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