Impuesto al tabaco: la historia de lobbies, denuncias cruzadas y sospechas de coimas detrás de la sorpresiva votación en Diputados

Partida en tres tercios, la Cámara de Diputados introdujo el capítulo tabacalero a la Ley Bases. Se trata de una modificación sobre el régimen impositivo del sector que despertó, en las últimas semanas, un fuerte lobby por parte de las empresas de cigarrillos, a la vez de acusaciones cruzadas entre los legisladores por alinearse o no con las grandes multinacionales o con Pablo Otero, el llamado “señor del tabaco”, dueño de la Tabacalera Sarandí. Los cambios que se introducen provocan que todos tengan la misma carga impositiva sobre sus productos.

Fueron años de pujas y de denuncias en la Justicia. En 2016, Tabacalera Sarandí, que en ese entonces tenía una mínima porción del mercado de cigarrillos, consiguió una cautelar en la Justicia en lo contencioso administrativo para no pagar el impuesto interno, modificado durante el gobierno de Mauricio Macri por decreto, argumentando que la colocaba en desventaja frente a las grandes corporaciones, que tenían cerca del 96% del consumo asegurado.

Sus fundamentos eran que la aplicación del tributo la dejaría en la quiebra y la industria se monopolizaría por completo. A esta le siguieron otras pymes, como For Men, Black Tobaccos, Nuevos Senderos, Deloren, Global Tabaco, Tabes Espert, Bronway Technology y Centro Tabacalera. Hoy, conforman el 40% del mercado, de acuerdo con estimaciones privadas. Sarandí pasó de apenas 2% al 25% de las ventas y el capital de Otero, su dueño, comenzó a ser cuestionado.

Debía haber regido la excepción hasta mayo de 2021, cuando la Corte Suprema dejó sin efecto la cautelar hasta que se resuelva la cuestión de fondo, lo que todavía no ocurrió. El saldo a favor para la AFIP se calculó –de manera retroactiva– en $40.000 millones de ese entonces. Pero el Estado nunca ejecutó la orden a su favor. Tampoco exige que paguen el impuesto mínimo hoy, como deberían de acuerdo con el máximo tribunal, en parte porque las empresas consiguen otras cautelares en otros juzgados.

El patrimonio de Otero creció exponencialmente. Él y su familia tienen, al menos, 19 sociedades en todo el mundo. En la Argentina, sus empresas más relevantes son Tabacalera Sarandí y Grupo Madero Sur, con el que controla a la primera y realiza inversiones en otras áreas (medios de comunicación). También controla Global Race, vinculada al automovilismo; Punt Vermell (producción y comercialización de obras y espectáculos) y Crossfinder SA (servicios de consultoría e informática). Casi todas comparten domicilio en Puerto Madero.

Como reveló Hugo Alconada Mon, la unidad antilavado (UIF) alertó a la Justicia federal que la fortuna que acumuló Otero, “el Señor del Tabaco”, no sólo proviene de la evasión recurrente y sistemática de impuestos que se prolongó durante años, sino que además resulta sospechosa. Más aún, reportó que su origen sería ilícito y expuso sus vínculos con un clan criminal, según surge de una copia de ese informe reservado que llegó a los tribunales de Bahía Blanca y obtuvo LA NACION.

En medio de la discusión en el Congreso, hubo denuncias cruzadas de los legisladores por supuesto lobby a favor de las tabacaleras. Uno de los diputados apuntados fue Cristian Ritondo, el jefe del bloque de Pro, quien habría transmitido la negativa de su bancada en las conversaciones con el Poder Ejecutivo. Otros diputados también apuntaron a Diego Santilli –quien lo negó–, a Carlos Castagneto, extitular de la AFIP durante el gobierno de Alberto Fernández, que no buscó cobrarle las deudas a Tabacalera Sarandí, y a Carlos Zapata, de La Libertad Avanza.

Dos días después de conocerse que el capítulo no estaría en la Ley Bases, una cámara empresaria formuló una denuncia penal en la Justicia por supuesto cohecho agravado, incumplimiento de los deberes de funcionario público, evasión, lavado de activos y otros delitos que pudieran surgir, en contra de Otero, de Castagneto y de otros dos funcionarios de la AFIP, un presunto comandante general de Gendarmería y quien sería un oficial de la Policía Federal Argentina.

La presentación, que fue hecha por Luis Eugenio Guinle, presidente de la Cámara Argentina Nacional de Empresas Tabacaleras, alude a que supuestamente recibieron en la casilla oficial del organismo, con copia a la Cámara de Industria del Tabaco y la Cámara de Salta, un mail en el que un anónimo daba cuenta de maniobras ilegales registradas en las últimas semanas relativas al presunto pago de coimas a diputados. La denuncia recayó en el juzgado de Daniel Rafecas y en la fiscalía de Carlos Rívolo.

Este capítulo estaba en la Ley Bases original, pero en la discusión de comisión se resolvió quitarlo. El Gobierno justificó la decisión en que se trataría por separado, pero crecieron las sospechas sobre la injerencia de la presión de Otero tanto en La Libertad Avanza como también en Pro, el aliado más firme del oficialismo en el Congreso. Justamente, el resultado de la votación para reintroducir las modificaciones a la industria dan cuenta de que logró aprobarse por una insólita cantidad de abstenciones sobre la materia.

En líneas generales, La Libertad Avanza y Pro votaron en contra (o en favor de mantener el régimen que beneficia a Otero), mientras que los diputados de bloques provinciales y la Coalición Cívica (quienes propusieron la introducción del capítulo) votaron a favor de reformar el régimen impositivo, mientras que la mayor parte de la izquierda y el Frente de Todos se abstuvieron. El resultado fue 82 votos afirmativos, 77 negativos y 69 abstenciones.

El impuesto, de pasar por el Senado, se elevaría a 73%. Con estos cambios, el impuesto mínimo dejaría de existir y todas las empresas pasarían a tributar lo mismo. Estos problemas en la industria del tabaco no competen solamente a las empresas, sino que le traen al Estado una recaudación inferior a la que podrían percibir de cobrar a todas las empresas el impuesto mínimo. Fuentes del sector estiman, y le acercaron al Gobierno, que la pérdida para el Estado habría sido de US$2000 millones en los últimos ocho años.

Llamó la atención que tanto Germán Martínez como Cecilia Moreau interrumpieron la votación a los gritos para hacer declaraciones. Moreau dijo: “A las cuatro de la tarde de ayer advertí que este enchastre de la papelera [sic] Sarandí y de Philip Morris iba a romper no solo los bloques, sino el Congreso. Terminaron en un enchastre”. Luego se abstuvo. “Lo que está pasando hace varias semanas es que hay un lobby infernal de tabacalera Sarandí y de Philip Morris. Me parece que ustedes, que tuvieron la idea original y dijeron de sacarlo ahora nos obligan a tomar posicionamiento sobre cosas que no se pudieron escuchar. Merece una reflexión distinta”, aseguró Martínez.

El texto que resultó aprobado consta de siete artículos, incrementa el impuesto al 73%, del 70% actual, y establece que el precio de venta sobre el cual se tributará será determinado por la AFIP con actualización trimestral en base al IPC que reporte el Indec. También establece requisitos para el transporte del tabaco que hoy no están siendo cumplidos por Sarandí.

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