Human Rights Watch criticó el nuevo reglamento para uso de armas de fuego de Patricia Bullrich
La organización dijo que la disposición tiene un lenguaje “amplio y vago” y que “permite abusos policiales”; la respuesta del Gobierno
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CORRESPONSAL EN EE.UU.Rafael Mathus Ruiz
WASHINGTON.- La organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW) criticó el nuevo reglamento del gobierno de Javier Milei para el uso de armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad: dijo que tiene un lenguaje “amplio y vago” y que “contraviene estándares básicos de derechos humanos y permite abusos policiales”.
HRW sostuvo que la resolución publicada el 14 de marzo de 2024 con la firma de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, “presenta vacíos legales y ambigüedades que podrían permitir que los agentes de seguridad usen las armas de fuego en un rango inaceptablemente amplio de circunstancias”.
“Las autoridades se deben asegurar de que quienes viven en Rosario y en otros lugares de la Argentina puedan desarrollar su vida diaria sin miedo a la inseguridad”, señaló en un comunicado Juanita Goebertus, directora para las Américas de Human Rights Watch. “Para alcanzar ese objetivo, el gobierno debería fortalecer la capacidad de la Justicia y prevenir el reclutamiento de bandas criminales. No abrir la puerta al uso excesivo de la fuerza”, agregó.
La nueva reglamentación que puso en marcha el Ministerio de Seguridad para empoderar a las fuerzas en su ofensiva para doblegar el delito es una “versión ampliada” de una resolución similar que Bullrich firmó durante el gobierno de Mauricio Macri. Ya por ese entonces, HRW “abogó por su modificación por tratarse de una norma contraria a estándares internacionales de derechos humanos”, indicó la organización.
Bullrich dijo que el nuevo reglamento era necesario porque las fuerzas de seguridad “estaban muy desorientadas” y remarcó que el uso de las armas de fuego ocurrirá cuando resulte imposible el uso de otros medios.
“Los agentes que nos defienden y se defienden de delincuentes necesitan que el gobierno los respalde en su tarea. No queremos policías presos por perseguirlos [a los delincuentes] ni delincuentes libres. Por eso, reglamentamos el uso de armas con pautas claras: actúen sin miedo para que no se salgan con la suya. Vamos a recuperar el orden y la paz en las calles”, dijo la Ministra de Seguridad en la red X.
La respuesta
Ante la consulta de LA NACION, en el Ministerio de Seguridad rechazaron las críticas de HRW y dijeron que el nuevo reglamento está en línea con los principios delineados por las Naciones Unidas y sigue los estándares internacionales.
“Ellos tienen una mirada diferente, como tienen algunos sectores de la sociedad, pero esa mirada es subjetiva. La ley te puede gustar o no, pero es la ley, y la ley establece estas pautas que nosotros incorporamos en el reglamento de uso de armas. No es vago, impreciso, es exactamente lo que dicen los principios básicos”, dijo Fernando Soto, director de normativa y enlace con el Poder Judicial. “Si un integrante de una fuerza cumple lo que establecimos como pautas, no va a haber un exceso, no va a haber un cumplimiento indebido”, indicó.
Pero Human Rights Watch sostuvo que “debido a su lenguaje amplio y vago, la resolución es incompatible con los estándares de derechos humanos que limitan el uso de armas de fuego”.
“La resolución no distingue entre el uso de armas de fuego y el uso letal intencional; es decir, entre disparar y disparar con la intención de matar. Se trata de una diferencia clave porque, incluso en los pocos casos en los que está justificado el uso de armas de fuego, los agentes no deben, por lo general, disparar a matar”, indicó la organización. El uso de armas con intención letal se permite únicamente cuando “sea estrictamente inevitable para proteger una vida”, de acuerdo con los principios básicos de las Naciones Unidas sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley, que, según indicó la organización, la resolución de Bullrich cita, “pero con los cuales no cumple”.
La resolución de Bullrich también permite que los agentes de las fuerzas de seguridad federales usen armas de fuego cuando “resulten ineficaces otros medios no violentos”, aunque no especifica que existen otros medios para el uso de la fuerza que deberían emplearse antes de recurrir a las armas de fuego, señaló también HRW. Según los principios básicos de la ONU, los agentes de seguridad sólo pueden emplear armas de fuego cuando “medidas menos extremas”, incluidas las no violentas y las violentas, resulten insuficientes. Esta disposición reconoce que las armas de fuego tienen más probabilidades de causar la muerte o lesiones que otros usos de la fuerza.
Human Rights Watch indicó también que la resolución “debilita la rendición de cuentas tanto administrativa como judicial de las fuerzas de seguridad por el uso de armas de fuego”.
Según la resolución, las autoridades de las fuerzas de seguridad no pueden adoptar “ninguna medida cautelar ni disciplinaria” contra un agente que se considere “verosímilmente” que cumplió con la resolución, a menos que la Justicia haya dictado una resolución judicial firme en contra de ese agente.
“Esto tornaría imposible que las autoridades apliquen medidas disciplinarias a los agentes hasta tanto no exista una condena penal firme. La resolución también elimina el requisito, establecido en la resolución de 2018, que ordenaba a las fuerzas de seguridad la “rápida realización de un informe” administrativo luego de que un agente utilice un arma de fuego causando lesiones o la muerte”, puntualizó la organización.
El Ministerio de Justicia, por su parte, ordenó la implementación, a partir de mayo, del sistema acusatorio en los procesos penales de la justicia federal de Rosario, como parte de una progresiva aplicación de este sistema en todo el país. De ponerse efectivamente en práctica, este cambio puede acelerar los casos penales y permitir distinguir con más claridad las funciones de jueces y fiscales. Pero las autoridades del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio de Justicia dijeron a Human Rights Watch que “hay pocos recursos adicionales disponibles para implementar el nuevo sistema”, señala el comunicado de la organización.
“El gobierno del presidente Milei debería garantizar la financiación, los recursos y la capacitación adecuada para asegurar investigaciones eficaces y respetuosas de los derechos en el marco del nuevo sistema acusatorio”, señaló Human Rights Watch.
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