Hotesur y Los Sauces: la absolución de Cristóbal López y De Sousa beneficia a Cristina Kirchner
La acusación por la defraudación que permitió a los empresarios retener el impuesto a los combustibles es uno de los delitos precedentes en el caso de lavado contra la vicepresidenta
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LA NACION
La absolución de los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, que multiplicaron sus negocios de la mano del kirchnerismo, beneficia directamente a Cristina Kirchner y sus hijos, Máximo y Florencia, en la causa en que se los investigó por lavado de dinero, los casos Hotesur y Los Sauces, por la que fueron sobreseídos la semana pasada.
Esto es así porque la defraudación por la que estaban acusados López y De Sousa fue considerada por la fiscalía como el delito precedente, que permitió acumular fondos, que se sospechaban de origen ilícito, producto de retener el impuesto a los combustibles, y retornar parte de ese dinero a la familia presidencial mediante el pago de alquileres a su empresa, Los Sauces. Ahora solo Ricardo Echegaray fue condenado por esa defraudación, como funcionario público que permitió que se otorgaran esas facilidades de pago y no los contribuyentes que las pidieron, que fueron absueltos.
Ahora, sin el delito precedente, la acusación de lavado sobre López y De Sousa podría desvanecerse. Al tiempo, se debilita la acusación sobre Cristina Kirchner y su familia. Solo quedaría en pie la acusación de recibir dádivas, entendidas por la acusación como los contratos de concesión con los que fue favorecido el grupo Indalo.
El caso Hotesur y Los Sauces se basa en acusaciones de lavado donde el dinero –sospechado de ilícito (delito precedente)– tiene dos orígenes. Por un lado está la maniobra de corrupción por la cual desde el Poder Ejecutivo Nacional, el Ministerio de Planificación, la Secretaría de Obras Públicas, la Dirección Nacional de Vialidad y la Administración General de Vialidad de Santa Cruz se montó una organización criminal orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional de prácticamente el 80% de las obras viales santacruceñas en favor de las empresas de Lázaro Báez. Esta es la causa conocida como Vialidad Nacional, donde Cristina Kirchner está siendo juzgada.
Por el otro lado, el origen del dinero a lavar provenía de la falta de cobro del impuesto a los combustibles líquidos por parte de la AFIP –dirigida por Ricardo Echegaray– y la apropiación de esos fondos por parte del grupo empresarial de Cristóbal López y De Sousa. Este segundo delito precedente existe porque fue cometido por Echegaray, para los jueces del tribunal, pero no existe para los empresarios su absolución, con lo que se debilita la acusación de blanqueo.
El mecanismo de lavado descrito por la acusación en el caso Hotesur consistía en el pago de alquileres por parte de Báez a la empresa valle Mitre, que administraba los hoteles de los Kirchner, y desde allí la transferencia de fondos a las cuentas de la empresa Hotesur y a las propias cuentas de la familia presidencial.
En el caso Los Sauces, el mecanismo de lavado descripto por la acusación fiscal consiste en que Cristina y Néstor Kirchner “montaron un circuito económico basado en la actividad inmobiliaria y hotelera que les permitió canalizar regularmente fondos desde las empresas contratistas del Estado y sus vinculadas, a favor de la empresa Los Sauces, constituida por los expresidentes y su hijo Máximo -y a la que luego ingresaría su hija Florencia-, que se encargaría en lo sucesivo de recibir el dinero proveniente de los ‘empresarios amigos’ y aplicarlo al negocio hotelero e inmobiliario, en lo que se conoce como un proceso de reciclaje”.
En el caso de Los Sauces la acusación se basa en el alquiler a Indalo de dos departamentos en Puerto Madero junto con cocheras y bauleras. Los inquilinos eran dos empresas del Grupo Indalo -Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia-, quienes abonaron mes a mes el canon por el alquiler de los inmuebles pertenecientes a la sociedad de los expresidentes y sus hijos”.
En la apelación del sobreseimiento de la vicepresidenta, el fiscal Diego Velasco dijo que “ha investigado cómo simultáneamente los referidos empresarios alquilaban propiedades a los expresidentes las que resultaban innecesarias o más costosas que los valores de mercado, aquellos recibieron beneficios y favorecimientos en diferentes áreas del Estado, y a su vez cómo esas empresas transferían parte de los fondos habidos a favor de las empresas Inversora M&S y Álcalis de la Patagonia, que eran las que alquilaban las propiedades de Los Sauces.
En 2009, la constructora del grupo, CPC SA, resultó beneficiaria de distintos contratos de obra pública vial por montos millonarios, y esa empresa canalizó más de 50 millones de pesos a favor de Inversora M&S, que a su vez le inyectaba fondos a Los Sauces por el alquiler de los departamentos.
En este mismo escrito el fiscal destacó cómo entre 2011 y 2015 se instrumentó desde la AFIP y a través del Impuesto a los Combustibles Líquidos que debía pagar la empresa petrolera Oil Combustibles, también perteneciente a López y de Sousa, “una maniobra por la cual aquella empresa dejó de pagar y no le fue reclamado por los funcionarios más de 8 mil millones, de pesos de dicho tributo. Además, se pudo establecer cómo parte de esos fondos fueron transferidos desde la empresa petrolera a favor de la firma Inversora M&S, que recibió más de 3 mil millones de pesos, e indirectamente –esto es, a través de otras firmas del grupo– a la empresa Álcalis de la Patagonia, a la que le inyectó 124 millones de pesos, lo que en definitiva permitió verificar la ruta de los fondos que finalmente desembocaban en Los Sauces”.
Este tramo de la operatoria de las empresas de Indalo es sobre la que se dispuso la absolución.
Solo queda en pie entonces, con respecto a Cristóbal López en el caso Hotesur y Los Sauces, la acusación de haber ofrecido dádivas a Cristina Kirchner “como consecuencia de los distintos contratos y beneficios impositivos otorgados a sus empresas”. Una diferencia sustancial con lo que ocurría en este caso hace una semana atrás.
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