Hotesur-Los Sauces, un juicio sin fecha y cargado de incógnitas
Hasta hoy, Hotesur y Los Sauces, los casos que investigan los negocios hoteleros de la familia Kirchner, son dos expedientes separados. Solo serán uno el día en que las dos causas estén en igual condiciones de avance y listas para que empiece el juicio oral. Cuándo será eso es un misterio.
No va a ser en 2020, coinciden distintos actores del caso. "La idea era que a fin de este año pudiera estar terminada la prueba, pero eso era antes del coronavirus. Ahora hay que calcular un corrimiento de todo de unos seis meses", dijo a LA NACION un funcionario del caso. En Hotesur falta que se presente un peritaje y que lleguen informes pedidos por las partes. En Los Sauces también hay un peritaje pendiente, que todavía no empezó: el tribunal no llegó a responder si acepta a los peritos propuestos ni están cerrados los "puntos de pericia" a contestar. La feria por el coronavirus frenó los trámites.
Esta semana uno de los actores del caso renunció. Félix Crous, titular de la Oficina Anticorrupción, decidió que el organismo deje de ser querellante en las causas. En los últimos tiempos, también hubo cambios en la organización interna del tribunal.
Por sorteo, entre las tres vocalías, la que lleva desde los inicios Hotesur-Los Sauces es la de Daniel Obligado, miembro del TOF 5 desde hace doce años, que en abril apareció en las noticias cuando le concedió el arresto domiciliario a Amado Boudou. Hoy, los secretarios que llevan el caso son los de su vocalía. Antes, la llevaban también otros secretarios del tribunal. Este cambio generó tensiones internas.
El TOF 5 modificó su composición a fines del año pasado. Desde diciembre de 2019 está formado por Adriana Palliotti, Obligado y Adrián Grünberg, que reemplazó a José Martínez Sobrino. Dos jueces de perfiles muy distintos. Martínez Sobrino fue un activo dirigente de la lista Bordó de la Asociación de Magistrados, una línea entre los jueces que fue siempre muy crítica de la relación de los Kirchner con los tribunales y a la que el kirchnerismo acusa de corporativa. Grünberg, en cambio, fue uno de los magistrados que participaron en los orígenes de Justicia Legítima, una agrupación que apoyó el proyecto de "democratización de la Justicia" de Cristina Kirchner y nació como contraposición a la Asociación de Magistrados.
Pero la conformación con Paliotti, Obligado y Grünberg no está claro que vaya a ser la que afronte un futuro juicio. El cargo que cubre Grünberg -y que antes cubrió Martínez Sobrino- está vacante. Grünberg, como subrogante, lo ocupa por un año, prorrogable por otro más. El año pasado, la Cámara Federal de Casación estableció que los subrogantes deben seguir interviniendo solo en los juicios en curso y en los que ya tengan fijada "fecha de inicio de audiencia de debate". Esto quiere decir que Grünberg podría seguir interviniendo en Hotesur-Los Sauces, como máximo, hasta noviembre de 2021 o hasta que el juicio termine, si es que se fija la fecha de inicio antes del final de su subrogancia.
Eso siempre y cuando no se nombre antes a un nuevo juez titular del TOF 5, algo que tampoco va a pasar en el corto plazo. El concurso para cubrir la vacante es el 389 del Consejo de la Magistratura, que originalmente debía terminar antes del 26 de diciembre de 2018. Es un concurso múltiple, del que saldrán los postulantes para, en total, siete cargos en los tribunales orales federales. Ya se analizaron los antecedentes de los postulantes y se tomaron los exámenes (hace más de un año, en abril de 2019, los jurados presentaron las notas), y el trámite está ahora para "resolver impugnaciones al orden de mérito provisorio". Es otro proceso que hoy también está frenado como consecuencia de la pandemia.
Otras noticias de La corrupción K
Más leídas de Política
Análisis. Milei, entre Lula y el Gordo Dan
"Guardia pretoriana". Preocupación en los intelectuales por la idea de crear “un brazo armado libertario” para defender al Gobierno
"Ficha limpia". Fracasó la sesión para discutir el proyecto que preocupa al kirchnerismo
Senado. Impulsan un proyecto para penalizar las falsas denuncias por violencia de genero