Hotesur-Los Sauces: el fiscal ante la Casación pidió anular el sobreseimiento de Cristina Kirchner y sus hijos y hacer el juicio oral

El fiscal ante la Cámara de Casación Mario Villar reclamó anular el sobreseimiento de Cristina Kirchner y de sus hijos Máximo y Florencia en la causa Hotesur y Los Sauces y pidió que se realice el juicio oral y público, que abarca además a los empresarios Lázaro Báez y Cristóbal López. La vicepresidente, sus hijos y los empresarios habían sido investigados por presunto lavado de dinero. Dijo que el único norte que tenían los jueces Daniel Obligado y Adrián Grumberg al sobreseer a Cristina Kirchner era cerrar la causa.

Villar presentó sus argumentos ante los jueces de la Sala I de la Cámara de Casación, que deben resolver en este caso. Se trata de los jueces Diego Barroetaveña, Daniel Petrone y Ana María Figueroa.

El fiscal dijo que el sobreseimiento de Cristina Kirchner “pone en evidencia que se trata de un producto de la exclusiva voluntad de los jueces o en un mero capricho del juzgador, es decir, no constituye una derivación razonada del derecho vigente”.

Dijo Villar que la sentencia es arbitraria, dedicó una decena de páginas a explicar las razones de esa arbitrariedad pero además indicó que la apelación del fallo “reviste gravedad institucional”, ya que “excede el mero interés de las partes y se proyecta sobre el interés de toda la comunidad”, pues involucra incumplimiento de pactos internacionales contra la corrupción y el lavado de dinero.

“La afectación al principio de división de poderes que deriva de que un tribunal resuelva este caso con base en su sola voluntad, sin acudir al derecho vigente, constituye otro supuesto de suma gravedad institucional”, abundó Villar.

Villar fue duro con Grumberg y Obligado. Dijo que “en cada uno de los fundamentos se percibe a simple vista que la única coherencia que poseen es su unidad de dirección hacia cerrar la causa”.

El sobreseimiento, dijo, “esconde a la sociedad aquello que en un debate oral y público se puede apreciar a plena luz del día, allí se podrá determinar si las imputaciones gravísimas que están en juego en esta causa son verdaderas o no, si pueden probarse más allá de toda duda razonable”.

Por eso finalizó su escrito así: “No hay derecho en esta aparente sentencia, apartémosla del camino del debido proceso, que se produzca el debate”.

Aseguró que el sobreseimiento de Cristina Kirchner se basó en decir que había prueba nueva (los autos de elevación a juicio) que demostrarían que el caso Hotesur y Los Sauces no es delito. “Llama la atención la asertividad de la conclusión a la que la mayoría del Tribunal llega para habilitar la oportunidad procesal para dictar el sobreseimiento de los imputados a poco que se repara en la endeblez de los argumentos en que pretenden fundarse”, consideró y habló de un “quiebre lógico” en el fallo ya que no hay tales elementos novedosos.

Además estos requerimientos de elevación a juicio a tal punto no eran novedosos ni justificaban darse cuenta de que ahora de que no había delito, que ya habían sido analizados por los mismos jueces con anterioridad al sobreseimiento.

Analizó el fiscal del delito de blanqueo de capitales lavado y concluyó que “los sucesos imputados de lavado constituyen un delito de Estado. Cada operación comercial realizada con los inmuebles adquiridos por la familia Kirchner habría determinado la puesta en circulación en el mercado de bienes de origen ilícito e implicado la creación de un nuevo riesgo jurídicamente desaprobado vinculado a la posibilidad de que esos bienes adquieran la apariencia de un origen lícito”, explicó.

Descalificó el argumento de los jueces que sobreseyeron, cuando señalaron que como se trata de dinero bancarizado y del Estado es dinero blanco. Sin embargo Villar explicó que ello no obsta a que tuviera un origen delictivo. Por ejemplo las licitaciones están sospechadas de tener “sobreprecios, prórrogas reiteradas sin justificación válida, canal de pago preferencial a diferencia de otros contratistas, concurrencia múltiple de empresas del mismo grupo a una misma licitación, simulación de competencia, procedimientos en tiempo récord, falta de sanciones por incumplimiento y de controles, adelantos de obras que no habían comenzado, entre otras”.

Al filo del vencimiento del plazo para presentar sus argumentos, las defensas también expusieron sus “breves notas” y ahora los jueces están en condiciones de decidir si revocan o anulan el sobreseimiento y ordenan que se haga el juicio oral o si confirman el fallo anterior. Excepto que algún abogado pida una audiencia, con lo que previamente debería hacerse una vista oral antes de fallar.

El 26 de noviembre del año pasado la vicepresidenta, sus hijos, Máximo y Florencia, y el resto de los acusados en Hotesur y Los Sauces fueron sobreseídos por el Tribunal Oral Federal N°5. La decisión fue tomada por los jueces Adrián Grünberg y Daniel Obligado y con el voto en disidencia de la jueza Adriana Palliotti que se pronunció por rechazar el planteo y por avanzar hacia el juicio oral.

Es el tercer expediente en el que Cristina Kirchner fue sobreseída en el año pasado sin llegar a juicio. Los otros dos son los casos de dólar futuro y la causa por la firma del memorándum con Irán.

El fiscal del caso Diego Velasco apeló el sobreseimiento y ahora el fiscal ante la Casación Mario Villar sostuvo y amplió con sus argumentos la apelación en 105 carillas, ahora en manos de los jueces.

Villar argumentó la resolución impugnada por errónea aplicación de la ley penal, procesal penal y por arbitrariedad de sentencia” y “descalificar el fallo como un acto jurisdiccional válido” y que se declare “”su nulidad”. Asimismo pidió “ordenar la continuación del presente proceso hacia la etapa de debate oral y público”.

Y como colofón reclamó “apartar de la causa a los jueces que integraron la mayoría del Tribunal Oral Federal N° 5 en la resolución impugnada”, es decir Grumberg y Obligado.

En su escrito, Villar sintetizó los argumentos de Velasco para apelar y los que expusieron en la investigación y elevación a juicio del caso los fiscales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahiques. Alli expresaron que las maniobras de este casi están vinculadas con las que se investigan en la causa de Vialidad Nacional, donde Cristina Kirchner es juzgada actualmente.

Los involucrados

Dijo que es “estructura asociativa de carácter estable y permanente, organizada en base a una clara división de roles concretamente definidos y sostenida en forma ininterrumpida cuanto menos desde el 8 de mayo de 2003 hasta el 14 de diciembre de 2016, la cual tenía por objeto la comisión de múltiples delitos que permitirían apoderarse ilegítimamente y de forma deliberada de cuantiosas sumas de dinero del erario público”. Y que sus integrantes eran Néstor Carlos Kirchner y Cristina Kirchner como jefes, mientras que como organizadores habrían tomado intervención Máximo Kirchner; Julio Miguel De Vido; José Francisco López; Carlos Santiago Kirchner; Guillermo Periotti; Alberto Sancho; Lázaro Antonio Báez; Osvaldo Sanfelice; Víctor Alejandro Manzanares; Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Sousa. También integrarían dicha asociación, esta vez en calidad de miembros, Florencia Kirchner; Romina de los Ángeles Mercado; Martín Báez; Emilio Carlos Martín; Jorge Marcelo Ludueña y Ricardo Leandro Albornoz.

Enumeró que en una primera etapa la organización diseñó una “cuidadosa ingeniería societaria, contable y legal que sería utilizada para sustraer los fondos públicos del Estado Nacional y, posteriormente, apoderáselos mediante distintos mecanismos de lavado de dinero”.

“En una segunda etapa, la asociación habría elaborado un sistema destinado a transferir y disimular el origen ilícito de parte de las ganancias obtenidas de los empresarios Báez, López y De Sousa al patrimonio de la familia Kirchner por medio de una serie de préstamos, compra de propiedades, alquileres de distintos complejos hoteleros de propiedad de estos últimos, la construcción de mejoras en dichos establecimientos y el alquiler de propiedades del núcleo familiar”, escribió. Esta última parte es la que se investiga en el caso Hotesur y Los Sauces.

Dice la acusación que “la asociación se habría apoderado de parte de los fondos que el Estado Nacional asignó para la realización de obras públicas en la provincia de Santa Cruz, para lo cual erigió a Lázaro Báez como el principal beneficiario de las diversas obras públicas adjudicadas, mediante procedimientos licitatorios plagados de irregularidades, durante el 12 años. La otra maniobra que mencionan los fiscales es “el apoderamiento de los fondos públicos el Estado Nacional debía recibir en concepto de Impuesto a los Combustibles Líquidos que los imputados Cristóbal Manuel López y Carlos Fabián De Sousa habrían retenido por la venta minorista de combustible de cada una de las estaciones de servicio que el grupo empresario adquirió de la firma Petrobras”. Por esta causa López y De Sousa fueron absueltos y fue condenado Ricardo Echegaray, como administrador de la AFIP.”

A partir de allí se activa la segunda etapa, dicen los fiscales, con “un sistema de retorno a la familia Kirchner de parte de los fondos que la organización se habría apropiado en forma ilícita del Estado Nacional, para lo cual resultaba necesario legitimar la recepción del dinero merced a la simulación de diversos contratos de alquiler de las propiedades que integran el patrimonio del grupo económico Kirchner, especialmente la habitaciones del Hotel Alto Calafate, Las Dunas, La Aldea del Chalten, y los departamentos de Puerto Madero”. Este es el meollo de este caso que Villar quiere que vaya a juicio oral.

Dijo Villar que ahora los jueces hicieron un “abuso inflacionario“ del instituto de la falta de acción y no lo hicieron antes, en el momento de analizar si había o no delito.

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