Hostigamiento, amenazas y traslados: cómo vivió estos meses el equipo de Campagnoli
Los colaboradores del fiscal fueron reubicados en otros edificios; aseguran que sus tareas cambiaron y denuncian un estricto control; los reemplazantes del fiscal responden que fueron maltratados
En diciembre, el fiscal José María Campagnoli fue suspendido, cuestionado por su jefa, la procuradora general Alejandra Gils Carbó , por investigar a Lázaro Báez. En febrero, varios de sus colaboradores fueron mudados a otras oficinas. La semana pasada, un nuevo capítulo se sumó a la saga de eventos: ocho de los principales empleados judiciales que trabajaban en la fiscalía de Saavedra-Núñez fueron trasladados a otras dependencias, en contra de su voluntad.
Mientras el Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público define la situación de Campagnoli, sus empleados judiciales denuncian una "persecución", una campaña de difamación, amenazas de despidos y la reubicación de sus lugares de trabajo. Fue la misma Gils Carbó, quien firmó las notificaciones para que varios de ellos dejen de colaborar con el fiscal.
"Sin saber cuál va a ser el futuro de Campagnoli, consiguieron desguazar a su equipo de trabajo", dijo a LA NACION Ignacio Rodríguez Varela, secretario letrado de Campagnoli desde hace 21 años.
Por su parte, los funcionarios que reemplazan al fiscal en sus funciones responden que ellos también vivieron momentos difíciles. "Los empleados me hostigaron. Dejaban cerrado bajo llave el baño y la cocina de la fiscalía para que yo no pudiera entrar", ilustró Cristina Caamaño la coadyuvante de Campagnoli en la fiscalía de Saavedra-Núñez.
Primero, oficinas separadas
Cuando Campagnoli dejó de trabajar, su equipo de 20 miembros fue partido en dos. Desde entonces, 13 de sus colaboradores realizan sus tareas en el edificio de la fiscalía de la calle Arias, y siete en el Archivo de la Secretaría de Investigaciones Penales (SIPE) en Tucumán 966. En diálogo con LA NACION, los funcionarios aseguraron que sus labores cambiaron abruptamente y que ahora "sólo se dedican a mirar videos".
"Hacemos análisis de imágenes tomadas por cámaras de seguridad, como si fuéramos auxiliares de la Justicia. Han cambiado nuestras funciones", denunciaron.
Revelaron que, por primera vez desde su creación, el trabajo de la SIPE no fue publicado en el Informe Anual de 2013 de la Procuraduría. "Aún cuando los auspiciosos resultados estaban a la vista, hicieron de cuenta que nuestro trabajo no valió nada", dijeron.
Tensión con los reemplazantes
Los empleados que trabajaban con Campagnoli denunciaron que existe una "campaña de desprestigio" a través de la página web del Ministerio Público que, dicen, es usada para "escracharlos". En particular, a través de una carta del titular de la SIPE de la calle Tucumán, Norberto Sagretti, donde se los acusa de haber permitido el ingreso de un grupo de periodistas del programa La Cornisa.
"No hago ninguna persecución", se defendió Sagretti en diálogo con LA NACION. "Acá pasaban periodistas y se hacían notas en la oficina y yo, que era el director, me enteraba después. Tengo que velar por cuestiones disciplinarias con los empleados que vinieron", dijo, sobre la mudanza del grupo de funcionarios de Campagnoli.
En tanto, según fuentes consultadas por este medio, se destinó un nuevo empleado a la entrada del edificio de la calle Tucumán para que controle los horarios de los ingresos y egresos. Sagretti confirmó la reciente designación. "Como en toda oficina pública, hay que controlar quién entra", informó.
El equipo de Campagnoli también vivió fuertes entredichos con Caamaño, la reemplazante del fiscal en Núñez. Los empleados históricos denunciaron que la funcionaria amenazó con despedirlos. A su vez, Caamaño manifestó a LA NACION: "El día que instalaron mi computadora, cortaron la luz. Y desde que llegué se limitaron a trabajar a reglamento".
Traslados forzados
Los episodios de tensión tuvieron un último capítulo hace una semana. Rodríguez Varela, el histórico colaborador de Campagnoli en la fiscalía de Saavedra, recibió el viernes pasado una notificación de su jefa máxima, Gils Carbó, en la que le informaba que debía trasladarse a otra dependencia. "Habiéndose tornado inviable una convivencia armónica cabe disponer su reubicación laboral", manifestó en la nota la funcionaria afín al kirchnerismo.
Rodríguez Varela consideró: "Es evidente que la medida tiene una función sancionatoria, no existen los traslados compulsivos como este".
Una nota calcada fue enviada por la Procuraduría a otros ocho integrantes del equipo de Campagnoli: el oficial Andrés Rimoldi, el prosecretario Andrés Galarte, el secretario Manuel Espinal, la secretaria Romina Del Buono (que trabajaban en la fiscalía de Saavedra), y los funcionarios Rodríguez Varela, Guido Sassoli, Juan Manuel de la Torre y Elías Collado (que se desempeñaban en la oficina de la calle Tucumán).
"Hace tres meses vengo solicitando que los trasladen a otra área. No reconocen a otro jefe que no sea Campagnoli", reconoció el titular de la SIPE, Sagretti.
Rimoldi, uno de los empleados trasladados, se lamentó ante este medio: "Campagnoli tenía un grupo de enorme compañerismo y todos estábamos orgullosos de trabajar con él. Ahora nos echaron como ratas".
La carta de Gils Carbó
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