Horacio Rosatti llamó a Aníbal Fernández y le pidió protección a los jueces de Santa Fe

El presidente de la Corte Suprema, Horacio Rosatti, se comunicó con el ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, para pedirle que el gobierno nacional proteja a los jueces y fiscales federales de la provincia de Santa Fe que la semana pasada fueron objeto de amenazas de muerte. El funcionario se comprometió a intensificar la protección, dijeron a LA NACION fuentes del máximo tribunal.

El jueves de la semana pasada, el juez federal de Venado Tuerto, Aurelio Cuello Murúa; el fiscal federal Javier Arzubi Calvo; la fiscal del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Susana Pepino y el intendente de Venado Tuerto, Leonel Chiarella, fueron amenazados de muerte mediante un WhatsApp enviado al senador provincial Lisandro Enrico. Les mandaron una foto de una pistola Bersa y les prometieron “balas y granadas”.

Esta intimidación se suma a los ataques a tiros contra dependencias judiciales y canales de TV y a las amenazas contra jueces y periodistas protagonistas de investigaciones relacionadas con el narcotráfico.

Rosatti se comunicó el sábado por la mañana con el juez Cuello Murúa, que el día anterior había indagado a un hombre acusado de narcotráfico y sospechado de haber intimidado, justamente, a funcionarios judiciales y policiales.

Rosatti se solidarizó con Cuello Murúa y se comprometió a respaldar a los magistrados y a reclamar a las autoridades nacionales que refuercen su seguridad. Fue por eso que hoy -en nombre de todos los jueces de la Corte- se comunicó con el ministro Aníbal Fernández, quien prometió intensificar la custodia sobre los jueces federales de Venado Tuerto, Rosario, Santa Fe, Rafaela y Reconquista.

Fernández le dijo a Rosatti que el jefe de la Policía Federal, comisario general Juan Carlos Hernández, había viajado el fin de semana a Venado Tuerto y se había entrevistado con el juez Cuello Murúa para darle garantías personalmente de que se iba a reforzar su seguridad personal.

El ministro asimismo, entendió que a la presencia actual en Rosario y Santa Fe, le iban a sumar efectivos en Reconquista, en Rafaela y en Venado Tuerto.

Con respecto al fiscal Arzubi Calvo, el viernes de la semana pasada la Procuración General de la Nación, a cargo de Eduardo Casal, ordenó realizar un análisis de riesgo para reforzar su custodia personal. Funcionarios de la Procuración se comunicaron con el fiscal para ofrecerle mayor seguridad. Estas iniciativas se suman a las reuniones de fiscales con sus colegas santafesinos para trabajar de manera conjunta con los fiscales provinciales.

El pedido de los procuradores

En tanto, los Procuradores y Fiscales Generales de todas las provincias y los Defensores y Asesores generales de la República Argentina y del Consejo Federal de Política Criminal reaccionaron ante las amenazas y pidieron una “política de Estado que decididamente opere de manera conjunta y coordinada entre los Estados provinciales y la Nación, en sus tres Poderes”.

“No existe posibilidad alguna de controlar esta calamidad que trae aparejada el narcotráfico si no se implementa en la temática una estrategia conjunta que aborde la problemática de manera federal”, reclamaron en una elíptica referencia al ministro Aníbal Fernández que le había pedido al gobernador de Santa Fe, Oscar Perotti, que resolviera el asunto con su propia policía.

Dijeron que es “necesario y urgente”, la adopción de “medidas de fondo que emerjan como verdaderas políticas de Estado”, dada la capacidad del narcotráfico para corromper y llevar a la instalación de un “Estado paralelo en ciertos ámbitos geográficos que, de no ser neutralizado, indefectiblemente acabará con las instituciones de la república”.

Reclamo de los jueces

La comunicación de Rosatti con Aníbal Fernández se dio luego de una serie de reclamos de las diversas listas que integran la Asociación de Magistrados para que el Gobierno garantice la seguridad de los jueces. El vieres pasado la jueza Alejandra Provítola, consejera de la magistratura por la lista Compromiso Judicial exigió que “las autoridades pertinentes adopten las medidas de resguardo necesarias para los colegas que sufren amenazas, propias de las mafias que nos pretenden atemorizar”.

“Nuestra seguridad e independencia no son negociables y deben ser garantizadas de manera urgente, porque de eso depende que podamos tomar decisiones jurisdiccionales con libertad, libres de cualquier presión” y dijo que “si amenazan a un juez amenazan a todos”.

Al mismo tiempo que el juez federal Alberto Lugones, que integra el Consejo de la Magistratura, le pidió a Rosatti que solicitara al gobierno nacional y local garantizar la protección de los jueces, fiscales y defensores de la provincia de Santa Fe, que son objeto de amenazas.

En su nota a Rosatti, el juez Lugones expresó que reclamaba la atención del juez en tanto presidente del Consejo de la Magistratura “en relación con la alarmante situación en materia de seguridad que atraviesa desde hace tiempo y con un dramático incremento la Provincia de Santa Fe”.

Y le pidió que “de manera urgente” solicitara a las “autoridades nacionales, provinciales y municipales” garantizar la “debida protección y seguridad de los integrantes de los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos Fiscales y de la Defensa, así como también de sus oficinas judiciales”.

Lugones es consejero en representación del estamento de los jueces en el Consejo de la Magistratura e integra la Lista Celeste.

La semana pasada, el presidente de la Asociación de Magistrados, Marcelo Gallo Tagle, que integra la lista Bordó del organismo, expresó que “los jueces, fiscales y funcionarios de la Justicia deben tener garantizada su seguridad para poder ejercer sus tareas de manera independiente y sin que su vida esté en juego”.

“Nos preocupan seriamente los sucesos en Santa Fe y los ataques a la Justicia”, había afirmado y reclamó lo mismo que ahora Lugones: “El Poder Ejecutivo tanto Nacional como Provincial debe tomar cartas en el asunto y dar garantías de que se va a velar por la integridad de todos los jueces, fiscales y funcionarios de la Justicia que fueron amenazados”.

Dijo que estas intimidaciones “no pueden quedar impunes” porque “un juez no puede llevar adelante sus funciones bajo amenaza inminente de muerte y sin un resguardo de su integridad física”.

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