Horacio Rodríguez Larreta está dispuesto a ir a fondo en la pelea con Alberto Fernández por las clases presenciales

En una de sus decisiones políticas más resonantes, el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, ratificó anoche la continuidad de las clases presenciales en la Ciudad, pese al fallo del juez federal Esteban Furnari, que dio por válido el DNU de Alberto Fernández que dispuso el cierre de las aulas en el AMBA.

Anoche, luego de que se conociera la resolución judicial de Furnari, quien cuestionó el fallo de la Sala IV de la Cámara de apelaciones porteña que ordenó el domingo a la ciudad que garantizara la presencialidad escolar, Rodríguez Larreta organizó una reunión de urgencia con su mesa chica, el procurador general porteño, Gustavo Astarloa, y el equipo de abogados de la administración porteña para definir los próximos pasos.

Tras ese encuentro, en el que analizaron los aspectos legales de la decisión, Larreta optó por ir a fondo en su pelea contra la Casa Rosada por las clases: emitió un comunicado en el que ratificó que mantendrá la presencialidad hasta que se expida la Corte Suprema de Justicia. En la ciudad no esperan que el máximo tribunal falle antes del viernes o la próxima semana, ya que los jueces le dieron al Gobierno cinco días para aportar sus fundamentos.

“Nos pusieron en una situación en la que teníamos que desobedecer un fallo u otro. En el mismo fallo, Furnari dice que es incompetente. Es un mamarracho. Nos quedamos con el que tenía más sustento legal y el que mantenía a los chicos en las aulas”, apunta un funcionario cercano a Larreta.

Quienes hablaron con el alcalde durante las últimas horas lo notaron “convencido” de su decisión. “Cree que lo último que hay que tocar en este momento de la pandemia y la crisis económica es la educación”, aseguran desde la sede de la administración porteña en Parque Patricios.

En la cumbre con sus colaboradores más estrechos - el vicejefe, Diego Santilli, el jefe de Gabinete, Felipe Miguel, y el secretario general y de Relaciones Internacionales, Fernando Straface, entre otros- y los abogados de la Ciudad, el jefe de gobierno debía tomar una decisión a contrarreloj. “Lo primero que pensamos era que no había que demorar, para darle certidumbre a las familias”, comentan en el Ejecutivo porteño.

Mientras Larreta deliberaba con sus asesores si acataba o no el fallo de Furnari, en algunos barrios de la Capital resonaban fuertes cacerolazos contra la decisión judicial. “Vamos a sostener la presencialidad hasta que se expida la Corte. Si aceptábamos el de fallo de Furnari, estábamos retrocediendo en la lucha por la autonomía de la Ciudad”, remarca un funcionario porteño.

En la ciudad no los tomó por sorpresa la resolución del juez Furnari. Desde el mediodía de ayer en la cúpula del gobierno porteño esperaban un posible revés del magistrado. Y hablan de presiones del kirchnerismo para que Furnari avalara la postura de la Casa Rosada.

Estrategia

Tras la decisión de Larreta de no acatar el fallo, que generó un debate jurídico entre abogados y constitucionalistas, desde el Gobierno acusaron al alcalde porteño de incurrir en el delito de desobediencia. En la Ciudad definieron que el procurador Astarloa y Jorge Djivaris, subsecretario de Justicia, serían los encargados de explicar la medida en los medios. Larreta, que hará recorridas por centros de testeos y un colegio sin prensa, y sus ministros se guardarán. Y no replicarán las críticas de la Casa Rosada. “No vamos a engancharnos ni a entrar en la chicana barata ni el golpe por golpe. Queremos demostrar que somos distintos”, dicen desde Uspallata.

Para Astarloa, Larreta no desobedece un fallo porque “no le gusta”, sino porque hay “un conflicto de competencia donde dos jueces de distintas jurisdicciones entienden que el fallo que dictó es el que corresponde”. “Acá nos estamos manejando con estricto apego a la legalidad, el primer fallo es el válido, el vigente. En la decisión conocida anoche hay un exceso de jurisdicción y un abuso de autoridad”, afirmó el procurador de la ciudad, en diálogo con TN.

Además, Astarloa, que participa hoy de la audiencia de conciliación en la Corte por el recorte de los fondos de coparticipación a la Ciudad, consideró que “no correspondería de ninguna manera que se inicie alguna acción penal contra funcionarios de la Ciudad” por la decisión de mantener las clases abiertas.

Sin embargo, Larreta acumula denuncias penales en los tribunales de Comodoro Py: algunas de las presentaciones fueron impulsadas por ATE Capital, una asociación civil y particulares.

Desde el kirchnerismo acusaron a Larreta de “poner en riesgo” a los porteños. “Este gravísimo hecho implica institucionalizar la desobediencia civil que Juntos por el Cambio viene promoviendo hace tiempo, con las consiguientes consecuencias para la salud y la vida de los habitantes de nuestra Ciudad”, expresó el bloque de legisladores porteños del Frente de Todos, que conduce el albertista Claudio Ferreño, en un comunicado.

La controvertida decisión del alcalde porteño también generó distintas interpretaciones entre los constitucionalistas. Mientras que el abogado Andrés Gil Domínguez opinó que Larreta “está incurriendo en un delito de desobediencia”, Daniel Sabsay consideró que la Corte debe definir.

“Voy a acatar lo que diga el fallo de la Corte”, dijo Larreta ayer, en diálogo con Radio Con Vos.

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