Larreta consiguió archivar las denuncias contra los jueces porteños que ordenaron la presencialidad escolar

El oficialismo de la ciudad de Buenos Aires, que responde a Horacio Rodríguez Larreta, sus aliados radicales y los representantes de los jueces archivaron hoy en el Consejo de la Magistratura porteño, por siete votos contra dos, las denuncias contra los tres camaristas que dispusieron mediante un fallo, en abril, el inicio de las clases presenciales en contra de lo ordenado por un decreto presidencial. Ese fallo, de alto voltaje político, había sido duramente cuestionado por el peronismo y festejado por el jefe de gobierno porteño.

Los camaristas denunciados eran Gustavo López Alfonsín, Nieves Macchiavelli y Laura Perugini, integrantes de Sala IV de la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo, Tributario y de Relaciones de Consumo, un fuero que adquirió protagonismo por ser el terreno en el que se saldan algunas disputas políticas de la ciudad de Buenos Aires. Firmaron el fallo que declaró a la Cámara de Apelaciones porteña competente para intervenir en el tema de la suspensión de las clases en el distrito y que ordenó dejar sin efecto una parte de un decreto de necesidad y urgencia nacional, en un fin de semana de intercambios frenéticos y especulaciones alrededor de si habría o no clases presenciales el lunes 20 de abril.

Una de las tres denuncias contra los magistrados que se cerró hoy había sido presentada por el bloque de legisladores del Frente de Todos, que cuestionó el contenido del fallo y la celeridad con que se dictó. Las designaciones de magistrados en el territorio porteño están naturalmente asociadas con el reparto de jueces entre los radicales y los peronistas. Pese a que el peronismo votó la designación de Nieves Macchiavelli el año pasado, cuando la denunció por mal desempeño la señaló por ser hermana del funcionario porteño Eduardo Macchiavelli.

El Consejo de la Magistratura porteño está integrado por Alberto Maques (que lo preside), Francisco Quintana, María Julia Correa, Gonzalo Rúa, Alberto Biglieri, Anabella Hers Cabral, Juan Pablo Zanetta, Fabiana Schafrik y Ana Salvatelli.

Las consejeras Ana Salvatelli y Anabella Hers Cabral votaron en contra del archivo con el argumento de que debe haber un dictamen previo de la Comisión de Acusación y Disciplina. Shafrik, que es camarista del mismo fuero que sus colegas denunciados, votó con el oficialismo para archivar los expedientes, igual que Gonzalo Rúa, juez penal porteño. También votaron por el archivo Correa, Biglieri, Quintana, Zanetta y Maques, con el argumento de que los pedidos de juicio político debían ser rechazados porque cuestionaban el contenido de una sentencia judicial.

La disputa por la presencialidad en las aulas subió al máximo la tensión entre el gobierno nacional y el gobierno porteño, hasta que emitió su fallo la Corte Suprema de Justicia. El fallo porteño impactó de lleno en la rosca porteña y el acuerdo aceitado entre Daniel Angelici y Juan Manuel Olmos crujió.

Esa relación se volvió a tensar en la última sesión del Consejo de la Magistratura porteño, cuando el 13 de julio pasado el oficialismo fracasó en su objetivo de archivar las denuncias por falta de quorum en el plenario. Faltaba allí uno de los consejeros alineados al oficialismo, Alberto Biglieri, que atravesaba un cuadro severo de coronavirus, y el escenario era de empate. Los consejeros que suelen estar alineados con Juan Manuel Olmos (que presidió el Consejo y todavía tiene influencia en el organismo), no dieron el quorum y el trámite quedó pendiente para hoy. Según supo LA NACION, el operador judicial y expresidente de Boca Juniors, que también tiene una fuerte incidencia en el Consejo, gruñó.

En el plenario de hoy, Anabella Hers Cabral, que suele estar alineada con Olmos, cuestionó lo ocurrido el pasado 13 de julio, y consideró que la votación del archivo de estas denuncias tenía una intencionalidad política. “La convocatoria anterior al plenario resultó muy fuerte porque quedó expuesto ante todos que había una intencionalidad de hacer lo que se va a terminar haciendo hoy en el plenario, que es un voto de una situación forzada”, planteó Hers Cabral, y justificó que se ausentó a la sesión anterior por una razón familiar. Igual que Salvatelli, se pronunció en contra de que se archivaran las denuncias sin un dictamen de la Comisión. “Queda tan expuesto todo de esta manera... Sienta un precedente para el Consejo”, agregó.

Biglieri ya está recuperado y participó hoy del plenario. El peronismo porteño en el Consejo cuestionaba, antes de la sesión, que la Comisión de Acusación y Disciplina no hubiera emitido un dictamen y señaló que sin dictamen no se podían archivar las denuncias, pero el oficialismo afirmó lo contrario y sostuvo que el plazo ya venció.

López Alfonsín, Perugini y Macchiavelli asumieron en noviembre del año pasado. En agosto, sus nombramientos habían sido aprobados por la Legislatura porteña con el voto favorable del Frente de Todos. En esa sesión, el kirchnerismo acompañó la postura a favor de las designaciones que también tuvieron los bloques del macrismo, Confianza Pública, el socialismo, UCR-Evolución y GEN. La Coalición Cívica y los legisladores de izquierda se abstuvieron en esa votación.

Hoy se desestimaron también los pedidos de juicio político contra los magistrados Natalia Molina, Marcelo Bartumeu Romero y Pablo Casas, formulados por los legisladores de la Coalición Cívica Cecilia Ferrero y Facundo Delgaiso, por haber demorado en ordenar allanamientos en el barrio Padre Mugica, en Villa Lugano, destinados a encontrar al narco Raúl Martín Maylli Rivera. Estas denuncias fueron desestimadas con aval de casi todos los miembros del Consejo, excepto los dos representantes de la Legislatura, Francisco Quintana y Alberto Biglieri.

Con un tono crítico de la dinámica de nombramientos que funciona desde hace tiempo en la ciudad de Buenos Aires, Facundo Delgaiso, un alfil de Elisa Carrió en el distrito porteño, presentó el mes pasado un proyecto de ley para modificar la composición del Consejo de la Magistratura porteño. “Al ser los propios legisladores quienes tengan la función de representar al cuerpo legislativo, permite un mayor control por parte del resto de los legisladores. Y facilita la transparencia a la hora de ejercer esta función”, planteó, para que los propios legisladores sean quienes ocupen sillas en ese órgano.

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