Horacio Rodríguez Larreta acusó al Presidente de “quebrar el orden constitucional” y reclamará que la Corte lo obligue a cumplir el fallo
El jefe de gobierno porteño, en una conferencia de prensa, dijo que tomará “todas las medidas necesarias” para que se cumpla la sentencia que obliga a la Nación a girarle más fondos
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El jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, acusó hoy al presidente Alberto Fernández de intentar “quebrar el orden constitucional” con su decisión de no acatar el fallo de la Corte Suprema de Justicia que restituyó los fondos de coparticipación que el gobierno nacional le había quitado a la Ciudad de Buenos Aires.
En una conferencia de prensa que concedió desde la sede de la administración porteña en Parque Patricios, Larreta calificó de “altísima gravedad institucional” la sorpresiva maniobra de Fernández. Anoche, empujado por 14 gobernadores, el Presidente optó por desobedecer la sentencia del máximo tribunal del país.
A su vez, Larreta cuestionó que el jefe del Estado haya dicho que recusará a los cuatro jueces que integran la Corte. “Esto no es contra la Ciudad, es en contra de la Constitución, de la seguridad jurídica”, resaltó el alcalde porteño.
Según el referente de Pro, quien aspira a competir por la sucesión de Fernández en 2023, la posición del jefe del Estado atenta contra “cualquier posibilidad de desarrollo”. “¿Quién va a confiar en un país donde no se respetan las decisiones de la Justicia? ¿Quién va a invertir? ¿Quién va a generar trabajo? ¿Qué podemos esperar los argentinos si el propio Presidente no cumple la ley?”, puntualizó.
En otro tramo de su discurso, el alcalde porteño apuntó contra los gobernadores oficialistas que presionaron a Fernández para que no acate la sentencia. “Me sorprende mucho que algunos gobernadores acompañen al Presidente en este ataque a la Justicia, con todo el peligro institucional que representa. Gobernadores que fueron votados para defender a sus provincias, hoy apoyan el hecho de que el gobierno nacional pueda arbitrariamente sacarle fondos a un distrito autónomo”, machacó.
Para defender el reclamo de la Ciudad, buscó resaltar que el fallo de la Corte “no perjudica en nada a las provincias, como intenta instalar el kirchnerismo”. Y advirtió que los fondos que el Gobierno le quitó a las arcas porteñas fueron destinados al distrito gobernado por Axel Kicillof, es decir, la fortaleza electoral de Cristina Kirchner. “Cuando nos sacaron la coparticipación, el Presidente no les dio ni un solo peso a las provincias. ¿Saben por qué? Porque se lo dio todo a la provincia de Buenos Aires, que es de su mismo color político”, dijo Larreta.
Larreta remarcó que la decisión de Fernández “supera todos los límites imaginables”. “El Presidente decidió quebrar el orden constitucional, violar por completo el Estado de Derecho y atentar contra la democracia. Desde la vuelta de la democracia no hay antecedentes de un Presidente no cumpliendo un fallo de la Corte”, subrayó.
En ese sentido, anticipó que la Ciudad “denunciará a los organismos y a cada uno de los funcionarios responsables de incumplir el fallo”. En paralelo, comentó, el interbloque de JxC analiza la chance de impulsar “acciones judiciales y legislativas para defender la legalidad y el estado de Derecho”.
Después de que la Casa Rosada confirmara que no acatará el fallo de la Corte Suprema, Larreta reunió a su mesa chica para definir una contraofensiva: por un lado, decidió hacer “un reclamo institucional” y, por otro, avanzar con una presentación judicial. Ese texto, que prepara la procuración porteña y con el que pedirán que se haga efectiva la decisión de la Corte, se presentará el lunes ante el máximo tribunal.
Sin baja de impuestos
Rodríguez Larreta insistió hoy que eliminará el impuesto a las compras con tarjeta de crédito, un tributo que impuso la Ciudad tras la poda de fondos, una vez que el Gobierno acate la sentencia y gire los recursos. De hecho, el vicepresidente primero de la Legislatura porteña, Emmanuel Ferrario, había convocado a una sesión esta mañana con el objetivo de derogar ese gravamen. Pero, por falta de acuerdo con el Frente de Todos, el tratamiento del proyecto se cayó.
El oficialismo necesitaba 40 votos para aprobar sobre tablas la iniciativa. “El kirchnerismo porteño se negó a votar la baja de impuestos en la Ciudad. De espaldas a los porteños y en complicidad con el abuso de poder presidencial, decidieron no apoyar el tratamiento de los proyectos presentados tras el fallo de la Corte a favor de la Ciudad”, señaló Ferrario.
Anoche, Larreta y sus asesores analizaron la conveniencia de mantener o no esa sesión. Finalmente, definieron hacerla, pero agregaron un apartado al texto del proyecto en el que condicionaba la baja del impuesto a que el Gobierno deposite los fondos en las arcas de la Ciudad, según estableció el máximo tribunal en su sentencia. “Ratifico que cumplo con mi palabra. Cuando me devuelvan los fondos, bajamos los impuestos. Y los vamos a bajar”, afirmó Larreta tras cerrar su discurso en Uspallata.
El kirchnerismo optó no acompañar con el argumento de que rechazaba esa cláusula, por lo que la sesión fracasó. JxC no controla los dos tercios necesarios para habilitar el debate sobre tablas. La oposición aprovechó la convocatoria para apuntar contra Marcelo D’Alessandro, ministro de Seguridad porteño, y Juan Bautista Mahiques, jefe de fiscales de la Ciudad, involucrados en la causa por el polémico viaje a Lago Escondido de funcionarios, jueces y directivos de Clarín.
El miércoles, la Corte Suprema falló a favor del gobierno de Larreta en su reclamo contra la Nación por la quita de fondos de coparticipación. En 2022 representarán una pérdida de $154.000 millones para las arcas de la Ciudad.
Anoche, a través de un comunicado, Fernández y catorce gobernadores oficialistas argumentaron que el fallo de la Corte es “inédito, incongruente y de imposible cumplimiento”. A la vez, el primer mandatario ordenó recusar a los cuatro jueces del máximo tribunal y presentar un pedido de revocatoria in extremis de la decisión judicial.
Críticas opositoras
La jugada del Presidente desató un grave conflicto institucional. Juntos por el Cambio, la principal fuerza opositora, acusó a Fernández de alzarse contra la Constitución y de cometer el delito de sedición.
Hoy, la conducción nacional de la coalición opositora expresó su “más enérgico repudio y profunda preocupación por la explícita desobediencia” de Fernández ante el fallo de la Corte. “No se puede elegir si la Constitución se cumple o no. Un fallo de la Corte en esta materia es la última palabra de la legalidad. Desde JxC no vamos a admitir vivir en un país en que la ley sea optativa”, indicó la mesa nacional de la fuerza.
Por su parte, la líder de la CC, Elisa Carrió, presentará hoy en los tribunales federales de Comodoro Py una denuncia penal contra el jefe del Estado y los funcionarios que no acaten la sentencia de la Corte.
En tanto, Ricardo López Murphy (Republicanos Unidos) impulsará un pedido de juicio político contra el Presidente en el Congreso. El exmandatario Mauricio Macri, co-fundador de Juntos por el Cambio, advirtió que “la desobediencia de una sentencia de la Corte Suprema destruiría la continuidad jurídica de la Nación y nos expondría a la anarquía”.
Además, Macri dijo que “no hay antecedentes en la historia argentina de un desconocimiento tan grave de otro poder del Estado”. El expresidente se enteró el miércoles al mediodía de que la Corte había fallado a favor de la Ciudad en la causa por el recorte de los fondos de coparticipación, mientras jugaba al fútbol en La Matanza. “Las sentencias no se discuten, se cumplen”, dijo.
Patricia Bullrich, jefa de Pro, advirtió que el gobierno de Alberto Fernández ha “llegado al límite en el que no existe ningún tipo de ley”.
En ese macro, Fernando Straface, secretario de gobierno y de relaciones internacionales de la Ciudad, consideró que la situación es “mucho más que un conflicto de poderes”. “El Presidente desconoce la Constitución Nacional e inicia un conflicto democrático con profundas consecuencias en la credibilidad democrática internacional del país”, opinó.
Y añadió: “El estado de derecho en la Argentina pierde plena vigencia. Las consecuencias trascienden la política argentina. Una vez más destruyen la confianza internacional por la especulación y la interna del Frente de Todos. El sistema internacional realiza consultas propias de una democracia asediada”.
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