Horacio Pietragalla denunció penalmente al gobierno de Jujuy por la “feroz represión” a manifestantes
Solicita que se investiguen los hechos de violencia policial en las protestas contra la reforma constitucional de la provincia
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LA NACION
Tras los desmanes registrados fuera de la Legislatura de la capital de Jujuy, el martes pasado, entre la policía y personas que se manifestaban contra las reformas aplicadas en la Constitución provincial, la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación informó hoy que pidió a la justicia federal que inicie una investigación penal “de forma urgente sobre el accionar de las fuerzas de seguridad provinciales en la feroz represión contra manifestantes”.
La presentación, publicada hoy en el sitio argentina.gob.ar, detalla que incluye “testimonios y pruebas sobre prácticas violatorias de los derechos humanos por parte de la Policía de Jujuy que fueron recogidas en los últimos días por la delegación que encabezó el secretario Horacio Pietragalla Corti en la provincia”.
De acuerdo con el escrito, “las víctimas relataron haber recibido golpes y malos tratos al momento de las detenciones, disparos de balas de goma en el rostro, detenciones arbitrarias, incluso lejos del lugar donde se realizaban las manifestaciones. También señalaron la utilización de vehículos sin identificación, el ingreso a viviendas particulares sin orden de allanamiento y la presencia de policías infiltrados entre los manifestantes”.
“Hemos constatado numerosos delitos perpetrados por personal policial que –más allá de las responsabilidades de los autores directos- dan cuenta de una actuación organizada de manera ilícita desde las más altas cúpulas del Gobierno de la Provincia”, señaló la presentación.
Por otra parte, se apuntó contra el gobernador Gerardo Morales quien desde sus redes sociales subió los antecedentes judiciales de los “supuestos manifestantes”, ya que “esa información sólo debería manejarla el Poder Judicial”.
La denuncia se suma al habeas corpus presentado ante la justicia local este lunes por la Secretaría para frenar la violenta represión y para que se garantice el derecho a la protesta.
A partir de ese pedido, el juez Jorge Zurueta solicitó a la policía de la provincia que se abstenga de hacer un uso desmedido de la fuerza contra manifestantes y llamó al gobierno de Morales a iniciar una instancia de mediación, según consigna el escrito “hasta el momento no fue cumplida”.
El viaje de Pietragalla Corti
En el comunicado se destaca que el secretario Pietragalla Corti viajó a la provincia de Jujuy en dos ocasiones en los últimos diez días “para monitorear de cerca las denuncias de violencia institucional y el recrudecimiento de la represión en las protestas que se generaron en rechazo a la sanción de una reforma de la Constitución local”.
Allí, Pietragalla Corti se entrevistó con manifestantes, y visitó a todos los detenidos y detenidas para recoger testimonios, corroborar su estado integral y de detención. Si bien se acercó al hospital local “Pablo Soria” con la intención de conversar con los heridos y detenidos con estado de salud más grave por las agresiones, se le impidió el ingreso. De acuerdo a lo que los familiares le informaron, dos personas se encontraban en terapia intensiva y tres sufrían pérdida de visión.
Durante su viaje a la provincia, el secretario mantuvo una reunión virtual con el Representante Regional para América del Sur de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH), Jan Jarab, y estuvo en conversación con representantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para informar la gravedad de la situación. Ambas organizaciones manifestaron en los últimos días su preocupación por la represión contra manifestantes en Jujuy y reclamaron al gobierno provincial el respeto por los derechos humanos.
La delegación de la Secretaría de Derechos Humanos estuvo integrada por el jefe de Gabinete Nicolás Rapetti; Alejandro Marmoni, presidente del INAI; Mariano Przybylski, director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional; Adelqui Del Do, director del Centro de Asistencia a Víctimas de Violaciones de Derechos Humanos “Dr. Fernando Ulloa”; Paula Álvarez Carrera, directora del cuerpo de abogados de la Secretaría, y Eugenia Ferrero, enlace entre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) y la Secretaria General de Presidencia.
LA NACION
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