Horacio Pietragalla denunció en la ONU que a Cristina Kirchner la “proscriben” y que Milagro Sala está detenida “arbitrariamente”
El funcionario argentino criticó a la Justicia ante el Consejo de Derechos Humanos, en Ginebra; pidió apoyo internacional para avanzar contra los jueces de la Corte Suprema
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LA NACION
El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, defendió este lunes a la vicepresidenta Cristina Kirchner y a la dirigente Milagro Sala, y cuestionó las condenas judiciales en contra de ambas en una exposición ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Sostuvo que a la exmandataria se la busca proscribir y que la jefa de la Tupac Amaru está detenida “arbitrariamente” en Jujuy. En paralelo, pidió apoyo internacional para la ofensiva del Gobierno contra la Corte Suprema y para reformar la Justicia.
En el comienzo de su discurso, en el marco del 42º Período de Sesiones del Examen Periódico Universal, Pietragalla puso sobre la mesa los cuestionamientos del Gobierno a la Justicia. Según indicó Pietragalla en su discurso, “el caso emblemático de lawfare en la Argentina es el que tiene por víctima a la actual vicepresidenta” que “ha enfrentado un sinfín de procesos judiciales carentes de toda racionalidad jurídica”.
El secretario de Derechos Humanos indicó que Cristina Kirchner “ha sido condenada en primera instancia por el manejo de obras públicas, sin tener en cuenta que tales obras fueron dispuestas por una ley emanada del Congreso nacional y ejecutadas por funcionarios” y que “se vulneró su derecho a la defensa, al rechazarse la prueba por ella propuesta”.
“Se la sometió a juicio por hechos que ya habían sido juzgados y se la condenó por la responsabilidad objetiva que tenía por su sola condición de presidenta. Es claro que, bajo la excusa de sanción de hechos delictivos, se siguen violando garantías fundamentales del estado de derecho, porque estas causas penales se impulsan únicamente en contra de referentes políticos que representan a sectores populares, con la única finalidad de su proscripción política”, remarcó Pietragalla ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que sesiona en Ginebra, Suiza.
En paralelo, el secretario de Derechos Humanos reprochó que “se garantiza la impunidad a personas vinculadas al poder económico que han permitido o avalado el endeudamiento criminal y la fuga de capitales que han condicionado al país y generado pobreza e indigencia”.
Sala -a quien visitó en varias oportunidades en Jujuy- fue la segunda persona defendida por Pietragalla en su exposición. Tras el apoyo a Cristina, dijo que “el Estado Federal debe responder intencionalmente por la detención arbitraria sufrida en la provincia de Jujuy por la dirigente social e indígena Milagro Sala, amparada por una medida provisional dictada en 2017 por la Corte Interamericana de Derechos Humanos”. La dirigente jujeña cumple prisión domiciliaria y, en diciembre pasado, la Corte Suprema de Justicia dejó firme la condena en su contra a 13 años de prisión por asociación ilícita, en el caso conocido como “Pibes Villeros”.
El último punto referido a la Justicia local en el discurso de Pietragalla estuvo dedicado al juicio político que el Gobierno impulsa contra la Corte Suprema. “Aunque el gobierno nacional cambió en diciembre de 2019 y terminó, así, la práctica de presión y avasallamiento a la independencia judicial por parte del Poder Ejecutivo, la persecución política en sede judicial se encuentra plenamente vigente, afectando los principios democráticos que hacen a la independencia e imparcialidad que deben regir el desempeño del Poder Judicial y el Ministerio Público. No es casual que los organismos de derechos humanos de mi país apoyen el pedido de juicio político contra los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, recalcó el funcionario nacional en su exposición.
Pietragalla cerró con un pedido de apoyo internacional para los objetivos locales del Gobierno en materia judicial. “La pérdida de credibilidad del actual máximo tribunal de justicia de la Argentina implica una inadmisible degradación del sistema institucional que pone en jaque el sistema republicano de división de poderes. Por eso, solicitamos el acompañamiento del Consejo de Derechos Humanos en el impulso de las iniciativas y reformas normativas que procuren fortalecer la independencia judicial, la legitimidad del servicio de justicia y el estado de derecho de nuestro país”, argumentó.
El secretario de Derechos Humanos consideró que existe una “pérdida de legitimidad del Poder Judicial, entre otras razones, por la práctica del ‘lawfare’ o ‘guerra jurídica’”. Y añadió: “Un sector importante de la oposición política y del poder económico y mediático, que 40 años atrás recurría a los golpes de Estado militares, hoy utiliza el derecho penal para condicionar procesos políticos y definir la agenda política y la opinión pública”.
El funcionario -un kirchnerista duro enrolado en La Cámpora- señaló que el lawfare busca “eliminar al adversario” y, “por eso, siempre las víctimas resultan ser dirigentes sociales o políticos que se enfrentan a los poderes fácticos, sean políticos, económicos o mediáticos”. Agregó que “esas malas prácticas judiciales que acallan voces críticas favorecen la imposición de políticas regresivas en materia de derechos humanos”.
“Esta manipulación del derecho penal recurre a la prisión preventiva como pena anticipada, vulnera de manera sistemática la presunción de inocencia, consagra el derecho penal de autor en lugar del derecho penal de acto, abusa de las denuncias anónimas y alienta la ‘delación premiada’ para iniciar procesos sin sustento”, reprochó Pietragalla.
LA NACION
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