Herme "Vino caliente" Juárez regresa al gremio de estibadores y temen conflictos en el polo agroexportador
PARA LA NACIONGermán de los Santos
ROSARIO.– Herme Juárez, extitular del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos (SUPA), fue habilitado por la Justicia a retornar el control del gremio, que está actualmente intervenido, como también la Cooperativa de Estibadores, una entidad que realiza una tarea clave como es la carga y descarga de los buques del complejo agroindustrial, que históricamente fue manejada por este dirigente apodado "Vino caliente". De los puertos del Gran Rosario, donde opera el gremio liderado por Juárez, se exporta el 85 por ciento de los granos.
En medio de la compleja situación por la liquidación de divisas del sector agroexportador, ante la falta de dólares, un posible conflicto en el polo sojero del Gran Rosario tras el regreso de Vino Caliente enciende la preocupación de los principales jugadores del negocio, que siempre vieron a Juárez como una amenaza sobre todo en tiempos en que había tejido una alianza con Hugo Moyano y se había acercado al entonces ministro de Planificación Federal Julio De Vido. Hace una década Juárez paralizó durante diez días las exportaciones y logró un 27 por ciento de aumento en dólares de la tarifa de estiba, con pérdidas millonarias en esa campaña agrícola.
El regreso de Juárez –un hombre que ni la Justicia ni la pandemia pudieron domar a los 78 años– a la conducción de un gremio clave en el sector agroexportador comenzó a tomar más fuerza luego de que la Sala IV de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo dejara "sin efecto" la medida cautelar que derivó en la intervención del sindicato, después de que el dirigente fuera detenido el 1º de agosto de 2019 en su mansión en San Lorenzo, acusado y luego procesado como organizador de una asociación ilícita, administración fraudulenta, coacción agravada y lavado de activos por el juez federal de Zárate-Campana Adrián González Charvay.
Luego, en septiembre pasado, siete meses después de que Juárez fue excarcelado, la Cámara Federal de San Martín confirmó el procesamiento del empresario y dirigente sindical por los delitos de administración fraudulenta y lavado de activos en perjuicio de la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto San Martín. En ese fallo retiraron las imputaciones por asociación ilícita y coacción agravada y acotaron los posibles delitos solo al manejo de la cooperativa.
El derrotero judicial
Este fallo de la Cámara de San Martín motorizó al fiscal general Juan Manuel Domínguez a pedir que se levante la medida cautelar que ordenó la intervención del gremio. "No obran elementos probatorios que permitiesen tener por acreditado que las personas humanas se hayan valido de su condición sindical para intimidar a las empresas competidoras a través de la utilización de su estructura para fines ajenos a los meramente gremiales", puntualizó el fiscal en un dictamen el 15 de octubre pasado.
Cinco días después la Sala IV de la Cámara de Apelaciones Nacional de Apelaciones del Trabajo, integrada por los jueces Manuel Selva y Héctor Guisado, le dio la razón al fiscal. Ahora Juárez prepara el desembarco al gremio que conduce desde la década del 70, cuando comenzó a montar un imperio en el rubro al llegar a tener el monopolio de la estiba de los buques y cobrar tarifas en dólares a través de la cooperativa, de la que era presidente, integrada por trabajadores afiliados al SUPA, gremio que también conducía.
Alerta y movilización
La situación cambió en el SUPA tras la detención de Vino Caliente. Ante un posible regreso de Juárez, la lista Celeste y Blanca, un sector ahora opositor al exsecretario general y conducido por el dirigente Marcelo Vergara, se manifestó en estado de alerta y movilización. Este sector echó a Juárez cuando visitó la sede gremial tras ser excarcelado. "Andate chorro", le gritaron decenas de trabajadores en la sede del gremio. En el entorno de Vino Caliente creen que no se desatará un nuevo conflicto y que ese sector minoritario accederá a que Juárez retome la conducción del gremio.
Javier Rabadé, abogado del sindicalista, opinó que la causa en la que está procesado Juárez "es cien por ciento política y armada por el macrismo". El letrado advirtió que el regreso de Juárez al gremio "va a ser tranquilo, sin ningún ánimo de revancha" contra los dirigentes que continuaron en el gremio cuando estaba intervenido. Hasta esta semana, la entidad gremial estuvo intervenida por la dupla designada por el gobierno nacional a través de la resolución 526/2020, encabezada por Fabián Echeverría y José Ramón Castro.
La cooperativa de estibadores sigue bajo la intervención de Roberto Pascualino, un hombre de perfil técnico de la Universidad de Buenos Aires, que a causa de la pandemia, según señalaron fuentes del gremio, viajó muy pocas veces a Puerto General San Martín, donde está la sede de la cooperativa. Le endilgan que la cooperativa perdió presencia en el mercado al no presentarse a varias licitaciones por sumas millonarias.
La causa que inició el juez Charvay en Zárate-Campana sigue en una especie de limbo judicial, luego de que el magistrado se excusara de seguir adelante con la investigación por estar alejado del territorio donde se produjeron los hechos. En teoría, el expediente iba a ser enviado a un juzgado federal de Rosario pero por ahora no se concretó.
Manejos millonarios en la Cooperativa
En esa investigación, el juez federal de Campana encontró indicios de que había delitos relacionados con el manejo oscuro de los fondos de la cooperativa, que tenía el aspecto de una empresa.
En 2017 el patrimonio de la cooperativa, según consta en el expediente, que se dedica a la estiba de los barcos que cargan soja y productos derivados en los puertos, ascendía a 2100 millones de pesos.
De acuerdo al informe que consta en la causa, la cooperativa tuvo un excedente de $439.000.000. "La estructura del activo está compuesta por inversiones financieras que totalizaron 1156 millones de pesos en el ejercicio 2017, y se incrementaron aproximadamente en un 38% respecto de las del año anterior", señala un informe que consta en la causa.
Ese excedente, según sospechan los investigadores, "eran principalmente fondos comunes de inversión, inversiones en plazo fijo, y acciones en la sociedad "Bunge Limited" radicada en el Reino Unido".
A la par de estos registros contables hay escuchas telefónicas en la causa que aportan más indicios sobre el manejo de los fondos de la cooperativa, que Juárez habría usado para su beneficio personal. Se montaron una red de empresas a nombre de los hijos de Juárez y firmas que serían financieras para manejar y multiplicar, como se sospecha en la causa, los dividendos de la cooperativa.
El 31 de enero 2018 pasado –de acuerdo al expediente– Juárez llamó a un agente financiero de un banco con el objetivo de replantear las inversiones. El broker "lo puso al corriente de las inversiones existentes bajo su titularidad, indicando que tiene casi 2.000.000 de dólares en Letes (Letras del Tesoro de la Nación) que se vencerían el 28 de junio, junto con otros 16.000.000 de pesos en un fondo de inversión".
"Pueden observarse los altos rendimientos que tiene la cooperativa, que opera en la práctica como una verdadera sociedad comercial, evidenciados en el importante patrimonio de quienes la dirigen", señala el procesamiento dictado por el juez Charvay, que alcanzó a Juárez, a su hijo Oscar, y a una decena de dirigentes.
"Llama la atención el extraordinario patrimonio que posee la Cooperativa de Trabajos Portuarios, el cual se compone de bienes que no guardarían relación con el objeto y los servicios prestados por la misma, tales como aeronaves valuadas en 15.000.000 de pesos que habrían sido utilizadas por Juárez y su familia para viajar a Uruguay". Los viajes recurrentes a Punta del Este tenían que ver, según se desprende de la causa, con propiedades en esa ciudad, en el complejo inmobiliario "Imperiale Luxury Condominiums".
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