Detonaron un objeto sospechoso hallado frente a la casa de un juez del caso Vialidad y contenía mandarinas

Un objeto sospechoso fue encontrado esta mañana frente a la casa del juez Jorge Gorini, uno de los magistrados que llevan adelante el juicio contra Cristina Kirchner por el caso Vialidad, y la policía dio intervención a la Brigada de Explosivos para que revisara lo hallado. Lo hicieron detonar y no era una bomba: el paquete tenía cuatro mandarinas.

El juez advirtió el objeto, parecido a una botella, que apareció junto a la rampa del garage de su casa, en Villa del Parque. Lo iba a tirar al tacho de basura, pero cuando se acercó consideró que era “algo raro, envuelto con un material negro”, dijo una fuente al tanto de lo ocurrido.

Como no era una botella, se lo mostró a su policía de custodia y se convocó a la Brigada de Explosivos para que analizara el paquete. Según el primer parte policial, el “posible artefacto explosivo” se encontró “cerca del garage” a las 7.37 y era un “elemento cilíndrico con cinta”. El último parte daba cuenta de que el paquete contenía “sustancias similes a frutos”.

Luego de la “detonación controlada” resultó que tenía cuatro mandarinas.

Fuentes judiciales consideraron que se trató de un “acto intimidatorio”. Gorini es uno de los tres jueces a cargo del juicio de Vialidad Nacional, junto con Rodrigo Giménez Uriburu, a quien le hackearon su celular y le violaron su declaración jurada de bienes, y a Andrés Basso. A Gorini también le abrieron de forma irregular su declaración jurada de bienes personas todavía no identificadas dentro de oficinas del Consejo de la Magistratura.

El juicio del caso Vialidad, que tiene a la vicepresidenta como principal acusada, está en la instancia final, de los alegatos de las defensas. En los tribunales se estima que antes de fin de año puede haber un veredicto. El martes pasado terminaron de alegar los abogados del exministro de Planificación Federal Julio De Vido, este viernes será el turno de la defensa del exfuncionario Abel Fatala y la semana próxima, a partir del lunes, del abogado de Cristina Kirchner, Carlos Berlandi.

El fiscal Diego Luciani pidió para la vicepresidenta una pena de 12 años de cárcel. La acusó de haber liderado una asociación ilícita y de haber defraudado al Estado en beneficio del empresario Lázaro Báez, quien durante el kirchnerismo se convirtió en el primer adjudicatario de obra pública vial; según la fiscalía, con licitaciones direccionadas y plagadas de irregularidades, que derivaron en obras inconclusas y por las que se pagaron sobreprecios.

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