Hackearon al Poder Judicial de Chaco y piden un rescate por la información

Durante las últimas semanas, el Poder Judicial de Chaco se convirtió en la víctima más reciente de un ataque informático en el sector público. Un grupo de hackers se infiltró en sus sistemas, tomó el control de la información disponible y reclamó el pago de un rescate a cambio de devolverle el material.

El ataque afectó la plataforma de gestión de expedientes y otros sistemas de todo el Poder Judicial chaqueño y llevó al Superior Tribunal de la provincia a declarar la suspensión de términos y audiencias –es decir, extender la feria judicial- hasta el lunes próximo. Ese día esperan reabrir los tribunales, excepto para el fuero Civil y Comercial.

El ataque ocurrió entre el viernes 7 y el sábado 8 de enero, y las autoridades judiciales confiaban en restablecer todas las funcionalidades en cuestión de días. Pero transcurrido un mes, todavía se encuentran en proceso de recuperación, aunque fijaron una línea roja: no pagarán el rescate pedido por los hackers.

Mediante un comunicado de prensa, el Superior Tribunal admitió esta semana que el ataque provocó la pérdida de información, pero sostuvo que sería “mínima” y que confía en que “comenzará a normalizarse el funcionamiento de los sistemas y servicios digitales” durante “el transcurso de esta semana”.

Los ministros del Superior Tribunal también resolvieron que no negociarán con los atacantes, que se presentaron como supuestos miembros de “Hive Ransomware”, un grupo delictivo que registra antecedentes similares, tanto en Estados Unidos –donde avanzó contra el sistema sanitario-, como en Europa –donde una de sus víctimas fue Media Markt, el minorista de electrónica de consumo más grande de ese continente-.

El Poder Judicial chaqueño afronta, así, el ataque informático más reciente en el sector público, que acumula otros episodios recientes. Entre ellos, en el Senado de la Nación, que el 12 de enero afrontó un ciberataque de sus sistemas por piratas informáticos que secuestraron información. En octubre pasado, en tanto, una base de datos del Registro Nacional de las Personas (Renaper) se filtró y apareció a la venta en Internet, aunque desde el organismo negaron un hackeo. Y en septiembre de 2020 fue la Dirección Nacional de Migraciones la que denunció el robo de información y que hackers le pedían un rescate millonario.

Desde Chaco, precisaron a LA NACION que se contactaron con la Dirección Nacional de Ciberseguridad, que depende de la Jefatura de Gabinete, y radicaron una denuncia penal, que investiga una Fiscalía chaqueña.

Las autoridades judiciales chaqueñas afirmaron, también, que el panorama es distinto al de otros organismos públicos violentados. Confían en que esta semana comenzarán a regularizarse los servicios de manera progresiva, primero con el restablecimiento del sistema integral, la habilitación del correo electrónico oficial –aunque solo para uso interno- y la reactivación del sitio web del Poder Judicial, que permanece caído desde hace semanas. “Servicio suspendido!”, es todo lo que informa, hoy, en la web.

“Salimos del coronavirus y entramos en otro virus”, resumió el secretario de Superintendencia del Poder Judicial chaqueño, Lisandro Yolis, a LA NACION. Explicó que el ataque con “un malware del tipo ransomware” se concentró primero en barrer con todos los cortafuegos y antivirus, para luego acceder a la información almacenada y encriptarla, de modo que nadie más que los hackers pudieran acceder a ella. “Y ahí fue cuando pidieron un rescate, para lo cual debíamos ingresar a la ‘deep web’”, detalló.

Los ministros del máximo tribunal chaqueño decidieron, sin embargo, rechazaron pagar un rescate para no fijar un precedente que alentara a otros piratas a intentar lo mismo, apoyados en que habían contratado los servicios de una empresa que había hecho copias de resguardo de toda la información.

“Nos salvó el servicio de ‘backup’ con que contábamos”, confirmó Yolis, quien sostuvo que de ese modo confían en que recuperarían “el 100 por ciento” de la información de casi todos los fueros –entre ellos, el Penal y el de Familia-, aunque resta determinar cuánto podrán recuperar de dos bases de datos del sistema de gestión de expedientes civiles y comerciales. Al parecer una llegaría hasta septiembre y la otra hasta este enero, aunque de forma parcial.

El hackeo generó preocupación entre los abogados y quienes acudieron al Poder Judicial chaqueño durante los últimos años, temerosos de que sus expedientes y reclamos se hubieran evaporado. En particular, desde que los tribunales provinciales se volcaron a la digitalización, tendencia que se agudizó con la pandemia. Indemnizaciones, juicios laborales, sentencias de divorcio y regímenes de visitas, además de regulaciones de honorarios podrían difuminarse.

“Confiamos en que recuperararemos toda la información”, indicó Yolis, quien sostuvo que desde el Superior Tribunal también se comunicaron con la Junta Federal de Cortes de todo el país para informales sobre lo ocurrido, alertarlos sobre los riesgos existentes y urgirlos a acelerar sus procesos de “backup” como resguardo ante otros ciberataques.

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