Habló Cecilia Goyeneche, la fiscal suspendida tras acusar a Sergio Urribarri: “Están buscando mi destitución en un juicio realizado de manera ilegal”

La fiscal anticorrupción y procuradora adjunta de Entre Ríos, Cecilia Goyeneche, quien fue suspendida en sus funciones mientras estaba al frente de un juicio oral por corrupción contra el exgobernador Sergio Urribarri -quien fue condenado a ocho años de prisión-, habló sobre el jury al que será sometida en los próximos días por cuestionamientos a su desempeño en otra investigación por corrupción. Denunció que el procedimiento se llevará a cabo “de manera ilegal” con el solo objetivo de destituirla y dejó entrever que es impulsado por actores políticos a modo de represalia.

En diálogo con LN+, la funcionaria explicó que las acusaciones en su contra no comenzaron en el marco de la investigación que involucra al exgobernador provincial, sino de un segundo proceso -anterior cronológicamente- que reveló las maniobras de una organización montada para robar dinero de la legislatura local a través de contratos falsos.

“A nosotros nos hicieron sentir enseguida lo que se venía. Apenas un mes después de iniciada la causa de los contratos falsos le pidieron el primer jury al procurador general de la provincia, porque creo que con esa causa se tocó el centro de financiamiento de las grandes cadenas de sustracción de dinero público”, señaló Goyeneche y agregó: “Si bien ese primer pedido de enjuiciamiento no prosperó y quedó sin efecto a los 6 meses, derivó posteriormente en un nuevo pedido que nos hicieron a ambos en 2021 pidiendo la destitución y que en mi caso generó la suspensión en el cargo el 30 de noviembre”.

Según informó LN+, quienes la denuncian sostienen que su pareja tenía una asociación ilícita con uno de los involucrados.

Sin embargo, a criterio de la fiscal la suspensión de sus funciones en el marco del nuevo jury respondió por un lado a que el año pasado se decidió la remisión a juicio de la causa donde se determinó que en poco más de 10 años se habían sustraído 52,5 millones de dólares del Parlamento; y, por otro, a que desde septiembre encabezó la causa por corrupción que derivó en la condena de Urribarri a 8 años de cárcel por desvío de fondos.

Sobre el proceso por el que se determinó el cese de sus actividades como fiscal, dijo: “En Entre Ríos el juzgamiento de los magistrados lo tiene un órgano que se llama Jurado de Enjuiciamiento y mi suspensión se decidió por seis votos contra uno. Una de las votantes, Claudia Mizawak, era la abogada defensora de Urribarri; otro fue el juez Martín Carbonell, designado por su amistad con el gobernador Gustavo Bordet; y también está el doctor Daniel Carubia, quien había tenido actuaciones muy cuestionadas en este caso, liberando a todos los detenidos”.

De acuerdo con la funcionaria, el jury que se seguirá en su contra en el marco del caso de los contratos truchos es consecuencia de sus investigaciones contra el poder político provincial. “En Entre Ríos todos sabemos de qué manera actuamos y de dónde venimos. Llevo más de 15 años en la Justicia y nunca había tenido este tipo de problemas hasta que aparecieron estas causas grandes de corrupción donde se ve este patrón: la investigación genera una reacción política cuando se trata de grandes causas. Y digo grandes causas porque lo que encontramos acá son grupos organizados que se encontraban a lo largo del tiempo de realizar sustracciones muy importantes de dinero público y con mucha cobertura institucional, con mucho encubrimiento”, evaluó.

Tras ello añadió: “La investigación de Urribarri era más focalizada, pero la investigación en la legislatura generó una suerte de tembladeral en la provincia en donde empezaron los cuestionamientos desde el primer día. Costó mucho obtener la información”.

En relación con las acusaciones en su contra, indicó: “Se sostenían en afirmaciones completamente falsas. Algunas decían que mi esposo trabajaba en el estudio contable implicado [en el caso de las contrataciones truchas]. Imagínese, yo investigaba la causa y ordenamos el allanamiento de ese estudio. Se sostenía esto de una manera absolutamente absurda en los medios. Todas esas personas están esperando juicio ahora”.

A 15 días de sentarse en el banquillo de los acusados, Goyeneche insistió en que el juicio en contra suya es un proceso “realizado de manera amañada e ilegal”. “Decidieron que yo no tenía derecho a que se aplicara el procedimiento preestablecido. Se han realizado todas las infracciones posibles dentro del procedimiento, porque entiendo que no hay ningún tipo de imparcialidad en el tribunal que me va a juzgar. Están buscando la destitución y es lo que probablemente pase”, aseguró.

Y aclaró: “Yo me aparté de la causa [de la legislatura] seis meses después por una cuestión muy puntual y es que yo le había comprado un departamento a uno de los imputados, que la inscripción registral no se había realizado y en el registro de propiedad aparecía como de cotitularidad de esta persona. Esto hizo que se bien se embargara este bien. Pero de ninguna manera esta cuestión puede generar un motivo de enjuiciamiento político”.

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