Guillermo Francos cede el control de las empresas estatales y los Caputo ganan más poder en el Gobierno

Luego de la ruidosa y traumática salida de Nicolás Posse, y con el objetivo de darle mayor volumen político y poder de negociación al Gobierno, Guillermo Francos asumió a fines de mayo como jefe de gabinete del gobierno de Javier Milei.

Un par de semanas después, ya con la ley de Bases aprobada en el Senado, y con el guiño del Presidente, Francos avanza en un proyecto para quitarse de encima la gestión de la treintena de empresas y sociedades del Estado, una de las tareas que llevaba adelante Posse, y que serían “devueltas” a sus ministerios de origen. Según confirmaron a LA NACION altas fuentes del Poder Ejecutivo, también se ultiman detalles sobre la conformación de una unidad ejecutora de empresas “privatizables”, con las que quedaron en pie luego de las modificaciones que sufrió la ley Bases luego de su tratamiento en la Cámara alta y otras que podrían sumarse más adelante.

Hasta la caída de Posse, la Jefatura de Gabinete llevaba el control y seguimiento de esas empresas, a través de la Secretaría de Empresas y Sociedades del Estado, el secretario Mauricio González Botto. Aunque aún no presentó su renuncia, es un hecho que el funcionario no seguirá en su cargo, siempre según fuentes oficiales. Ahora, la idea es que Francos se desprenda de esa responsabilidad, y se aboque a lo que más le gusta: el diálogo con la política y la coordinación de la tarea ministerial a través de contactos individuales con ministros y las reuniones de gabinete, reducidas desde este mes a sólo una por semana.

“Francos está para lo que es su fuerte: el diálogo con las provincias, los legisladores, el seguimiento de los ministerios”, contó una voz que conoce la tarea del flamante jefe de gabinete, que sigue con el Ministerio del Interior bajo su control, a través de su mano derecha, el secretario Lisandro Catalán. Luego del triunfo político que significó la aprobación de las leyes en el Senado, cerca de Francos afirman que la decisión de traspasar las empresas está tomada, aunque no dejan de aclarar que “la última palabra la tendrá el Presidente” y que “esta es la definición vigente hoy”.

Se trata de un universo muy amplio de empresas, que van desde YPF y Aerolíneas Argentinas, hasta el conglomerado de medios públicos Radio y Televisión Argentina S.E. Incluye además la Agencia Nacional de Bienes del Estado (Aabe), pasando por Agua y Saneamientos Argentinos Sociedad Anónima (Aysa) y Administración General de Puertos Sociedad del Estado (Agpse).

En ese panorama, otro de los motivos que alienta a Francos a desprenderse del control y seguimiento de las empresas, es que muchas de ellas afrontaron, afrontan o afrontarán una drástica reducción de su plantilla y gastos. Los iniciales despidos masivos en Aysa y la reducción al mínimo de la actividad de la agencia de noticias de Télam son dos ejemplos de una mecánica que el Gobierno está dispuesto a llevar adelante. El objetivo fue anunciado por el propio Presidente días atrás, cuando habló de “25.000 empleados menos” en el Estado desde que comenzara su mandato, y la precisión de llevar ese número a 70000, con el grado de conflictividad asegurada que traerán esas medidas.

El espacio que deja Francos lo cubriría, como es de esperar, el tándem que componen la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei y el asesor todoterreno Santiago Caputo, que avanzan desde hace meses con el control de distintas áreas del aparato estatal, siendo uno de los ejemplos recientes la cesión a la secretaría general de la agencia nacional de inversiones (ex ExportAR) de manos de la Cancillería. En el mismo sentido, uno de los nombres que suena para conducir la Unidad Ejecutoria es el de Diego Chaher, interventor de la agencia oficial de noticias Télam y cercano a Caputo.

Privatizaciones

En la ley Bases aprobada por el Senado quedaron dos empresas sujetas a privatización y otras cuatro a privatización o concesión. En el primer grupo figuran Energía Argentina e Intercargo; en el segundo, Aysa, el Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales S.A. Desde el Gobierno no descartan que alguna otra empresa que quedó fuera de estos grupos pueda ser incorporada por los diputados en el texto definitivo. “Los diputados deberían insistir con el texto original que ellos votaron y aprobaron”, afirmó en las últimas horas del jueves uno de los interlocutores habituales del Presidente, con la mente puesta en Aerolíneas Argentinas, que en el Gobierno consideran “deficitaria” y “llena de ñoquis”.

Más allá de la cesión “voluntaria” de Francos, la disputa por el control de las empresas estatales esconde otra disputa, aún más fuerte: la del ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y el también asesor y “padre” del DNU y la ley Bases, Federico Sturzenegger.

Según coinciden altas fuentes oficiales, el eventual ingreso de Sturzenegger para encarar la reforma del Estado y la desregulación de la economía, según lo anunció el propio Presidente, supondría su control sobre las empresas del Estado, la mayoría de las cuales debería volver desde jefatura de gabinete hacia economía. “Sturzenegger no termina de aterrizar porque un sector del Gobierno se resiste a que avance sobre terreno de Economía”, cuentan por lo bajo en Balcarce 50. “Yo hago desregulación, los temas de la macro son para el ministro (Caputo)”, dijo Sturzenegger en las últimas horas cuando lo consultaron sobre el asunto en la reunión del Instituto Cato en el Hotel Hilton, y con el objetivo de mantenerse al margen de una polémica que, de todos modos, ya está instalada.

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