Guillermo Moreno negó haber falseado estadísticas: dijo que bajaba la inflación con “la escuela de conversación de precios”

El exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno comenzó a ser juzgado hoy, acusado de falsear el índice de inflación en 2007, y negó ante la Justicia haber intervenido en esa medición: sostuvo que él aplicaba una “escuela de conversación de precios” con los empresarios y dijo “que eso es lo que hace bajar la inflación”.

Moreno, defendido por el abogado Alejandro Rúa, prestó declaración indagatoria ante los jueces Rodrigo Giménez Uriburu, Jorge Gorini y Guillermo Costabel, y contestó la preguntas del fiscal Diego Luciani en la primera audiencia del proceso que se desarrolla en una sala de la planta baja del edificio de Comodoro Py 2002.

La audiencia comenzó con la lectura del requerimiento de elevación a juicio del caso, realizado por el fiscal Carlos Stornelli, quien acusó a Moreno de abuso de autoridad, violación de secretos, destrucción de registros y documentos, y falsedad ideológica de documentos públicos. También están acusados en este juicio la exdirectora del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), Beatriz Paglieri y a las empleadas Marcela Lucía Filia y María Celeste Cámpora Avellaneda, por la manipulación de datos del organismo entre marzo de 2006 y agosto de 2007.

La denuncia de la asociación civil sin fines de lucro “Asamblea por los Derechos Sociales” señalaba que se habría desplazado a la entonces directora del IPC, Graciela Bevacqua, porque se negó a revelarle a Moreno los datos de los comercios sobre los cuales se efectuaban los estudios de campo para establecer los índices inflacionarios. Frenó el presunto objetivo de “visitar” esas firmas. Moreno la reemplazó por Paglieri.

Stornelli tuvo por probado que Moreno abusó de su autoridad para designar a personas de su confianza en el Indec y, así, poder controlar el IPC y obtener un coeficiente de evolución de la inflación más bajo que el esperable. Sostuvo que habría hostigado a funcionarios para conocer información protegida por el secreto estadístico y, ante su negativa, los habría reemplazado por gente de su confianza.

Moreno rechazó las acusaciones. Dijo que “no precisaba del Indec” para su trabajo ya que “excedía al Indec” dado que su tarea era preservar el valor del salario y el Indec “solo hacía estadísticas”. “MI gestión no dependía del Indec”, sostuvo el exfuncionario, que llegó a la audiencia, se sentó en la primera fila junto a su abogado y saludó a los jueces y al fiscal antes de que comenzara el juicio.

El exsecretario del kirchnerismo aseguró: “No me interesaba la estadística porque yo tenía todos los precios de todo el país. No me importaba”. Negó asimismo haber accedido a esos datos reservados de la base de comercios del Indec.

Moreno defendió su gestión al frente de la secretaría de Comercio. Fue entonces cuando dijo que aplicaba “la escuela de conversación de precios” con los empresarios y afirmó que eso fue “lo que hizo bajar la inflación”. Es recordada de la época de Moreno la anécdota que circulaba en el mundo de la empresas según la cual Moreno recibió a un empresario con un revólver sobre el escritorio. Moreno en su momento lo negó y dijo que se trataba de un mito publicado por el periodista Horacio Vertbisky.

“No es lo mismo conversar precios que no hacerlo”, explicó Moreno. Señaló que solo una vez en su vida, en 1985, visitó el Indec, cuando estaba estudiando para ir a la Biblioteca. Indicó que a la desplazada Bevaqua la vio una sola vez en su vida.

Y señaló: “No tuve que ver con la designación Paglieri [la reemplazante de Bevacqua]”. Dijo que la funcionaria había sido nombrada durante la gestión de Felisa Michelli en Economía.

Recordó cómo fue que Néstor Kirchner le ofreció el cargo. Dijo que lo llamaba a diario a las 7.45 y que en una ocasión lo mandó a buscar para preguntarle si Diego Simeone, director técnico del Atlético de Madrid, debía dejar el cargo para ir a Racing. Moreno le dijo que sí. Los dos querían verlo en el equipo.

Moreno contó que Kirchner le pidió que renunciara a la Secretaría de Comunicaciones, que ocupaba, y que luego le ofreció al cargo de Secretario de Comercio. Moreno lo aceptó.

El fiscal Luciani le preguntó acerca del libro “En defensa del modelo”, que escribió el propio Moreno. Le leyó una parte en la que señalaba que Kirchner le pidió que bajara la inflación al 11 por ciento y que luego le pidió que la redujera al 10 por ciento. E Inquirió: “¿Cómo iba a hacer usted para conseguirlo?”. A lo que Moreno respondió: “Administrando el comercio, conversando los precios”.

El exfuncionario resaltó lo complejo que es “establecer un precio” por la dificultad de establecer el costo de los componentes de los productos e insistió en que la estadística no le interesaba. El Indec fue intervenido a fines de enero de 2007, cuando la inflación comenzó a ser un problema para el gobierno de Kirchner.

Una vez indagados los demás acusados, las audiencias continuarán la semana próxima, con los primeros testigos.

El juicio a Moreno se inició en coincidencia con una sentencia de la justicia norteamericana que evitó que la Argentina pagara 1500 millones de dólares a fondos buitres que reclamaban esa suma por el desembolso de los bonos de deuda de 2013, conocidos como “cupones PBI”, al considerar que hubo una supuesta alteración de los datos del Indec.

La jueza de la Corte de Distrito Sur de Nueva York, Loretta Preska, rechazó la pretensión de los bonistas porque un tecnicismo en el prospecto de contratación de esos bonos impedía a los demandantes presentar su reclamo.

Moreno llega este juicio condenado en otras dos causas que no tienen sentencias firmes. Tiene una condena a dos años de prisión en suspenso por proferir amenazas en una asamblea de accionistas de Papel Prensa. La condena además lo inhabilita por seis meses para ocupar cargos públicos, pero el fallo no se aplica hasta que quede firme, lo que sucederá cuando la Corte Suprema de Justicia rechace el último recurso de la defensa.

Además, en octubre de 2017, Moreno ya había sido condenado a dos años y seis meses de prisión de cumplimiento en suspenso, inhabilitación absoluta y perpetua por la compra de cotillón anti Clarín con fondos públicos.

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