Guerra de sesiones: el oficialismo se niega a tratar el financiamiento universitario y vuelve a correr el riesgo de no reunir el quorum

El oficialismo en Diputados trabaja a contra reloj para evitar un nuevo revés. Junto a sus aliados de Pro, consensuaron un temario de sesión que incluye los proyectos que no se pudieron discutir la semana pasada por falta de quorum y sumaron –a pedido del macrismo– la declaración de la educación como un servicio esencial. La cita fue convocada para mañana a las 11, y el Gobierno se enfrentará con el desafío de no volver a quedar expuesto en su minoría parlamentaria y reunir los 129 diputados para abrir la discusión en mayoría.

No será una tarea fácil: tanto el radicalismo como la Coalición Cívica (CC) y el bloque de Miguel Ángel Pichetto tienen su propia agenda parlamentaria, que ya canalizaron a través de sendos pedidos de sesiones. En total, hay tres convocatorias formales, incluida la del Gobierno, que se superponen y desafían entre sí. Ningún bloque llega por sí solo a reunir la mitad más uno del cuerpo y deberán conciliar los objetivos parlamentarios para evitar una parálisis.

Los opositores dialoguistas le reclamaron al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, que acceda a negociar el temario y lo amplíe con los proyectos que interesan al resto del cuerpo. Sin embargo, Menem se mantenía renuente a los pedidos, por lo que los bloques de la UCR y de Encuentro Federal, a manera de reprimenda, no descartaban esta noche hacerle un desplante en la sesión convocada por la mañana y, por la tarde, en una nueva sesión convocada por ellos, avanzar con un temario ampliado.

El oficialismo y Pro cuentan con una tropa propia de alrededor de 80 diputados. Si bien una porción del radicalismo podría sumar número para llegar a las 129 voluntades, ya hay una decena que se niega a aparecer en el recinto si no se incorpora al temario los proyectos que buscan garantizar el financiamiento universitario. El Gobierno se rehúsa a discutir estas iniciativas porque repite que, de aprobarse, el Poder Ejecutivo deberá asumir un costo aproximado de $1,4 billones que afectará el equilibrio fiscal.

La Coalición Cívica, Innovación Federal y Encuentro Federal (antes llamado Hacemos Coalición Federal) –que reúnen a 31 legisladores– serán determinantes para sellar la suerte del oficialismo. Según comunicaron a LA NACION, todavía no definieron qué hacer mañana. La semana pasada, los 16 integrantes del bloque de Pichetto le marcaron la cancha al Gobierno y mostraron su poder de fuego con un faltazo, por el que terminó naufragando la sesión. Si el diálogo entre los exaliados no mejora, es probable que vuelvan a ausentarse. Pichetto le recrimina a Martín Menem, el presidente del cuerpo, “falta de palabra”, algo determinante para el experimentado legislador que hace culto de los “usos y costumbres” parlamentarias.

Este compendio de diputados tiene el foco puesto en rechazar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 656/2024, por el que se incrementaron $100.000 millones los gastos reservados de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE). La convocatoria de esta sesión, prevista para el jueves a las 10, se formalizó en las últimas horas y es probable que sea acompañada por el radicalismo y Unión por la Patria (UP). Si estos bloques se suman a la impugnación, el DNU estará a un paso de perder completo vigor. Se definirá en el Senado, donde los libertarios detentan una fragilidad aún mayor.

Por su parte, UP lidia con sus propias complejidades. Los 99 integrantes de la bancada que lidera el santafesino Germán Martínez no están particularmente interesados en discutir el temario propuesto por el oficialismo y Pro. Se le suma el hecho de que la sesión está convocada a la misma hora en que declarará Cristina Kirchner en el juicio que investiga su intento de asesinato y una gran porción de diputados se trasladará a las puertas de los tribunales de Comodoro Py para apoyar a la exvicepresidenta.

Las conversaciones

Si bien el bloque radical, que conduce el cordobés Rodrigo de Loredo, trató de acercar posiciones con los libertarios para incluir el financiamiento educativo en el temario que consensuaron junto a Pro, esta estrategia no prosperó y la UCR solicitó otra sesión, que se formalizó para mañana a las 16, tan solo cinco horas después de la primera.

El propósito es que se dictamine sobre un proyecto de ley que garantice el presupuesto a las altas casas de estudio, más allá de los aumentos esporádicos que ofrezca el Poder Ejecutivo. No es un tema menor para el radicalismo, sobre todo en medio de un paro de actividades en protesta por el aumento ofrecido desde el gobierno nacional a los docentes.

La administración libertaria ofreció un aumento del 3% para agosto y del 2% para septiembre a todos los trabajadores, que rechazaron. La Federación de Docentes de las Universidades (Fedun) resolvió no iniciar el segundo cuatrimestre, así como un plan de lucha que continuará con otro paro de 48 horas para los días 20 y 21 de agosto.

En la sesión prevista para mañana a la tarde se debatirán los proyectos para garantizar los recursos a las universidades. Tanto el dictamen de mayoría, impulsado por el kirchnerismo, como el que elaboraron, en conjunto, los bloques de la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, tienen un denominador común: ambos proponen actualizar al 1 de enero de 2024 los gastos de funcionamiento y de los hospitales universitarios. Es decir, proponen una recomposición retroactiva por la no actualización presupuestaria del año pasado.

Además, ambos dictámenes proponen que este año se actualicen de manera bimestral las partidas para el funcionamiento de las casas de altos estudios con el índice de inflación.

La diferencia entre ambos proyectos es que el del kirchnerismo es más ambicioso, al menos en lo presupuestario. En efecto, propone que, además de las partidas de funcionamiento, también sean actualizados por inflación los programas “Fortalecimiento de la ciencia y la técnica en las universidades”, “Desarrollo de proyectos especiales”, “Desarrollo de institutos tecnológicos” y “Fortalecimiento de la actividad de extensión universitaria”.

Asimismo, el proyecto kirchnerista instruye al Poder Ejecutivo a que retome el financiamiento de todas las obras de infraestructura universitaria, actualmente suspendido, como así también lo conmina a que actualice las partidas salariales tanto de docentes como de no docentes del sector.

El proyecto de UP pretende que no haya discriminación en el financiamiento a las más de 60 universidades emplazadas en todo el país. El kirchnerismo, durante su gobierno, se encargó de autorizar la creación de casas de altos estudios en casi todas las provincias, sobre todo en Buenos Aires, una política que un sector de la oposición supo criticar por electoralista y prebendaria, en favor de gobernadores e intendentes peronistas.

Es por ello que la iniciativa que promueven la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal establece criterios objetivos para la distribución de los fondos, entre ellos, el número de ingresantes, alumnos y egresados en cada institución y el tipo de carrera ofrecida, entre otros.

Más allá de los matices en los proyectos, el oficialismo ya adelantó que no está dispuesto a discutir ninguna de estas iniciativas. El Presidente indicó que vetará cualquier proyecto que rompa el equilibrio fiscal y su tropa en Diputados no quiere dar el brazo a torcer. No obstante, si las ideas reformistas del Gobierno persisten, deberá conciliar posiciones con la oposición, que se descama día a día de sus propiedades dialoguistas.

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