Guernica: a una semana del desalojo, los vecinos de la toma volvieron a manifestarse y Andrés Larroque pidió "ser creativos" para buscar una solución

Los vecinos de los alrededores de la toma de Guernica se volvieron a manifestar en repudio a la ocupación del descampado y para reclamar que se concrete el desalojo, que está previsto para el jueves 15 de octubre, según lo resuelto por el juez de Garantías de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo. "La toma nos obliga a ser creativos en la acción política" antes de que se produzca el desalojo, sostuvo, por su parte, el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque.

Los manifestantes emprendieron una caravana de autos y un "bocinazo" hacia la municipalidad de Presidente Perón, a cargo de la intendenta Blanca Cantero, desde el cruce de la Ruta 210 y Avenida Eva Duarte de Perón.

"Cada vez somos más los vecinos indignados que nos animamos a manifestarnos", dijo a LA NACION una mujer que vive en el barrio San Martín, a pocas cuadras de la toma, y agregó: "Se están sumando vecinos frentistas, hartos de denunciar que los ocupantes se les cuelgan de la luz y que viven situaciones de violencia e intentos de robos diarios".

En el marco de la convocatoria de la marcha, se difundió el video de una mujer oriunda de Guernica, Fabiana Spareche, quien invita a "todos los argentinos" a realizar una "rebelión fiscal" para dejar de "mantener gente ociosa". El fin de semana anterior, los manifestantes habían adelantado a LA NACION que, en caso de no recibir una respuesta estatal, dejarían de pagar sus impuestos para "hacerse oír".

"Mi nombre es Fabiana Spareche, soy una vecina más de Guernica, partido de Presidente Perón. Hace 46 años que vivo acá y formo parte de los vecinos autoconvocados en contra de la toma y a favor de la propiedad privada. Estoy haciendo este video para pedirle a todos los argentinos que se adhieran a la convocatoria de rebelión fiscal", comienza la grabación, en el que Spareche agrega: "Este gobierno dijo que venía a terminar con la grieta y la desigualdad social y la están agrandando, porque veo cómo entregan ladrillos y plata; yo tengo 56 años y aún no puedo terminar mi casa".

Días atrás, otra de las manifestantes decía a LA NACION: "El argentino que trabaja todos los días siente que el Estado le toma el pelo. Soltaron a los presos, ahora negocian con delincuentes. Queremos dejar de pagar los impuestos municipales y escalarlo a todo el país; por todos los que cumplimos con los pagos, mientras otros toman terrenos. Esto es viveza, no es pobreza".

Reubicación y asistencia a las familias

De cara a la fecha de desalojo, fuentes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense aseguraron a LA NACION estar "trabajando para lograr una solución antes del 15 de octubre". Según datos oficiales, alrededor de 500 familias ya accedieron a la desocupación "pacífica" del predio a través de la firma de un acta de compromiso en la que el gobierno bonaerense ofrece, a cambio, el mejoramiento habitacional de sus viviendas de origen o de la vivienda de algún familiar en la cual pasan a residir los ocupantes.

"La toma nos obliga a ser creativos en la acción política. Tenemos que buscar una resolución conjunta para todas las familias", señaló Larroque, entrevistado por Radio Splendid.

"A las familias que suscribieron el acta se las llama para coordinar una visita en el nuevo lugar al cual se trasladaron después de retirarse de la toma. Se hace una primera visita de asistencia inmediata y después una visita técnica con trabajadores sociales para determinar las distintas líneas de asistencia, de acuerdo a la situación de vulnerabilidad de cada familia", explicaron las fuentes del Ministerio.

Acuerdo entre las organizaciones sociales y el gobierno provincial

El gobierno de Axel Kicillof trabaja a través de un dispositivo interministerial, que, recientemente, propuso a las organizaciones sociales "conformar una comisión conjunta de seguimiento, para formular las respuestas adecuadas a cada situación familiar", según dijeron en el equipo del ministro Andrés Larroque.

Silvia Saravia, referente nacional de Barrios de Pie, confirmó a LA NACION que las organizaciones mantienen un "diálogo permanente" con el gobierno de la provincia de Buenos Aires y que existen propuestas conjuntas -"que hay que ver si pueden avanzar"- pero no precisó detalles de las mismas.

Sin embargo, algunos grupos de izquierda, como Polo Obrero (PO), no se manifestaron conformes con las acciones que lleva a cabo el gobierno provincial. "El operativo no avanza porque no hay respuestas al plan de los vecinos ni se formaliza la contrapropuesta", sostuvieron fuentes de PO, en referencia al plan para urbanizar el descampado que presentaron, semanas atrás, las organizaciones y delegados de la toma, en colaboración con un equipo de geógrafos y arquitectos. El marco legal del proyecto fue confeccionado por la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas.

Además, los referentes de PO aseguraron que "Larroque se comprometió a retirar el escrito incriminador" –las actas de acuerdo– porque son "una apretada a la gente". En respuesta a ello, en el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad indicaron que "la posibilidad de firmar actas siempre está disponible", y advirtieron: "El Subsecretario de Hábitat planteó la inviabilidad desde el punto de vista técnico y ambiental. A su vez, [en la propuesta] no reconocen la determinación del Poder Judicial sobre la posesión de esos terrenos".

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