Toma en Guernica: las organizaciones sociales se movilizan para frenar el desalojo
LA NACIONInés Beato Vassolo
Mientras se espera que la Justicia defina la fecha de desalojo de las más de 2500 familias que ocupan el predio de la localidad de Guernica, en el sur del conurbano bonaerense, las organizaciones sociales marcharán para demorar la resolución y pedir un espacio de diálogo.
"El municipio había abierto una mesa de diálogo, que ahora se cortó, y tampoco nos recibe el gobierno provincial. Sea en Guernica o en otro lugar, la gente de la toma necesita resolver su problema habitacional, así que el Estado nos tiene que dar una solución", dijo a LA NACION Lorena Ojea, referente del Movimiento por la Unidad Lationamericana y el Cambio Social (MULCS).
Las siete organizaciones sociales con presencia territorial en la ocupación de las más de 100 hectáreas se movilizarán este jueves por la mañana hacia la sede municipal de Presidente Perón. Para el viernes, tienen previsto extender la protesta a la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, en La Plata.
Las organizaciones trabajan en una estrategia conjunta con la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas, institución que encabeza la defensa de los ocupantes. Según Ojea, la gremial trabaja en los argumentos que presentará ante la Justicia para frenar el desalojo, pero aún no los hará públicos.
"Los abogados ya tienen turno para presentar el amparo, pero aún no sabemos cuándo será. Hay herramientas que podrían usarse para la defensa. Estamos trabajando en eso", sostuvo la referente de MULCS.
Movilización hacia edificios gubernamentales
Si bien los protagonistas y defensores de la toma aún no han definido cómo procederán en caso de que avance la orden de desalojo, Ojea dijo a LA NACION que en Guernica se están gestando asambleas para organizarse, entre vecinos, y "prepararse" ante un posible "anuncio sorpresivo" de desalojo.
"Las decisiones tienen peso político, así que nos preparamos para que haya sorpresas", sostuvo Ojea, quien, de todos modos, advirtió: "Primero vamos a ver cómo evoluciona el asunto con la marcha. Estamos haciendo lo posible para poder dialogar".
Los representantes de la gremial de abogados se mantienen herméticos respecto de la nueva estrategia que planean para la defensa. Si bien confirmaron a LA NACION que "están analizando" cómo proceder ante el dictamen judicial, una de las abogadas de la causa, María del Rosario Fernández, indicó días atrás que "no hay nadie que haya acreditado titularidad de las tierras" y, por lo tanto, "no hay delito".
"No se sabe de quién son las tierras. Los particulares que se presentaron no tienen más que un papel, informal. Por eso, decimos que no hay titular ni hubo despojo", indicó Fernández. Restará saber si estos fundamentos aún podrían funcionar como freno al "lanzamiento" sobre el descampado, que indica la orden judicial.
Repercusión entre los ocupantes
Ayer, cuando se dio a conocer el fallo de la Cámara de Apelaciones de La Plata –que confirmó, aunque sin fecha, la orden de desalojo de la toma– se vivieron momentos de "pánico" entre los ocupantes, según indicó Ojea.
"La gente estaba muy enojada y con miedo. Fueron momentos terribles. Si los sacan de ahí, no tienen a dónde ir", explicó la referente social.
El fallo de la Justicia solicita "hacer cesar los efectos del presunto delito que se estaría cometiendo", por medio del "allanamiento" del predio, y autoriza a solicitar el "auxilio de la fuerza pública", aunque extrema el pedido de recaudos.
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