Guernica. Los vecinos de alrededores de la toma viven con miedo y exigen el desalojo
LA NACIONInés Beato Vassolo
"Guernica es precedente. De todos los argentinos depende seguir teniendo derecho a la propiedad privada", decía el folleto que repartieron algunos vecinos de los alrededores de la toma de Guernica, para convocar una manifestación en repudio a la ocupación del descampado, que lleva dos meses y medio consolidada.
Entre ellos, predomina la incertidumbre, el miedo y la sensación de que "el Estado está ausente". Cada una de las tres veces que la Justicia prorrogó el desalojo, sumaron, además, una cuota nueva de resignación. Ayer, alrededor de las 15, este grupo de vecinos cortó la intersección de la ruta 210 y Avenida Eva Duarte de Perón, a pocos metros de la municipalidad de Presidente Perón, para insistir en que se proceda al desalojo de las familias que ocupan las tierras.
"No existimos, nadie nos convoca. Al no tener afiliación política, es muy difícil, para nosotros, pelear contra estructuras partidarias", explicaba a LA NACION, días atrás, un hombre que vive hace 15 años con su familia en Parque Las Naciones, un barrio cerrado que se encuentra a 300 metros de la toma de terrenos.
El hombre se comparaba con los ocupantes de la toma, quienes, en general, cuentan con el respaldo de distintas organizaciones sociales, que los asisten en territorio, hacen de intermediarias con el gobierno de la provincia de Buenos Aires e impulsan el reclamo por una solución habitacional. "Esto es un circo de las agrupaciones de izquierda, que lo están tomando como un campo de batalla para ellas mismas", sentenció el hombre –quien prefirió mantener en reserva su identidad–.
Parque Las Naciones está lejos de ser un típico barrio cerrado. Allí, según afirman los vecinos, la tensión eléctrica es baja y no hay servicio de cloacas ni agua corriente. Tampoco en los barrios linderos. A los vecinos de Guernica les preocupa el estado en el que quedarán los servicios públicos si se consolida la toma; de hecho, con el avance de la ocupación, dicen padecer cortes de electricidad regulares.
Colapso de servicios
"Guernica es muy pobre. No tiene recursos. No tenemos tensión, salta la luz, se queman los electrodomésticos. El hospital estuvo colapsado toda la vida, las escuelas son muy carentes. ¿Cómo van a hacer para asistir a toda esta gente nueva?", manifestó, inquieto, el vecino del barrio cerrado, en donde viven alrededor de 800 familias.
Además de los cortes de luz, desde que comenzó la toma, han habido múltiples intentos de robo en el country. Los vecinos reforzaron el personal de seguridad y juntan dinero para construir una muralla en los sectores del perímetro en donde hoy hay alambre.
"Si el equipo del ministro [de Desarrollo de la Comunidad, Andrés] Larroque, sufrió problemas de inseguridad y tuvo que sacar las carpas, para nosotros va a ser invivible. Desde que llegaron, los ocupantes saltan el paredón, se nos meten, no les importa la propiedad privada", dijo el vecino, y concluyó: "Cuando esto deje de ser noticia, vamos a tener que irnos todos".
La semana pasada, el gobierno bonaerense se acercó al predio para asistir a las familias que lo ocupan y gestionar acuerdos de retiro voluntario, a fin de evitar un escenario de represión durante el desalojo. Sin embargo, a través de un comunicado oficial, el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad denunció que "grupos violentos impidieron la labor del estado" y no dejaron que los funcionarios llegasen a las familias. Como consecuencia, instalaron oficinas móviles a más de 20 cuadras de la toma, frente al edificio municipal. Ahí trabaja un equipo interministerial integrado por los ministerios de Desarrollo de la Comunidad, Justicia y Derechos Humanos y de las Mujeres; también participa el Organismo Provincial de la Niñez y Adolescencia.
Según datos oficiales, hasta el día de hoy, 400 familias firmaron su acuerdo de retiro a cambio de asistencia estatal –que incluye, entre otras medidas, el envío de materiales de construcción para aquellos que tienen acceso a otro terreno y la limpieza y desinfección de las viviendas de origen–.
Algunos de los ocupantes, con casa en Guernica
"Lo que veo acá son puros votos a futuro y la decadencia del país. Es indignante. Luchamos desde hace años para que el municipio nos asista y estas personas llegan de cualquier lado y reciben todo lo que piden", dijo a LA NACION una mujer que vive en Numancia hace más de ocho años, con su pareja y sus hijos. La mujer trabaja en el rubro de la seguridad, y su casa queda a pocos metros de la toma. Según sostuvo, muchos de los ocupantes son conocidos del barrio, y cada mañana ve "a las mujeres salir de sus casas, con sus hijos, los termos y las reposeras, y dirigirse a la toma para instalarse, durante el día, como si fuese un camping".
"Vivíamos en un lugar tranquilo y ahora no se puede ni dormir. Todas las noches van y vienen", se lamentó la vecina, y concluyó: "Tenemos que estar encerrados porque todo lo que ven te lo llevan. Se roban hasta las maderas de los cercos de las casas, para demarcar sus parcelas". La mujer tampoco quiso exponer su identidad, tras asegurar que ha sufrido amenazas por parte de los ocupantes de las tierras.
Guido Giana –concejal de Presidente Perón por Juntos por el Cambio– es personal damnificado en la causa judicial de la toma, y uno de los pocos vecinos en hacer públicas sus denuncias. "Los argentinos nos resignamos a que la Justicia y el Ejecutivo no estén de nuestro lado. Muchos de los vecinos creen que las familias van a lograr quedarse y, por eso, les da miedo hablar", indicó el concejal.
Cuando comenzó la toma, alrededor de 50 ocupantes rompieron el alambrado del campo en donde Giana vive con su familia –que se ubica frente al descampado, sobre el final de la calle Islas Malvinas– e irrumpieron la propiedad. Tras presentar múltiples denuncias, el concejal consiguió que se disponga la custodia de su terreno, desde el 7 de agosto pasado. En ese sentido, el vecino de San Martín destacó el rol "excepcional" de la fiscalía –encabezada por Juan Cruz Condomí Alcorta– en el "resguardo de las víctimas".
A pesar de las sucesivas postergaciones del desalojo, Giana dijo a LA NACION que confía "en la Justicia, el diálogo y el consenso", pero advirtió: "Sería muy mal antecedente que se continúe prorrogando. Si el Estado no sigue con intensidad la reubicación, va a volver a haber resistencia dentro del predio".
"Esto es un tema de mensajes. Cuando das el mensaje equivocado, el revés puede ser muy grave. Si los violentos ven que el Estado claudica en su lucha, las familias van a volver o vendrán nuevas personas", sostuvo el concejal.
Rebelión fiscal
Pasadas las 17 de ayer, los vecinos de Presidente Perón que rechazan la toma levantaron la manifestación que habían organizado en el acceso a la localidad de Guernica, ante el aviso de que algunos ocupantes se acercarían a la ruta 210 a confrontarlos. Entre los manifestantes, planean impulsar una "rebelión fiscal" para hacerse oír.
"El argentino que trabaja todos los días siente que el Estado le toma el pelo. Soltaron a los presos, ahora negocian con delincuentes. Queremos dejar de pagar los impuestos municipales y escalarlo a todo el país; por todos los que cumplimos con los pagos, mientras otros toman terrenos", dijo a LA NACION una mujer que vive en el barrio San Martín, y concluyó: "Esto es viveza, no es pobreza".
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