Cuenta regresiva para el desalojo del predio en Guernica: "A partir de mañana empieza a intervenir el juez", advirtió Andrés Larroque
"A partir de mañana empieza a intervenir el juez y ya nosotros seremos auxiliares", indicó, esta tarde, el ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, en una conferencia de prensa dictada desde las oficinas móviles que el gobierno bonaerense instaló en el partido de Presidente Perón, donde se ubica la toma de Guernica. Una vez más, el ministro ratificó que "no hay más margen para pedir nuevas prórrogas", e indicó que 601 familias se retiraron del predio, tras firmar un acuerdo de asistencia estatal.
"Hace un mes instalamos un dispositivo interministerial que no tiene precedentes, a los efectos de lograr una desocupación pacífica de la toma. Estamos muy orgullosos con lo realizado", dijo Larroque, y afirmó que "dentro de la toma queden aproximadamente 150 personas".
Aunque todo indicara que no habrá lugar a una cuarta prórroga, el gobierno bonaerense de Axel Kicillof descansa en la letra chica de la resolución judicial y confía en que mañana no se hará el "lanzamiento", como llaman en la jerga el ingreso de la policía al predio, sino que el inicio proceso de desocupación podría extenderse en el tiempo.
El juez de Garantías de Cañuelas, Martín Miguel Rizzo, determinó que el desalojo podría "efectivizarse" el día "15 o supletoriamente el día 16 o 19 o 20 o 21 o 22 o 23 o 26 o 27 o 28 o 29 o 30 de octubre del corriente año". En este sentido, tanto fuentes del Ministerio de Desarrollo de la Comunidad bonaerense como cercanas al ministro de Seguridad, Sergio Berni, dijeron a LA NACION que el desalojo "es un proceso" y que no creen que ocurra "el mismo jueves".
Larroque volvió a remarcar que su equipo continúa "abierto al diálogo", a pesar de que "la posibilidad de acoplarse a los acuerdos fue obstruida por actores que nunca quisieron colaborar". Según lo indicado por el ministro, "el 80% de las personas y familias que participaron originalmente de la toma han salido, y están encaminadas en un proceso de solución de hábitat urgente y, luego, en una solución de fondo que tiene que ver con la generación de 3000 lotes para el municipio de Presidente Perón".
La iniciativa del loteo social se enmarca dentro del Plan de Suelo, Vivienda y Hábitat, presentado por el gobernador Kicillof, y alcanza no solo a quienes participaron de la toma, sino a "todo el distrito en su conjunto, que es un distrito golpeado, que duplicó su población en los últimos diez años", según palabras de Larroque.
De la conferencia también participó la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, quien aseguró que mantiene una "muy buena relación con la provincia de Buenos Aires" y que en el municipio no existe "solo un problema" –en referencia a la toma–, sino que hay "una ciudad por gobernar".
En la misma línea que Larroque, la ministra de Gobierno, Teresa García, apuntó contra las organizaciones sociales de izquierda, a quienes pidió que "reflexionen", y acusó de que "lo único que han hecho es perjudicar a los que, por largas horas, estuvieron peregrinando sin conseguir una solución".
Apoyo de Kicillof
Kicillof respaldó hoy a Larroque e indicó que los acuerdos "fueron un avance importantísimo" y un "trabajo artesanal". Además, el gobernador bonaerense ratificó en declaraciones a radio Con Vos que no habrá otro pedido de prórroga.
Fuentes del Ministerio afirmaron a LA NACION que "mientras esté el desalojo" las oficinas móviles –instaladas al lado de la municipalidad de Presidente Perón, donde está ubicado el predio– seguirán abiertas "para asistir a los que quieran irse de ahí". Según estiman en el equipo de Larroque, "cuando las familias que quedan (en la toma) vean policías, puede que acudan a la carpa en busca de acuerdos".
En las oficinas trabaja un dispositivo interministerial –coordinado por el Ministerio de Desarrollo de la Comunidad– con varios integrantes que tendrán un rol activo durante el desalojo, en la asistencia de personas en condición de vulnerabilidad. Tal es el caso del Ministerio de Mujeres, Políticas de Género y Diversidad Sexual y el Organismo Provincial de Niñez y Adolescencia. También, por este motivo, las carpas quedarían montadas al menos hasta el 30 de octubre.
Berni, sin recursos para el desalojo inmediato
Aunque se mantengan a disposición durante el operativo, en el ministerio que lidera Larroque advirtieron: "Nosotros somos el principal auxiliar de la Justicia hasta mañana. Después del 15, nuestro rol es de acompañantes, y el principal auxiliar pasa a ser Seguridad".
Días atrás, Berni adelantó que aún no tenía recursos para cumplir con la orden de desalojo y que estimaba no poder hacerlo, al menos hasta fin de mes. "No puedo encontrar cuatro cuatriciclos que funcionen. No tengo un colectivo para trasladar a la policía", dijo, en declaraciones televisivas. Además, argumentó que necesita 3000 hombres para hacer cumplir con la orden judicial, y que el impacto del coronavirus se siente entre las fuerzas.
Hasta el momento –según confirmaron a LA NACION fuentes oficiales– el operativo de desalojo dispondrá de 600 efectivos de la Policía bonaerense, una cantidad bastante menor a la que Berni dijo necesitar. Además, en el equipo del ministro indicaron que "no se sabe la fecha y tampoco la duración del procedimiento", pero aseguraron que "cuando se entra (al predio), se termina".
"Estamos para acatar la orden de la Justicia, pero Berni dejó en claro que la logística para esto no es sencilla", reiteraron las fuentes del Ministerio, y aseguraron que, mientras esperan la indicación judicial, continúan trabajando en el decomiso de las armas que se portan en la toma.
Según pudo saber LA NACION, el fiscal de la causa, Juan Cruz Condomí Alcorta, trabaja en conjunto con Berni para ultimar los detalles del operativo, pero se desconocen las precisiones de lo acordado. El mes pasado, en vísperas de la anterior fecha de desalojo, fuentes de la fiscalía habían afirmado que "la policía va a estar desarmada" porque "un solo disparo generaría una situación de desbande". Sin embargo, eso no fue confirmado por la gente de Berni.
Pedidos de otra prórroga
Mientras que al gobierno provincial contempla un margen de 15 días para cumplir con la orden de Rizzo, las organizaciones sociales continúan las movilizaciones, con el foco puesto en mañana. Hoy a las 16.30 realizarán una conferencia de prensa en Plaza de Mayo, y, a partir de las 18, encabezarán una vigilia y un "abrazo solidario" en el predio de Guernica. Pasada la madrugada, prevén cortes de accesos, rutas y autopistas, "en 20 puntos distintos".
Pero los grupos de izquierda comienzan a perder canales de reclamo: Larroque ha manifestado, reiteradas veces, estar en cortocircuito con las organizaciones, y la Asociación Gremial de Abogados y Abogadas advirtió que "ya no tiene más tareas judiciales por producir".
En un comunicado oficial, en el que aseguran que "el trabajo referente al conflicto de Guernica llega a su fin", los abogados de la gremial sostuvieron: "Sólo nos resta seguir y estar presentes en las consecuencias de un arreglo o en las consecuencias del desalojo compulsivo. Este último ya no puede ser evitado por medidas o recursos judiciales que podamos plantear, porque interpusimos todo lo que teníamos a nuestro alcance".
Si bien en el escrito se deja en claro que la gremial "sigue a disposición de las organizaciones", también se aclara: "Los que tienen la responsabilidad directa de alcanzar acuerdos o plantear desacuerdos no somos la Gremial de Abogados y Abogadas".
Por último, la Defensoría del Pueblo, el Centro de Estudios Legales y Sociales(CELS), la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA) –entre otros– presentaron un escrito ante el Tribunal de Casación para la "revisión y reexamen de la medida de desalojo masivo", dada la "inexistencia de condiciones" para prevenir y proteger los "derechos a la integridad física, la dignidad, y el derecho a la vivienda, así como las obligaciones específicas de respeto de las garantías mínimas del proceso penal". El documento ya fue recibido por la Justicia, pero son pocas las esperanzas de que se le de curso a la petición, según manifestaron a LA NACION algunos de los firmantes.
Carta al presidente Fernández
En un último intento por frenar el desalojo, los delegados de la toma difundieron, hoy, una carta dirigida a Alberto Fernández, titulada "Tierra para vivir. Ni desalojo ni represión". En la misma, se cita una entrevista en El Cohete a la Luna, en la que el primer mandatario sostuvo: "No avalo la toma de tierras, pero el derecho penal no arregla un problema social acuciante, al que hay que darle respuesta con la urbanización de tierras fiscales y la construcción de viviendas para esa gente. La respuesta no es sacarlos a palazos con un juez y un policía".
En línea con lo expresado por Fernández, las organizaciones le cuestionaron, en el escrito: "Sr. Presidente: si, como usted y otros funcionarios declaran, el déficit de viviendas es un problema de urgente resolución en el que se compromete el gobierno, ¿qué impide hacerlo en este caso? Si, como usted dice, el déficit de vivienda no se resuelve con policías, ¿por qué no se solicita al juez dejar sin efecto la orden de desalojo, y avanzar en soluciones concretas asignando ya mismo lotes a las familias asentadas en Guernica?".
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