Guernica: un desalojo incierto por la pulseada entre Sergio Berni y la Justicia
LA NACIONMaría José Lucesole
LA PLATA.– En tiempo de descuento al plazo límite dispuesto por la Justicia para el desalojo en Guernica –30 de octubre–, el Ministerio de Seguridad de la provincia de Buenos Aires tiene listo un operativo para desocupar por la fuerza pública el predio, pero no lo ejecuta.
El ministro Sergio Berni asegura que espera una nueva orden del juez de Garantías de Cañuelas, Martín Rizzo, para actuar. Pero en este juzgado se informó a LA NACION que no hace falta otra orden para hacer cumplir con la resolución. Hasta el Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos Aires rechazó un recurso interpuesto por el defensor oficial del municipio de Presidente Perón para impedir el desalojo, el 16 de octubre último. Es decir, no hay apelación pendiente a la resolución de despejar el predio antes del viernes próximo. "No hace falta una nueva orden para que el Ministerio de Seguridad ejecute la resolución", informaron a LA NACION en el Juzgado de Garantías Nº 1 de Cañuelas.
"Las fechas ya están fijadas. La coordinación para un lanzamiento depende ahora del Ministerio de Seguridad, con asistencia del Ministerio Público Fiscal", precisaron en el juzgado. En el Ministerio Público Fiscal, Juan Cruz Condomí Alcorta asegura que Berni tiene que hacer cumplir la orden de la Justicia.
Hasta el miércoles hay horas cruciales para llegar a un acuerdo de desalojo voluntario y pacífico: el Ministerio de Desarrollo Social intenta coordinar con ocho organizaciones políticas y sociales que representan a los ocupantes el traslado a cuatro terrenos de siete hectáreas y dos casas de albergues transitorios.
Esa negociación es obturada por el Polo Obrero, que integra la mesa de diálogo junto con Libres del Sur, el Movimiento Darío Santillán, la Federación de Organizaciones en Lucha, el Movimiento Teresa Rodríguez, el Partido de los Trabajadores Socialistas, el Movimiento de Unidad Latinoamericana y el Nuevo Mas. Tienen 48 horas para tomar la propuesta del gobierno. "Esta vez no habrá pedido de prórroga", aseguran desde el Poder Ejecutivo.
El operativo para el lanzamiento en el predio de 90 hectáreas ocupado ilegalmente en Presidente Perón está concluido. Berni logró reunir cuatriciclos, un colectivo, armas y mil hombres. Es un operativo menor al que se previó en el inicio, cuando había más de 3500 personas (2797 niños) en el lugar. En este momento el gobierno registra 1500 familias.
El gobierno asegura hoy que el 80% de los ocupantes aceptó un acuerdo para trasladarse por voluntad propia. Resta verificar si estas familias cumplen con retirarse y aguardar seis meses fuera de Guernica hasta que les concedan otros lotes donde instalarse.
Berni culpa a la Justicia de la dilación, pero sabe que los tiempos son de la política. En la Justicia niegan a Berni. La orden ya se impartió. Y no hay apelación que la suspenda.
"La decisión judicial está firme en todas las instancias. La Cámara confirmó. La Casación denegó un recurso de apelación que presentaron los representantes políticos de los ocupantes. No hay escapatoria judicial. Se tiene que hacer", expresó uno de los actores del proceso que se desarrolla ante el juez de Garantías Martín Rizzo de Cañuelas. "Están tratando de sacar la mayor cantidad de gente posible por las buenas", dijeron a LA NACION dos fuentes judiciales que intervienen en el proceso en referencia al accionar del gobierno de Axel Kicillof.
"Teníamos quince días para hacerlo. Los días de lluvia es imposible. Y tampoco tiene sentido apurarlo si la gente se está yendo sola", admitió una fuente desde la Justicia. La lluvia de la semana que pasó fue aliada del gobierno, para ganar tiempo. Y para empujar a los ocupantes a buscar otro lugar donde poder construir un futuro que no sea bajo lonas precarias. "Se está tratando de instrumentar el desalojo de acuerdo con la capacidad logística. Seguramente entre mediados y fines de la semana que viene habrá novedades", expresó la misma fuente judicial. No hay pedida una nueva prórroga. En la Justicia aseguran que antes del lunes se retirará la mayor parte de la gente que aún queda en las 90 hectáreas ocupadas. De acuerdo con un primer censo en el lugar había unas 1900 familias. Ahora son 1500. Un dato no es menor: mil de esas familias no son las mismas. Es decir, que mientras el gobierno afirma que logró acordar con el 80% de los ocupantes, otros tantos ciudadanos ilegales llegaron a instalarse en el predio.
Entre los que resisten hay mujeres víctimas de violencia de género, que afirman no tener a donde trasladarse en lo inmediato.
"Las mujeres que pedimos tierra para vivir con nuestros hijos estamos pasando por momentos desesperados en Guernica" expresaron Juana Lissar, Nicole Salvatierra y Juana Acuña.
"Estamos casi a la intemperie, con lo poco que nos quedaba arruinado por el agua, sin un lugar seco donde estar. Ni los refugiados viven en estas condiciones a las que nos somete el gobierno de Axel Kicillof y la Justicia", dijeron.
Las mujeres denunciaron que el gobierno impidió el ingreso de materiales de construcción para repararse de la lluvia la semana que pasó. "Ellos no dejaron que pasemos materiales para impedir este desastre. No elegimos esta situación: muchos de los vecinos nos quedamos sin trabajo y no pudimos seguir pagando el alquiler, y no tenemos familiares que puedan recibirnos. Muchas de nosotras sufrimos violencia de género. La orden de desalojo que nos tiene amenazados todos los días empeora todavía más las cosas: nos dicen que se puede encontrar una salida, pero mientras tanto nos siguen amenazando con un desalojo Les pedimos al juez Rizzo al fiscal Condomí Alcorta y al defensor de Presidente Perón, Stasi que piensen en todas las familias que no somos 200 como dicen, somos muchísimos más".
Los ocupantes insisten con exigir que se levante la orden de desalojo. Y reclaman al gobernador Kicillof y el ministro Andrés Larroque, "que dejen de dar vueltas con promesas inconclusas y nos den una salida concreta".
Los ocupantes enviaron también una carta al presidente Alberto Fernández para exigir una respuesta: "somos el pueblo y al pueblo se lo respeta, no se lo humilla".
El Presidente y el Gobernador condenan las tomas, pero evitan hasta último momento protagonizar episodios de violencia que los exponga como verdugos antes los movimientos políticos de izquierda.
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