Graciela Ocaña denunciará a Luana Volnovich y a funcionarios del PAMI por una compra millonaria a una “empresa fantasma”

La diputada nacional Graciela Ocaña presentará una denuncia penal contra las autoridades del PAMI por el millonario gasto en cotillón para el mundial, con una serie de elementos que se centran en las características del proveedor al que se le pagó la mercadería: una firma creada cinco meses antes de la compra oficial y cuyo domicilio declarado parece ser inhóspito.

El organismo que conduce Luana Volnovich adquirió a principios de noviembre cotillón por $14.079.450 y justificó la operación bajo la categoría de “actividades sociopreventivas”. Según supo LA NACION, la empresa proveedora, “La comuna ATESH S.R.L.”, fue creada en abril de este año con un capital inicial de $100.000.

La denuncia indica que se trata de una “empresa fantasma”, cuyo objeto social serían los espectáculos artísticos, que comenzó su actividad comercial en mayo de este año y cuya sede declarada es una casa particular de un barrio de Berazategui, localidad donde milita Volnovich.

“La Comuna Atesh S.R.L. fue constituida el 6 de Abril de 2022, y posee únicamente dos socios, Noelia Yamila Cabrera y Franco Lionel De Roque, dos jóvenes de 31 y 33 años respectivamente que no tienen ningún antecedente en el rubro”, señala la denuncia a la que accedió LA NACION. También remarca la presentación que la Dirección Provincial de Personas Jurídicas de la Provincia de Buenos Aires le otorgó la inscripción en apenas cuatro días hábiles.

El procedimiento de selección para comprar la mercadería fue una compulsa abreviada, según el expediente de la compra. Según la diputada denunciante, “esta compra no solo debe ser investigada por la justicia por la altísima suma de dinero gastada para cotillón”, cuando el Instituto tiene serias deficiencias en la atención médica de los jubilados y pensionados, sino también porque el mecanismo de compulsa abreviada “viola los principios rectores de la Administración Pública, de trasparencia, publicidad, economía y responsabilidad”.

Ocaña denunciará por la presunta comisión de los delitos de defraudación a la Administración Pública, peculado, asociación ilícita y falsedad ideológica a la titular del PAMI Volnovich, a los funcionarios de ese organismo Martín Rodríguez, Santiago Augusto Corvalán Olivera, Diego Sebastián Aysine, Franco Di Giorgio, Facundo Javier Zárate, Plácido Ramiro Gómez, Diego Guillermo Sirito y Cintia Celeste Gongora, y a los dueños de la firma La Comuna Atesh Noelia Yamila Cabrera y Franco Lionel De Roque.

“Es una empresa sin antecedentes y que únicamente se la conoce por proveerle productos al PAMI. En Junio de 2022, es decir a menos de dos meses de constituirse, esta empresa se presentó a la licitación privada de PAMI N°87/22, pero no salió adjudicada ya que de las cuatro empresas que ofertaron la recientemente creada oferto el precio más alto”, plantea la denuncia.

Y sobre la empresa agrega: “Tal es su ambición de crecimiento, que hizo que, en la licitación 87/22, se animaran a ofrecer al PAMI proveerle de artículos como naipes españoles, bolígrafos y hasta bolsas ecológicas”.

“Es evidente que el PAMI tiene una obsesión con otorgarle sumas millonarias a empresas y centros de jubilados que recién inician y que sus sedes son sedes fantasmas”, denuncia Ocaña.

Además de cuestionar la compra en sí por la utilidad de los materiales cuando el organismo tiene otras deficiencias, según Ocaña, también se cuestiona el hecho de haberlo hecho mediante el método de compulsa abreviada cuatro días antes del inicio del Mundial, de manera urgente, dado que las fechas del inicio del mundial son conocidas hace tiempo.

“En manos de quien están los afiliados de PAMI, que las autoridades no solo compran a las apuradas y caro un producto que no tiene vinculación alguna con las actividades socio preventivas de la institución, sino que para peor el cotillón para el Mundial sería entregado cuando ya terminó el Mundial”, cuestiona la presentación.

Y agrega: “Este elevado monto tiene para las compulsas abreviadas solo se justificarían para la compra de medicamentos y tratamientos que por razones de urgencia y riesgo de vida deben suministrarse a los afiliados. Nunca claramente para compras directas de cotillón”.

Por esta operación un conjunto de diputados de Juntos por el Cambio presentó el viernes pasado un pedido de informes en la Cámara baja.

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