Graciela Camaño: "La reforma judicial propuesta por el Gobierno es absolutamente inoportuna"

En el enfrentamiento que libran el oficialismo y Juntos por el Cambio en torno a la reforma judicial , que anticipa una votación reñida en la Cámara de Diputados, la voz y el voto de Graciela Camaño serán claves. La diputada de Consenso Federal y miembro del Consejo de la Magistratura tiene una mirada crítica del proyecto en cuanto a la oportunidad de su presentación y las prioridades que impone, pero su mayor preocupación es que la iniciativa carece de acuerdo político. A su juicio, este es un requisito esencial para que la ley sea viable y no sea objetada por la Justicia.

"En líneas generales creo que [la reforma] es absolutamente inoportuna –enfatizó Camaño, en diálogo con LA NACION-. Además, sostengo que para su tratamiento parlamentario es necesario el acuerdo político. Por la sencilla razón de que estamos discutiendo reformas a un poder del Estado, el Poder Judicial. El kirchnerismo tiene la experiencia de haber impulsado (durante la gestión de Cristina Kirchner) una reforma judicial; fue legal porque fue votada con la mayoría kirchnerista. Sin embargo, como no tuvo un acuerdo político más amplio, una de sus leyes fue declarada inconstitucional por la Justicia y otra fue suspendida por el gobierno posterior".

-Da la impresión de que esta reforma judicial no cuenta con el acuerdo político que usted pregona. El principal espacio opositor anticipó su rechazo y la mayoría de los expositores que desfilaron por el Senado fueron críticos del proyecto.

-La experiencia nos enseña que la reforma del Poder Judicial, cualquiera sea la que se plantee, requiere de acuerdo político. Que no significa tener la mayoría para votarlo. Va más allá: es el acuerdo de la dirigencia política, del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo. Este proyecto tiene una mirada única, que es la del partido que gobierna. Si se amplía la base y se incorporan a todas las fuerzas políticas, la mirada también se ampliaría. De ser así, el Poder Judicial deberá acatar aquella ley que surja de ese acuerdo político. Nuestro país puede tener una reforma judicial, pero no la que imponga una facción política. Creo que ésta es necesaria y que algunos organismos necesitan una reforma, como el Consejo de la Magistratura, la ley de Ministerio Público y, sobre todo, que se ponga en marcha de una vez el sistema acusatorio.

-¿Este acuerdo político es posible?

-Hay un problema que lo hace muy difícil. El problema de la Argentina son las causas penales no solo de Cristina Kirchner, sino también las de Mauricio Macri. Las causas que afectan a Cristina deben continuar y llegar a un fallo. Pero también Macri y su familia tienen causas pendientes en la Justicia por estar acusados de hechos delictivos en tres rubros: el Correo Argentino, el tema energético y el de las autopistas. Cuando Macri fue presidente benefició notoriamente con sus decisiones a su grupo familiar. Mientras subsista esta pelea entre Macri y Cristina por defender sus libertades, será muy difícil avanzar en una reforma en el ámbito judicial que le sirva a la gente. Macri quiso avanzar en una reforma y se detuvo cuando empezó a tener causas judiciales. Un ejemplo claro es el del juez [Rodolfo] Canicoba Corral. Lo denunció el propio macrismo. ¿Alguien me puede explicar por qué estuvieron tres años sin investigarlo, sin condenarlo en el Consejo de la Magistratura? Lo tuvieron como rehén.

-Usted señaló la necesidad de avanzar en el sistema acusatorio. Sin embargo, el proyecto del Gobierno propone crear 23 nuevos juzgados en Comodoro Py y más de 90 en el interior del país. ¿No es contradictorio?

-No es una cuestión de contradicciones, sino de prioridades. No quiero entrar en el análisis si se crean 23, 60 o 90 juzgados. Es una mirada simplista. Aquí lo importante es que tengamos un sistema acusatorio. Ya no podemos seguir manteniendo el actual sistema inquisitivo.

-¿No cree que el proyecto del Gobierno refuerza el sistema inquisitivo en lugar del acusatorio?

-No es así. Porque es probable que, una vez que se ponga en marcha, el sistema acusatorio en todo el país se necesiten también más jueces.

-Otro punto conflictivo es que los nuevos juzgados por crearse serían cubiertos por jueces subrogantes. ¿Qué opina?

-La ley de subrogancias fue dictada durante el gobierno de Macri y creo que funciona. Pero hay un problema en torno a cómo se los nombra: están modificando la ley de subrogancias. Es todo un tema.

-Juntos por el Cambio se niega a discutir la reforma judicial en sesiones remotas. ¿Qué postura tiene Consenso Federal?

-Cuando acordamos las sesiones remotas realizamos una interpretación del reglamento de la Cámara en lo que se refiere a la excepcionalidad de debatir fuera del recinto. Así, diseñamos un protocolo que acotó nuestras funciones. Porque no estamos teniendo sesiones ordinarias, sino especiales. Éstas requieren el consenso de los dos tercios de los legisladores en la reunión de Labor Parlamentaria para habilitar los temas. Nosotros creemos que hay que seguir sesionando de manera remota, pero decimos que el protocolo no habilita a que se trate cualquier tema. Para ello se necesita de un consenso mayoritario.

Traslado de jueces

La diputada Camaño se planta en un lugar equidistante del kirchnerimo como del macrismo. Votó en contra de la "cláusula Cristóbal López" de la ley de moratoria y también de la dolarización de la deuda en pesos, incluida en la ampliación presupuestaria, ambas impulsadas por el Gobierno. También dio el voto clave que necesitaba el oficialismo en el Consejo de la Magistratura para avanzar en el plan para revisar los traslados de diez magistrados, entre los que figuran dos que investigaban a la vicepresidenta Cristina Kirchner.

-El kirchnerismo en el Senado avanzará en la revisión del traslado de los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, pese a la medida precautelar que presentó la jueza Alejandra Biotti. ¿Hay conflicto de poderes?

-No voy a opinar sobre la decisión del Senado. Sí hay un dato de la realidad. Ellos están en los cargos sin el acuerdo del Senado. No solo son dos; son diez jueces en la misma situación. El problema se genera porque cuando se los trasladó se omitió seguir las normas.

-¿Volvería a votar de la misma forma?

-Por supuesto. ¿Pero cómo se puede suponer que yo voy a votar sin estudiar acabadamente el tema? Yo soy responsable de mi decisión: como integrante del Consejo de la Magistratura la fundamenté, voté y punto. Las diez camaristas fueron trasladados sin cumplir los recaudos que impone el reglamento del Consejo, ni las acordadas de la Corte, que definen cómo son los traslados. Yo no tengo la culpa de que Macri haya intentado, en 2018, cuando ya tenía sustanciadas unas cuantas causas, acomodar una cámara a su conveniencia trasgrediendo las normas. Yo no soy responsable del error de Macri.

-¿Qué opina sobre la intención del kirchnerismo de promover el juicio político al procurador interino Eduardo Casal?

-El escándalo de Casal es el escándalo de la fiscal [Gabriela] Boquin. Conozco muy bien el tema. La doctora Boquin sufrió todo tipo de aprietes: ella investigó y tuvo mucha valentía en el caso del Correo Argentino. Además, no es una fiscal de Justicia Legítima, como se la quiso hacer ver. Es un ejemplo de fiscal y su pronunciamiento sobre el caso del Correo puso a la luz pública el acuerdo vergonzoso al que se quería llegar entre el Estado y la familia Macri. Y tiene que responder el doctor Casal por eso. Él es procurador interino. El procurador debe tener acuerdo del Senado. Los bloques políticos deberán definir quién debe ser esa persona.

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