Blanqueo de familiares: Graciela Camaño impulsa una ley para derogar el decreto de Mauricio Macri

Son 28 palabras: "Déjase sin efecto el artículo 6 del Decreto N° 1206/2016 por resultar nulo de nulidad absoluta e insanable por contravenir normas y principios básicos de orden público constitucional". Eso es todo lo que propone el proyecto de ley presentado por la diputada Graciela Camaño, de Consenso Federal. Lo que busca es volver a dejar fuera de la ley y sujeto a investigación judicial los fondos blanqueados por parientes de funcionarios durante el gobierno de Mauricio Macri.

Desde Pro cuestionaron el proyecto de Camaño al señalar que invade la esfera de otro poder del Estado: no solo el Ejecutivo, sino también el Judicial, que ya se encuentra analizando la constitucionalidad de ese decreto.

Cuatro años después del decreto con el que Macri reglamentó la ley ómnibus de Reparación Histórica, que en su libro II incluía el "Plan de exteriorización voluntaria de capitales", más conocido como ley de blanqueo de capitales, Camaño presentó un proyecto de ley para declarar nulo de nulidad absoluta e insanable el artículo 6 de ese decreto, con el cual el expresidente introdujo la posibilidad de que los parientes en grado directo de los funcionarios pudieran sumarse al blanqueo, una alternativa que había sido expresamente vedada por el Congreso en la norma original.

En su artículo 82, la ley 27.260 excluía del blanqueo a los funcionarios nacionales, provinciales o municipales de los tres. Era una lista de 23 incisos, de la letra "a" a la "w", que comenzaba con el Presidente, seguía con los legisladores y jueces y terminaba con los espías de la AFI.

El artículo siguiente, el 83, excluía expresamente del blanqueo a los cónyuges, los padres y los hijos menores emancipados de todos los funcionarios mencionados. Fue un artículo defendido por distintos bloques, incluso dentro de Cambiemos. Los opositores que apoyaron la ley lo impusieron como condición.

Para hacer funcionar la Cámara de Diputados, el Frente de Todos necesita reunir el apoyo de 10 legisladores de la oposición. Un aliciente más para que el kirchnerismo respalde la iniciativa.

El decreto reglamentario 1206, firmado por Macri, su jefe de gabinete Marcos Peña y el entonces ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay, alteró el artículo 83, señalando que los parientes directos de los funcionarios sí podían blanquear el dinero y los bienes que hubieran incorporado a su patrimonio antes de que sus familiares asumieran en la función pública.

"Resulta reprochable y reprobable el modo en que el Poder Ejecutivo ha violentado flagrantemente la voluntad del legislador (…), alterando sin más la letra y el espíritu" de la ley, señala Camaño, para ahondar: "Situación que consagró así una mutación ilegitima de la potestad constitucional que le asiste al Poder Ejecutivo, no tan solo para legislar en general, sino más aún para hacerlo en forma exclusiva y excluyente en la materia".

En este último punto aborda la segunda razón para invocar la nulidad del decreto: el Poder Ejecutivo no solo no puede "alterar el espíritu de la ley, ni mucho menos contravenirla", sino que "tiene totalmente vedado legislar en materia tributaria o impositiva".

La "oportunidad" del planteo

Camaño también se refiere al criterio de oportunidad, sin mayores vueltas: "Desde que se dispuso este acto de suma gravedad institucional han pasado cuatro años. Lo cierto es que hoy, conforme a la composición de las Cámaras, es posible enmendar tamaño atropello".

No solo la composición del Congreso cambió, también el clima de época: el kirchnerismo impulsa en el Congreso y la Justicia un profunda investigación de la gestión macrista: endeudamiento, espionaje y el acuerdo con Vicentin son algunos de esos capítulos.

Con un detalle extra: para hacer funcionar la Cámara baja, el Frente de Todos necesita reunir el apoyo de 10 legisladores de la oposición. El bloque de Camaño reúne a tres, aunque interactúa con un archipiélago opositor mayor. Un aliciente más para que el kirchnerismo respalde la iniciativa.

Luego de basar su defensa del proyecto en la Constitución, la jurisprudencia de la Corte y media docena de juristas, Camaño apunta a los tribunales: lugar al que acudirán quienes blanquearon fondos si se deroga el decreto de Macri. "Semejante atropello jurídico-institucional carece de toda virtualidad y valor, por lo que no puede tener eficacia ni derivar efectos que puedan merecer protección dentro del orden jurídico", afirma la diputada.

De hecho, el decreto de Maci fue denunciado en los tribunales por Felipe Solá en 2016, cuando el actual canciller compartía el bloque del Frente Renovador con Camaño. Pero la jueza María Alejandra Biotti rechazó la presentación: no por el fondo, sino por considerar que Solá no estaba legitimado para solicitar la inconstitucionalidad del decreto. La causa está ahora en la Corte.

En 2018, LA NACION reveló que un hermano de Macri, Gianfranco, blanqueó $63 millones gracias al decreto de su hermano.

"Se debilitan las instituciones"

Desde Pro cuestionaron el proyecto de ley de Camaño. "Cuando hay un poder que está llamado a decidir sobre la constitucionalidad de un acto de gobierno, como ocurre hoy con el tribunal de alzada que analiza el decreto 1206/16, no es saludable institucionalmente que otro poder interfiera", indicaron a LA NACION.

"Se está tornando habitual la interferencia entre poderes, algo que debilita las instituciones", agregaron, haciendo referencia al debate actual sobre la cerealera Vicentin. Pero volvieron sobre el proyecto de Camaño: "Se puede plantear la nulidad cuando existe un vicio de nulidad original, algo que no se presenta en este caso. Si existiera, en cambio, un exceso en las atribuciones del Poder Ejecutivo al reglamentar una ley, entonces quien debe actuar es la Justicia".

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