Gómez Alcorta: “Es importante impulsar la paridad de género en todas las dependencias y organismos de la administración de justicia”

Este 8 de marzo, por la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, a Elizabeth Gómez Alcorta su agenda no le da respiro. La fecha, más allá de lo simbólico, representa en ella algo particular: fue la primera argentina en constituirse como ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad en una época donde, dice, “se convirtió intolerable seguir sosteniendo las tasas de femicidios que tenemos”. Según la Corte Suprema de Justicia de la Nación fueron 252 las víctimas directas en 2019, año en el que Gómez Alcorta asumió. Épocas incipientes en su cartera, donde comenta, que no tenían ni siquiera sillas.

Luego del hito más grandilocuente impulsado durante su gestión, la legalización del aborto, la ministra puntualiza para LA NACION en dos políticas que marcarán de ahora en adelante la agenda del área: establecer “pisos mínimos” para la prevención y el abordaje de las violencias y trabajar en la organización del cuidado que, manifiesta, “es la matriz más grande de desigualdades que tenemos”.

Los “pisos mínimos” para el abordaje de las violencias

Dentro del primer punto, el de los “pisos mínimos”, pero no por eso “sencillos”; y ante los reiterados casos de fallas en los sistemas de protección a víctimas fatales de femicidas a los que ya habían denunciado previamente, Gómez Alcorta entiende que “se requieren, sin lugar a dudas, reformas judiciales”. Habla en plural porque, esboza, son 24 los Poderes Judiciales que coexisten en las jurisdicciones argentinas. La articulación con las autoridades provinciales es, para ella, otro pilar clave en el abordaje.

“Hay que trabajar para remover todos los obstáculos que impiden a las mujeres el acceso, en condiciones de igualdad, a los cargos jerárquicos en los Poderes Judiciales y en el Ministerio Público. Porque los números son tremendos, en el fuero federal hay jurisdicciones donde no hay una sola jueza o fiscal mujer. Que haya mujeres no implica que haya perspectiva de género, pero es importante impulsar la paridad de género en todas las dependencias y organismos de la administración de justicia”, indica para LA NACION la funcionaria, quien agrega la necesidad de incluir a las diversidades en dichos ámbitos del Estado.

Establecer protocolos contra la violencia de género para las relaciones de trabajo en la Justicia y fortalecer aquellas áreas que ya funcionan en esas dependencias, son otras dos pautas que entiende como fundamentales para incluir en las reformas. “A veces solo mostramos lo que está mal, esa intervención de un juez, una jueza o un tribunal que dictan esas sentencias que te agarrás la cabeza. Pero no solo hay que pensarlo en clave de lo que se hace mal, sino también en trabajar con aquello que se hace bien, con aquellos que lo hacen con perspectiva de género, eso tiene un efecto que se replica”, añade.

En la Corte Suprema, una “negativa sistemática de no querer capacitarse” con la Ley Micaela

Parte de un gobierno que da muestras públicas constantes de disconformidad con el accionar del Poder Judicial, uno de sus blancos discursivos más frecuentes; Gómez Alcorta no ve bien “englobar” el grado de receptividad de la Justicia en cuanto a la incorporación de la perspectiva de género. Asume que hay espacios con los que trabajan “de manera coordinada”, pero admite: “Hay otros sectores donde sienten que cualquier propuesta que esté vinculada a reformar, donde se requieren modificaciones estructurales -sobre todo en ámbitos muy conservadores, que han sido históricamente muy reactivos a las intervenciones de las mujeres y ni hablar de las diversidades- hay alguna reacción más hacia cualquier cuestión vinculada a reformas y a contralor”.

Sin titubeos recuerda, como desde hace tiempo, que la Corte Suprema de Justicia es la única máxima autoridad del Estado que no recibió aún la capacitación en sensibilización por violencia y perspectiva de género a la que obliga la Ley Micaela: “Hacen alguna interpretación, que no queda del todo clara, como que estarían exentos de cumplir lo que dice la ley. Nosotros vamos a seguir insistiendo, centralmente porque mi obligación legal es capacitarlos. El día que termine mi gestión, cuando alguien me pregunte por qué no cumplí con lo que dice la ley, voy a poder decir que yo hice todo lo posible e insistí. Y, en todo caso, quien tendrá que dar explicaciones no voy a ser yo, ni interpretar la negativa sistemática de no querer capacitarse”.

Los ministros del máximo tribunal habían alegado, a través de un comunicado emitido en septiembre, que lideran desde el año 2010 la capacitación en perspectiva de género en el Poder Judicial, con un proyecto “inédito en el mundo” y reconocido por las Naciones Unidas. “En general es un poder muy corporativo, no de ahora, es constitutivo, es parte identitaria casi. El Derecho ha sido un ámbito en donde se refuerzan las desigualdades”, considera Gómez Alcorta.

Las últimas manifestaciones de mujeres destinadas a “interpelar a los Poderes Judiciales” son entendidas por la funcionaria como parte de los procesos que se requieren para dar esos cambios que, manifiesta, son centrales. “Algunas de las cuestiones que necesitamos para prevenir y para trabajar en la erradicación de las violencias requieren otros Poderes Judiciales, que no son las respuestas prototípicas estandarizadas que resuelvo dando una medida perimetral y desentendiéndome del asunto”, explica.

Dentro de dichos “pisos mínimos” que surgen como objetivo también implora contar con un sistema único de información -que genere alertas tempranas cuando exista alguna situación de alto riesgo y que funcione en el país entero-, tener en todas las provincias y municipios áreas de género con equipos especializados y trabajar sobre violencias que no sean solo las físicas.

Las políticas de cuidado, “clave en todas las desigualdades”

“En cómo está organizada la matriz de cuidados, quienes se encargan de atender a los que necesitan asistencia -primera infancia, adultos mayores, personas con discapacidad- somos las mujeres. Eso es lo que implica que carezcamos de tiempo para trabajar y tener autonomía económica para dedicarnos a la vida académica, política, sindical, a disfrutar. La asignación de ese rol es clave en todas las desigualdades que tenemos las mujeres”, manifiesta, además, en cuanto a ese segundo fin que perseguirán: las políticas de cuidado.

Según un informe elaborado en julio del año pasado por la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado, en la Argentina las mujeres realizan trabajo no remunerado como quehaceres domésticos, apoyo escolar y cuidado de personas 5,7 horas por día; mientras que los hombres le dedican, en promedio, solo dos horas.

En la pandemia “se agravaron y profundizaron las desigualdades”

Ante la alerta de las organizaciones por un supuesto recrudecimiento de los femicidios durante la pandemia de coronavirus -según La Casa del Encuentro hubo 213 femicidios desde el 20 de marzo al 31 de diciembre del año pasado y 50 durante enero y febrero de este año-, Gómez Alcorta aclara que aún no dispone de las cifras oficiales actualizadas de la Corte Suprema.

“Es probable que hayan aumentado”, dice, sin embargo. “Esas mismas casas que nos protegían del virus, para cientos de miles de mujeres eran un lugar de mayor inseguridad”, justifica. De acuerdo a La Casa del Encuentro, 70% de las mujeres víctimas entre enero y febrero fueron asesinadas en su hogar. La cifra fue de 60% para el período de aislamiento, el año pasado.

“El impacto que tuvo, tiene y seguirá teniendo la pandemia en relación con las mujeres es infinito. Se agravaron y profundizaron desigualdades. El impacto en el mercado laboral y sobre todo en el mercado informal, donde centralmente estamos las mujeres, es enorme. Cuanto menos independencia económica, más riesgos tenemos de que haya violencia”, comenta la ministra quien, de todas formas, señala que este fenómeno no ocurre solo en la Argentina, sino que “el aumento de las violencias en general es un patrón común”.

Agradece que el presidente de la Nación, Alberto Fernández, haya “puesto en la agenda política” el tema, porque dice que así logra jerarquizarlo. “Sabemos que es imposible en un año modificar pautas culturales en las que se anclan esos hechos, pero también nos obliga a correr el límite, a pensar que tenemos que trabajar sí o sí”, cierra Gómez Alcorta y aclara, sobre su cartera: “Todavía no tenemos sillas para todas”.

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