Gobernar por decreto. Durante la gestión de Fernández se dictaron más DNU que leyes sancionadas por el Congreso

Lenta pero sostenidamente, Alberto Fernández se encamina a ubicarse en el podio de los presidentes con más decretos de necesidad y urgencia (DNU) firmados durante sus mandatos. En efecto, en los 19 meses que va de gestión, Fernández dictó 102 DNU, un número que supera, incluso, la cantidad de leyes -97 en total- que aprobó el Congreso en el mismo período.

El Gobierno se ampara en la situación excepcional que impuso la pandemia para apelar al atajo de los DNU y legislar sin necesidad de recurrir al Congreso, donde los tiempos son más dilatados. Así lo sinceró días atrás la secretaria de Legal y Técnica, Vilma Ibarra. “El Congreso no está previsto para responder en épocas de pandemia”, alegó la funcionaria cuando justificó que el Gobierno haya desechado la vía legislativa y, en cambio, acudiera a un DNU para modificar la ley de vacunas, la llave para acordar con los laboratorios norteamericanos la provisión de dosis pediátricas contra el Covid-19.

Más que una justificación, la de Ibarra suena más a una excusa, acusa la oposición. Durante el último año y medio el Congreso logró mantenerse activo con sesiones y reuniones de comisión que celebra de manera periódica, por lo que la pandemia no es pretexto para semejante catarata de DNU, retrucan.

“La Justicia podía justificar excepciones, pero la excepción terminó sustituyendo al Parlamento con decretos emblemáticos que eran innecesarios. Como es el caso del DNU que modificó la ley de vacunas; si el Poder Ejecutivo hubiese enviado el proyecto al Congreso, lo habríamos aprobado por unanimidad en tiempo récord”, acicateó el jefe del interbloque de Juntos por el Cambio Mario Negri.

¿Obedeció sólo a una cuestión de premura la decisión del Gobierno de dictar aquel decreto? Está claro que no: en una oferta que no estuvo despojada de motivaciones electoralistas, Juntos por el Cambio le había propuesto al oficialismo aprobar por ley una nueva normativa que facilitara las negociaciones con el laboratorio Pfizer y otras firmas norteamericanas para la provisión de vacunas pediátricas contra el Covid-19. Los diputados oficialistas rechazaron la propuesta, lo que le costó una andanada de críticas en las redes sociales y un fuerte desgaste en los prolegómenos de la campaña electoral.

Esa misma noche, y para sorpresa de propios y ajenos, el Gobierno dictó el DNU, arrebatándole a Juntos por el Cambio la oportunidad de enrostrarle en el Congreso sus contramarchas para acordar con el laboratorio Pfizer. Pero la jugada no pareció dirigida sólo a la oposición: Máximo Kirchner, jefe del bloque de diputados del Frente de Todos, desnudó en la última sesión que el kirchnerismo más duro no comulga demasiado con la decisión del Gobierno de deponer las barreras legales para acordar con los laboratorios norteamericanos.

“Yo no quiero un país que sea juguete de las circunstancias o que tenga que ceder a los caprichos de los laboratorios extranjeros que, con muchísima mezquindad, buscan siempre doblarle el brazo al Gobierno y también a este Congreso, que votó una ley de vacunas como la que votó y no hubo un laboratorio ni europeo ni asiático que pusiera algún ‘pero’ a la hora de poder negociar con la Argentina”, arremetió el hijo de la vicepresidenta Cristina Kirchner en una velada crítica al Gobierno.

Aun así, pese a sus reparos, el kirchnerismo cerró filas con el Gobierno y aprobó el DNU de la discordia en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo la semana pasada. Negri le propuso al presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, cumplir con el siguiente paso y llevar el decreto para su debate al recinto de la Cámara de Diputados. Massa se comprometió consultarlo con el bloque que conduce Kirchner. El jefe del interbloque opositor todavía espera la respuesta, pero no guarda demasiadas expectativas. Difícilmente Kirchner acceda.

La “ley pandemia”, frenada en Diputados

Lo cierto es que, con más de un centenar de DNU dictados en lo que va de su mandato, Fernández sigue los pasos de Néstor Kirchner y de Eduardo Duhalde, los dos presidentes que más decretos emitieron durante sus respectivas gestiones.

El presidente Fernández podrá aducir a su favor que hace dos meses atrás envió al Congreso un proyecto de ley que le evitaría al Poder Ejecutivo la recurrencia sistemática a los DNU con disposiciones para afrontar la pandemia. La iniciativa fue aprobada por la mayoría oficialista del Senado en mayo pasado, pero desde entonces está frenada en la Cámara baja: allí la oposición se niega a debatirla por considerar que confiere “superpoderes” al Gobierno para impartir restricciones (como la suspensión de las clases presenciales) que vulneran las autonomías provinciales.

“El fin no justifica los medios: si bien la situación por la pandemia es preocupante y todos coincidimos en la necesidad de tomar medidas, eso no justifica que las medidas que se tomen sean ilegales o inconstitucionales. Lo recuerda la Corte Suprema en su fallo del 4 de junio pasado”, replica el diputado Pablo Tonelli, de Juntos por el Cambio.

Sin una ley aprobada por el Congreso, el Gobierno se ve obligado a continuar dictando decretos con las respectivas restricciones. Del centenar de DNU que se emitieron hasta ahora, más de la mitad está relacionados directa o indirectamente con la emergencia sanitaria generada por el Covid.

Buena parte de las medidas dictadas tienen como decreto madre el 260/20, que declaró la emergencia sanitaria. A partir de allí se sucedieron muchos más que, con similitudes o variantes en sus contenidos dispusieron, por caso, la prórroga de los períodos de cuarentena, el cierre de las fronteras, la prohibición de despidos y suspensiones, el congelamiento de alquileres y de las tarifas de los servicios públicos y la creación de planes de asistencia como el de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP), entre tantos otros.

En un primer momento, cuando estalló la pandemia, la oposición acompañó los decretos de emergencia del Gobierno. Pero a medida que extendía la cuarentena y, con ella, las medidas de excepción, decidió alzar su voz en contra.

“Las restricciones impartidas a partir del decreto 260 eran razonables cuando nos sorprendió la pandemia: estábamos en una situación novedosa y no había herramientas previstas en la legislación. Pero aquello que era razonable en el marco de la emergencia en marzo y abril 2020 ya después no lo fue: el Congreso volvió a sesionar y hoy se celebran sesiones de manera periódica, por lo que desapareció el fundamento para que el Poder Ejecutivo eche mano de una atribución excepcionalísima como son los DNU”, planteó Tonelli, de Juntos por el Cambio, en la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo.

De hecho, no todos los decretos tuvieron como fundamento la pandemia. Fue el caso de la intervención de la empresa Vicentin, fogoneada por el kirchnerismo, o el que declaró como servicios públicos a la telefonía, internet y televisión.

“El número de decretos dictados por el Gobierno supera largamente el de las leyes aprobadas por el Congreso. Los decretos de necesidad y urgencia, los decretos delegados y de promulgación parcial de leyes ya suman 154. Para peor, no han sido suficientemente fiscalizados por la Comisión Bicameral –enfatizó, por su parte, el radical Gustavo Menna-. El presidente va a pasar a la historia como el ‘presidente de los DNU’. Se ha naturalizado el legislar por decreto”.

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