Giro en la jurisprudencia | Al menos tres causas de peso podrían reactivarse tras el fallo por el ataque de Montoneros al comedor de la Policía Federal
La resolución renovó la expectativa en quienes impulsan otros expedientes contra los grupos armados y puso en alerta a querellantes de los juicios de lesa humanidad; los casos emblemáticos de Rucci, Viola y Larrabure
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La reapertura del expediente que investiga el ataque de 1976 de la organización Montoneros al comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, dispuesta por la Cámara Federal porteña el 19 de diciembre pasado, marcó un punto de quiebre en la jurisprudencia, que hasta entonces sólo catalogaba como imprescriptibles a los crímenes cometidos por la dictadura, desde el Estado.
La Sala I del tribunal, integrada por Mariano Llorens, Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, dictaminó que la voladura del comedor fue una grave violación a los derechos humanos, y que por ello el Estado tenía la obligación de continuar investigándola, más allá del tiempo transcurrido. Así, el fallo atizó el debate en torno a los crímenes cometidos en los años de inestabilidad democrática y renovó las expectativas de quienes reclaman el avance de causas similares. Abogados querellantes en causas de lesa humanidad denunciaron, en cambio, que a tono con el nuevo clima político se busca reinstalar la teoría de los dos demonios.
La resolución de la Cámara Federal, signada por la idea de que la violencia que bajaba desde los altos mandos militares no mitiga ni soslaya a la ejercida por la guerrilla, sentó un precedente para que los ataques perpetrados por organizaciones guerrilleras como Montoneros, que hasta ahora no fueron identificados como crímenes de lesa humanidad, sean vistos bajo una nueva luz.
El estado de al menos tres causas salientes que tramitan en distintos niveles de la Justicia doméstica e internacional podría verse alterado si se les aplicara el criterio de la resolución de la Cámara Federal, mientras que una “infinidad” de otros casos podrían judicializarse, según afirma Laura Olea, abogada de Justicia y Concordia, la organización que lideró el impulso para reabrir el expediente del ataque al comedor policial. “Abre las posibilidades porque cambia sustancialmente la visión que puede tener la Justicia”, señaló Olea a LA NACION.
El caso Rucci
La Cámara Federal ya había sentado un precedente en línea con el fallo emitido el 19 de diciembre pasado: en 2013 reabrió la causa que el juez federal Ariel Lijo cerró un año antes por el asesinato del sindicalista José Ignacio Rucci, mano derecha de Juan Domingo Perón, y le pidió al magistrado que profundizara la investigación.
El expediente, sin embargo, sigue inerte desde entonces, según aseguran quienes impulsan la causa, entre ellos Claudia Rucci, hija del exsecretario general de la CGT, designada como directora del Observatorio de Derechos Humanos del Senado de Argentina por la vicepresidenta Victoria Villarruel.
La investigación se inició el 25 de septiembre de 1973, dos días después del asesinato, en los albores de la tercera presidencia de un Perón inclinado hacia el centro del dial político, desafiado por organizaciones guerrilleras que buscaban reinterpretarlo desde la izquierda.
La causa, que sufrió varios vaivenes, se reactivó en 2008, treinta y cinco años después, tras la publicación del libro Operación Traviata, del periodista Ceferino Reato, que animó a los hijos del sindicalista a realizar una nueva presentación en la Justicia. Lijo, no obstante, rechazó la imprescriptibilidad del caso, al evitar catalogar al delito como de lesa humanidad. De hecho, apoyó su dictamen en un fallo de la Casación sobre la explosión en el comedor de la Superintendencia de la Policía Federal.
Afirmó, con todo, que distintos elementos daban cuenta de la posible participación de miembros de Montoneros, en detrimento de la hipótesis denominada “Triple A”, la cual le atribuía la autoría del atentado al grupo liderado por José López Rega.
La causa continúa abierta tras la decisión de la Cámara en 2013 y podría tomar otro color bajo el prisma jurídico que adoptó el 19 de diciembre el mismo tribunal, autoridad directa de los juzgados de primera instancia.
El caso Viola
Otro expediente en trámite que podría verse afectado por el criterio el fallo de la Cámara es el que investiga el asesinato de Humberto Viola, el capitán del Ejército que fue acribillado por dirigentes del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP) en diciembre de 1974, cuando se aprestaba a ingresar a su casa en Tucumán junto a su familia. Su hija María Cristina, de tres años, fue alcanzada por una bala y murió; María Fernanda, de cinco, que hoy impulsa la causa, recibió dos balazos que la dejaron gravemente herida.
Por el ataque fueron condenados Francisco Antonio Carrizo, José Martín Paz, Rubén Jesús Emperador y Fermín Ángel Núñez, pero en 1989 fueron indultados por el expresidente Carlos Menem. En 2008, Picón de Viola, madre de María Fernanda, presente el día ataque, pidió ser querellante y solicitó la nulidad del decreto además de la imprescriptibilidad del delito. El fiscal se opuso, al sostener que la investigación estaba zanjada, que los crímenes de lesa no podían extenderse desde el Estado hacia los grupos armados, y que el ataque no fue dirigido contra la población civil.
En este caso, Cámara Federal sostuvo que los condenados habían cumplido 20 años de pena, decisión que fue confirmada por la Casación, mientras que la Corte Suprema desestimó las quejas planteadas.
Ahora, el caso, ocurrido en democracia hace medio siglo, tramita en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La familia de Viola, con el auspicio del abogado Javier Vigo Leguizamón, insiste en que el hecho sea considerado como crimen de lesa humanidad, algo a lo que el gobierno de Alberto Fernández se opuso cuando la CIDH le corrió traslado luego de admitir formalmente el caso.
Ahora, la administración de Javier Milei, con una visión diametralmente opuesta a la del kirchnerismo en la materia, también debe expedirse ante la CIDH y podría cambiar ese criterio. “Queremos que la historia se cuente en forma completa. Hay víctimas de los dos lados y nosotros estuvimos silenciados muchos años”, dijo a LA NACION, en marzo de este año, la hija de Viola.
El caso Larrabure
Los nuevos vientos también podrían hacer virar el curso de otro caso emblemático: el de Arturo Larrabure, el coronel secuestrado y luego ahorcado por el ERP en agosto de 1975, luego de permanecer durante más de un año en cautiverio, entre Córdoba, donde fue raptado, y la ciudad de Rosario.
El expediente se encuentra en la Corte Suprema luego de que la defensa de Larrabure interpusiera un recurso extraordinario ante la negativa de la Cámara Federal de Rosario a considerar al crimen en los términos del fiscal Carlos Palacín, un magistrado rosarino que pidió que el hecho sea investigado como de lesa humanidad. Es impulsado por el hijo del coronel, una de los voces en el acto que organizó Victoria Villarruel en septiembre pasado, para homenajear a las “víctimas del terrorismo”.
La organización Justicia y Concordia pretende que este nuevo criterio se expanda y enlista otros casos que podrían judicializarse en este clima que inauguró la Cámara Federal, como el ataque de Montoneros al regimiento de Infantería de Monte 29, en octubre de 1975, en Formosa, que dejó bajas en ambos bandos; el frustrado asalto a la guarnición militar de Azul, en la provincia de Buenos Aires, en enero del 79; el asesinato del empresario Francisco Soldati en el marco de la llamada contraofensiva montonera, en noviembre de ese mismo año, a pocas cuadras del Obelisco; y el asesinato de Jorge Vicente Quiroga, en 1974, a manos de activistas del ERP en pleno centro porteño.
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