Gils Carbó no despejó las dudas de la oposición tras un duro interrogatorio
La procuradora defendió ante una comisión los proyectos de implementación del Código Procesal Penal
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, defendió ayer el paquete de proyectos de implementación de la reforma del Código Procesal Penal que analiza el Congreso y rechazó con énfasis las reiteradas imputaciones de los legisladores de la oposición sobre su supuesta subordinación al proyecto político del kirchnerismo.
"En todos los años que llevo en la Justicia jamás adopté una posición oficialista; si a alguien se le ocurre hacer una campaña sin fundamento con esa idea, eso no tiene nada que ver con la realidad", afirmó Gils Carbó en el que fue el momento más tenso de su exposición ante la comisión bicameral que debe analizar la implementación del nuevo código de rito en materia penal, sancionado el año pasado.
La funcionaria replicó así a una intervención de la diputada Patricia Bullrich (Pro-Capital), quien la acusó de manera velada de sostener una postura de "verticalidad funcional" con el Poder Ejecutivo.
Si bien respondió con solvencia ante el extenso interrogatorio al que la sometieron los legisladores, en particular los de la UCR, Gils Carbó no pudo desactivar de manera clara y tajante las dudas sobre la fuerte discrecionalidad para manejar el Ministerio Público Fiscal que le confiere el proyecto de ley orgánica de la Procuración redactado por la Casa Rosada, pero que fue presentado por los senadores kirchneristas.
Así, justificó las facultades para designar fiscales coordinadores y crear nuevas procuradurías especiales en la necesidad de crear "equipos multidisciplinarios que diseñen estrategias y protocolos" para mejorar el combate al delito organizado.
Cuando fue apremiada para que opinara si no sería mejor aplicar un sistema de concursos para la designación de esos funcionarios, la jefa de los fiscales tampoco desalentó las sospechas de discrecionalidad. "La mayor garantía la da el nuevo sistema, con audiencias públicas y donde los fiscales tienen plazos que cumplir", sostuvo.
En la defensa de su gestión, Gils Carbó también se reservó un párrafo para destacar el trabajo del fiscal Carlos Gonella, procesado por favorecer a Lázaro Báez en la causa por la que se investiga un supuesto lavado de dinero de la corrupción con obras públicas.
"Yo le dije a Gonella cuando lo designé: «Vas a ser el fiscal más perseguido», y así fue", replicó ante una consulta del senador Mario Cimadevilla (UCR-Chubut) sobre las causas por las cuales lo había designado.
En este caso, la funcionaria tampoco resultó muy convincente cuando la diputada Bullrich le preguntó por qué no aplicaba con Gonella la misma celeridad para iniciarle un jury disciplinario que aplicó con José María Campagnoli.
"Son casos muy diferentes", respondió, a pesar de que la legisladora le recordó que Gonella se encuentra procesado por la Justicia, mientras que Campagnoli no contaba con ninguna imputación ante los tribunales.
En su alocución inicial, Gils Carbó realizó una enfática defensa del nuevo Código Procesal Penal y el cambio del modelo inquisitivo por uno acusatorio, que les da la conducción de la investigación y del proceso a los fiscales, sancionado el año pasado.
"Hemos trabajado para dejar atrás el modelo del fiscal aislado por uno nuevo con especialización, mayor despliegue en el territorio y expansión de acceso a la Justicia", aseguró.
Nuevos cargos
Si bien dijo que no había participado en la redacción del proyecto que rediseña la Procuración, reconoció que el texto impulsado por los senadores oficialistas contempla todas las modificaciones introducidas en el organismo desde que fue designada al frente, hace más de dos años.
Así, dijo que no estaba de acuerdo con la cantidad de nuevos cargos que se crean con el nuevo código, más de 1600, y que no compartía que su cargo fuera vitalicio. Sin embargo, se negó a plantear una reducción en los cargos o a opinar sobre la posibilidad de que se limite a seis años el mandato del procurador.
Tampoco se mostró demasiado permeable a aceptar que la Auditoría General de la Nación (AGN) intervenga como órgano de contralor de la Procuración. "El control del Ministerio Público es legislativo y es el Poder Legislativo el que tiene que decidir", aseguró cuando el senador Ángel Rozas le planteó la posibilidad de ampliar los controles del organismo.
Antes de Gils Carbó expuso la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, quien apoyó el proyecto de ley orgánica del organismo a su cargo, otra de las cinco iniciativas que integran el paquete legislativo de implementación del nuevo Código Procesal Penal.
"Para que el sistema sea realmente acusatorio tiene que haber una clara definición de roles entre el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la defensa", destacó.
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