Gils Carbó designó a dos empleados en el juzgado que no investigó a Báez
Los nombramientos se hicieron sin autorización ni conocimiento de la Cámara Federal que debía encargarse; la Procuración sostiene que no hay ningún delito
LA NACIONHugo Alconada Mon
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, designó dos empleados en el Juzgado Federal de Bahía Blanca, donde se demoró la investigación sobre el uso intensivo de facturas truchas por Lázaro Báez. Lo hizo sin consultar con la Cámara Federal de Bahía Blanca, pasando por encima de la frontera entre Poder Judicial y Ministerio Público, lo que podría configurar el delito de abuso de autoridad, además de generar un potencial conflicto de intereses, según surge de documentos oficiales que recopiló y analizó LA NACION.
La designación de los empleados Victoria Fraga y Leandro Massari se concretó el 24 de julio de 2015, pero la información salió a la luz ahora, al tiempo que el fiscal federal de esa ciudad, Antonio Castaño, acusó a Báez y empresarios locales de montar una asociación ilícita fiscal, con "la connivencia" de funcionarios de la AFIP y con Bahía Blanca como "punto estratégico del entramado".
El desembarco de ambos se produjo a pedido del juez federal de Dolores, Alejo Ramos Padilla, quien arribó como subrogante a Bahía Blanca tras la salida de su antecesor, Santiago Ulpiano Martínez, quien había dado un claro empuje a la pesquisa local sobre Báez y las facturas truchas.
Desde su arribo, Ramos Padilla dio impulsó las causas sobre violaciones a los derechos humanos y ordenó el juzgado, pero la investigación sobre Báez languideció mientras un ex secretario del tribunal dio a entender que la paralizó a propósito. Ramos Padilla le requirió a Gils Carbó la "adscripción" de ambos empleados, a lo cual accedió la procuradora, mediante la resolución 2287/15, basada en el Régimen General de Adscripciones.
Ante la consulta de LA NACION, en la Procuración defendieron la legalidad de esas adscripciones. Plantearon que las solicitó Ramos Padilla y recibió el aval posterior del Consejo de la Magistratura, "lo que constituye un dato de relevancia clave". Más aún, indicaron que el artículo 253 del Código Penal -que sanciona la designación de funcionarios sin concurrir los requisitos legales-, "en nada podría resultar aplicable a un caso como éste".
Sin embargo, el Régimen General de Adscripciones establece en su artículo 3° que esos nombramientos sólo pueden concretarse mediante una "resolución propia o conjunta de las autoridades de cada jurisdicción". Debió autorizarla la Cámara Federal de Bahía Blanca, que retiene las facultades de Superintendencia, ya que el Consejo no era ni es la autoridad competente para eso.
Esa autorización de la Cámara, sin embargo, jamás ocurrió, lo que contradijo el artículo 118 del Reglamento de la Justicia Nacional. Más aún, la Cámara le requirió información sobre sus empleados al juez Ramos Padilla, quien nunca respondió, lo que provocó la reacción de la Cámara.
"En atención a que el juez subrogante [...] ignora los requerimientos del tribunal al dejarlos sin respuesta o dar respuestas parciales, las irregularidades (omisión de enviar pedidos de licencia a la Cámara, existencia de personas desconocidas trabajando en el Juzgado y nombramiento irregular de al menos un secretario proveniente además de un organismo distinto) resultan prima facie acreditadas", planteó la Cámara, que en agosto del año pasado informó lo que ocurría a la Corte Suprema.
Diez meses después -tras las salida del kirchnerismo de la Casa Rosada-, un testimonio aportó más luz. Un ex secretario desplazado del juzgado, Mario Fernández Moreno, detalló que "lo primero" que hizo Ramos Padilla al asumir la subrogancia fue reunirse con el abogado de dos de los empresarios emisores de facturas truchas para Báez y revisar la causa que había motorizado su antecesor.
La versión de Ramos Padilla es muy distinta. Le informó al Consejo de la Magistratura que actuó con celeridad para resolver la situación de los detenidos, la droga incautada y cientos de expedientes para sentencia. Es decir, las "necesidades urgentes" del juzgado, que el Consejo al designarlo había calificado como una "«situación endémica» de atrasos y deficiente prestación del servicio de Justicia". Ramos Padilla criticó los reclamos de superintendencia de la Cámara de Bahía Blanca: "No puedo estar atendiendo reclamos improcedentes vinculados a la organización y ubicación del mobiliario y los escritorios que usaran cada uno del personal, o del personal".
Ante la consulta de LA NACION, la Procuración también se desligó de los reclamos de la Cámara de Bahía Blanca. "La tensión permanente por cuestiones de superintendencia entre jueces, Cámaras, Corte y Consejo de la Magistratura es un tema todavía no zanjado -replicaron-, que no concierne en absoluto a la Procuración."
La Cámara Federal ve otro panorama. Al punto que el 18 de este mes radicó una denuncia penal por el choque, destrucción y abandono de un Renault Megane del Juzgado mientras subrogaba Ramos Padilla -quien volvió a su Juzgado de Dolores el 31 de diciembre-, que tampoco le informó a la Cámara lo ocurrido con ese vehículo. Uno de los ocupantes era Massari, uno de los dos adscriptos autorizados por la Procuración.
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