Gils Carbó, con más poder y, también, un fuerte aumento presupuestario

En 2015, la jefa de los fiscales, una firme aliada del Gobierno, contará con $ 2671 millones, 41% más que en 2013; las subas en la administración pública fueron en promedio de 13,2%

3 de noviembre de 2014

Actualizado el 18 de julio de 2020

La jefa de los fiscales, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó , no sólo gozará de un mayor poder político una vez que el Congreso sancione la reforma del Código Procesal Penal que impulsa la Casa Rosada. Merced a su cercanía con el gobierno nacional, obtuvo para el año próximo un aumento presupuestario de casi el 41 por ciento para su área, porcentaje muy superior al 13,2% de suba promedio prevista para la administración pública en 2015.

En efecto, según datos oficiales del Ministerio de Economía, la Procuración General de la Nación cuenta con un presupuesto actualizado de 1896 millones de pesos, que trepará a 2671 millones en 2015. Esto implica una suba del 40,8% en menos de un año.

Este importante refuerzo presupuestario va de la mano de la fortaleza política de la que la presidenta Cristina Kirchner quiere dotar al organismo que agrupa a los fiscales federales y nacionales con su proyecto de reforma del Código Procesal Penal. Con la designación de Gils Carbó, en agosto de 2012, la Presidenta se aseguró una aliada en aquella área estratégica, fidelidad que supo recompensar bien: en tres años (2012-2015), el Ministerio Público Fiscal recibió un aumento presupuestario del 146% y engrosó su plantel de personal de 4204 a 4888 agentes.

Sin embargo, esta dotación podría incrementarse aún más con la sanción del nuevo Código Procesal Penal, que prevé la creación de 17 nuevas fiscalías generales en todo el país. Esta posibilidad puso en alerta a la oposición, que teme que el oficialismo elija fiscales afines que les garanticen impunidad a los funcionarios kirchneristas cuando finalice el mandato de la Presidenta. Todo esto dentro de un contexto en el que los fiscales ejercerán un mayor poder, pues de acuerdo con la reforma del código serán los fiscales -ya no los jueces- los que decidirán la investigación o no de un delito.

Si bien la oposición coincide con la propuesta de modificar el procedimiento en las investigaciones penales, desde que asomó la polémica en torno al nuevo código de procedimientos advirtió de manera insistente en que debería ejercerse algún tipo de control sobre el Ministerio Público Fiscal.

Sin controles

"Hoy no existe ningún control. La ley de Ministerio Público previó la creación de una Comisión Bicameral del Congreso al que este organismo debía rendir cuentas, pero desde que se sancionó la norma en 1998 este cuerpo nunca se creó. Por lo tanto, hoy nadie controla ni el presupuesto ni la gestión de Gils Carbó, ni el Congreso, ni la Auditoría General de la Nación, ni la Sigen, ya que se trata de un órgano extrapoder", explicó el ex diputado radical Ricardo Gil Lavedra.

A su vez, el presidente de la Auditoría General de la Nación (AGN) confirmó que nunca se pudo auditar a la Procuración General de la Nación. "Tenemos un convenio con la Defensoría General, que renovaremos en poco tiempo más, al igual que con la Corte Suprema. Esperamos poder extenderlo a la Procuración, como también al Consejo de la Magistratura", indicó a LA NACION Leandro Despouy.

Mientras tanto, la oposición pugna por la creación de la Comisión Bicameral, pendiente desde hace más de 16 años. No sólo para controlar la acción del Ministerio Público; algunos proyectos proponen además que el Congreso de la Nación se erija en un actor definitorio en la designación de sus integrantes, para evitar en esa área clave de la Justicia la discrecionalidad del Poder Ejecutivo.

"La ley actual establece que son el procurador y el defensor los que deben elevar una terna al Poder Ejecutivo. Si bien ésta debe ser elaborada sobre la base de concursos públicos de oposición y antecedentes, la última palabra les corresponde a esos dos funcionarios, designados directamente por el Poder Ejecutivo", esgrimió la diputada nacional Elisa Carrió (Coalición Cívica).

Justamente, la cercanía de Gils Carbó con el kirchnerismo y sus acciones en consecuencia fueron motivo de duras críticas por parte de la oposición. Diputados de distintos bloques presentaron, incluso, pedidos de juicio político contra la procuradora por haber vulnerado, a su juicio, la independencia que debe entrañar el Ministerio Público.

Los diputados Margarita Stolbizer (GEN), Carrió y Pablo Tonelli (Pro) acusaron a la procuradora general de la Nación por mal desempeño en sus funciones, entre otras cosas, por haber designado fiscales subrogantes y fiscales ad hoc de modo directo y sin acuerdo del Senado.

Entre estos últimos figura Carlos Gonella, actual titular de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), una fiscalía especializada en lavado de dinero que creó Gils Carbó.

Fue justamente Gonella quien, aprovechando un pedido de licencia del fiscal federal Guillermo Marijuan, tomó intervención en una causa contra Lázaro Báez, empresario sospechado de ser socio y testaferro del matrimonio Kirchner.

"Esta intervención tuvo por efecto beneficiar a Báez, a su hijo Martín y al ministro de Planificación, Julio De Vido, a fin de excluirlos de imputaciones iniciales por lavado de dinero", esgrimió Tonelli.

Los pedidos de enjuiciamiento contra Gils Carbó están olvidados en un cajón de la Comisión de Juicio Político de la Cámara baja, dominada por el kirchnerismo. Habrá que ver si corren la misma suerte después de las elecciones presidenciales de 2015.

La procuradora va por más

"Vamos por todo". La procuradora general Alejandra Gils Carbó quiere hacer realidad aquella polémica frase de Cristina Kirchner, al menos en el ámbito del Poder Judicial. Así, el Senado se apresta a darle acuerdo antes de fin de año a casi una veintena de fiscales que responden a la funcionaria y que militan en la agrupación kirchnerista Justicia Legítima. Media docena ya obtuvo su nombramiento y una decena más esperan su turno antes de fin de año.
Pero va por más. En el mundo judicial es un secreto a voces que Gils Carbó viene "infiltrando" afiliados afines a Justicia Legítima en la Asociación de Magistrados para tratar de alzarse con la presidencia de la entidad, que elige autoridades el 27 de noviembre. La candidata de la procuradora es la jueza Gabriela Vázquez, que ya fracasó en 2012 en su intento de presidir la asociación. Ahora, la postulante cuenta con al menos 30 votos nuevos aportados por Gils Carbó.